A pesar de la existencia de varios argumentos técnicos a favor de una meta de inflación más alta para el caso brasileño, y de las presiones del presidente Lula para revisar al alza esta meta, el Consejo Monetario Nacional (CMN) optó, en junio de 2023, por reafirmar la meta numérica de 3 % anual a 2024, definido a mediados de 2021, e indicó que Brasil adoptaría el sistema de metas de inflación continua a partir de 2025.

Tan solo un año después, en junio de 2024, se publicó el Decreto N° 12.079, que define con mayor detalle cómo funcionará este nuevo sistema. En efecto, a partir del próximo año, el cálculo del cumplimiento de las metas de inflación ya no tomará en cuenta el año calendario, sino los desvíos de la inflación acumulada en 12 meses respecto de las metas que se observen consecutivamente durante 6 meses. Estas desviaciones se calcularán teniendo en cuenta el rango meta, que actualmente incluye una fluctuación de la inflación de +/-1,5 puntos porcentuales en comparación con la meta central.

Otra novedad del decreto fue la definición de que el objetivo y los intervalos deberán ser estipulados por el CMN con al menos 36 meses de antelación para su aplicación. Además de proporcionar una mayor previsibilidad a los agentes económicos, esto también está en línea con las estimaciones más recientes del Banco Central de Brasil con respecto a los rezagos en la acción de política monetaria: en la inflación de servicios, los efectos máximos de los shocks monetarios en Brasil tienden a ocurrir sólo 9 a 11 trimestres después del shock (como se muestra en uno de los recuadros de la edición más reciente del Informe Trimestral de Inflación).

Si la inflación se desvía del rango meta durante 6 meses, el BCB dará a conocer públicamente los motivos del incumplimiento a través de una nota en el Informe de Política Monetaria (nuevo nombre del Informe Trimestral de Inflación) y una carta abierta al Ministro de Hacienda, que debería contener: i) descripción detallada de las causas del incumplimiento; ii) las medidas necesarias para asegurar el retorno de la inflación a los límites establecidos; y iii) el plazo previsto para que las medidas entren en vigor.

Este cambio fue interpretado por la mayoría de los analistas como un importante avance institucional en el sistema brasileño de metas de inflación, que recientemente completó 25 años. De hecho, este nuevo sistema proporciona una mayor flexibilidad para la ejecución de la política monetaria, algo que parece ser cada vez más necesario en un mundo en el que el cambio climático parece generar shocks de oferta desfavorables más frecuentes e intensos para los países.

Además, esta mayor flexibilidad también permite al BCB gestionar mejor el cumplimiento de sus dos objetivos, que pueden resultar contradictorios en el corto plazo: la “estabilidad de precios” (objetivos de inflación) y “suavizar las fluctuaciones en el nivel de actividad económica y fomentar el pleno empleo”.

Vale recordar que este segundo objetivo, que es secundario, fue introducido en 2021, en el ámbito de la Ley Complementaria N° 179, que otorgó mayor autonomía operativa a la autoridad monetaria, cambios que también representaron un importante avance institucional.

Getty Images

Todos los cambios enumerados son bienvenidos, al igual que algunos otros, como una mayor transparencia en la política monetaria (ver la frecuente divulgación de detalles de los principales modelos de pronóstico de inflación, así como estimaciones de variables no observables), el fin de las reuniones cerradas con los participantes del mercado y la mejora del sistema Focus de recogida de expectativas del mercado financiero (al que próximamente se sumará Firmus, con expectativas del “sector real”).

Sin embargo, todavía queda mucho por mejorar. Se ha discutido mucho sobre la propuesta de enmienda constitucional que otorgaría autonomía financiera al BCB (PEC 65/2023), pero, en mi opinión, hay varios otros puntos que deberían abordarse antes o junto con esta propuesta. Después de todo, una mayor libertad debe ir acompañada de una mayor responsabilidad y rendición de cuentas.

Por ejemplo: a pesar del objetivo secundario introducido en 2021, el BCB sigue sin revelar sus proyecciones para la brecha de producción, algo que sería necesario para evaluar el cumplimiento por parte de la autoridad monetaria del “mandato de luz dual”. Aún en esta cuestión del mandato dual, sería importante que el BCB explicara también, en el Informe de Política Monetaria, las razones detrás de la desviación del PIB efectivo y/o de la tasa de desempleo respecto de los niveles potenciales de estas variables.

De hecho, no está de más recordar que, como otras políticas públicas, la política monetaria también debe estar sujeta a una evaluación constante, incluso por sus interacciones con la economía.

- Braulio Borges es Investigador asociado de FGV IBRE y economista de LCA. Publicado en Cojuntura Economica.