Seguimos hoy con el desarrollo del tema planteado en las dos columnas anteriores. Vimos en ellas el diagnóstico de la mediocre situación en la que estamos en materia de crecimiento económico y que tenemos que crecer más de lo que lo hacemos, para generar los recursos que nos permitan financiar mejores políticas públicas que nuestra sociedad reclama.

Lo primero que tenemos que entender es que nuestra propia historia nos enseña el buen camino. Hace algo más de 100 años compartíamos con Argentina el top 10 de los países del mundo según el ingreso per cápita. Para comprender nuestro deterioro relativo, basta con comparar la evolución de esa variable con las de otros países desde entonces. O, en décadas más recientes, la evolución del Índice de Desarrollo Humano con los de otros países. Lo de Argentina en los últimos 100 años fue nefasto, como dejó en claro Milei en el reciente proceso electoral, pero lo de Uruguay no es maravilloso ni mucho menos.

Para divorciarnos del éxito hicimos malas políticas: exacerbación del sector público y cierre de la economía al comercio mundial mediante la desastrosa política de sustitución de importaciones, de la que el Mercosur es una muestra actual, a escala regional. Pero tiempo después retomamos el camino correcto, primero con el ministro Végh Villegas a mediados de los ´70 y luego en los ´90. Esas reformas dieron lugar a que se duplicara la tasa de crecimiento a largo plazo, pero con ello no alcanza: el doble de poco es poco. Tenemos que crecer bastante más todavía.

¿Cuál fue el aporte de Végh, el gran reformador del Uruguay moderno? Casi no dejó área sin tocar: apertura comercial, apertura financiera, modernización del sistema tributario con el mejor impuesto, el IVA, como centro del sistema. No se metió con el Estado: los militares ostentaban el mismo ADN que los denostados políticos y que la sociedad. Todas sus reformas se mantienen vivitas y coleando hasta el día de hoy, a pesar de los adjetivos.

¿Y los ´90? Trajeron el final de la inflación crónica, mediante un plan gradual de estabilización, cuya piedra angular fue un ajuste fiscal de ocho puntos del PIB entre 1990 y 1991 (a propósito, el de Milei apunta a cinco puntos del PIB); el final del financiamiento monetario del déficit fiscal; la reforma del sistema previsional; la reforma portuaria; desmonopolizaciones en seguros, alcoholes y créditos hipotecarios; y competencia en telefonía móvil.

Ese es el camino, ya lo hemos transitado y debemos retomarlo. Y el resultado, de recorrerlo, debe ser la obtención de más recursos para poder atender la genuina demanda de políticas públicas (pobreza, enseñanza, salud, vivienda, primera infancia, seguridad ciudadana) por parte de una sociedad que las valora especialmente y cuyo modelo de convivencia las requiere. Donde desde tiempo inmemorial existe una red de protección social que, por ejemplo, resultó clave en la gestión de la pandemia. Si no se obtienen aquellos recursos, habrá demandas que quedarán insatisfechas y/o habrá que hacer periódicos ajustes fiscales subiendo impuestos y/o habrá que volver a reestructurar la deuda como lo hemos hecho cada tanto tiempo. Por todo esto hemos pasado.

Esos recursos que se necesitan no deberían venir de aumentos impositivos. Al menos, mientras no se agoten fehacientemente otras fuentes de recursos: una mejoría fiscal permanente basada en reformas estructurales, como es el caso del ámbito de la seguridad social (la de este período quedó “aguada”, Lacalle Pou dixit) o el del Estado, donde los sucesivos gobiernos han aumentado ministerios, oficinas y cargos políticos y no han reducido la cantidad de funcionarios o, más precisamente, de vínculos funcionales con el sector público. También incluyo como posible fuente “genuina” de recursos adicionales, a la revisión de los incentivos a la inversión, que, siguiendo las tendencias globales, tienen los días contados, además de generar inequidades horizontales entre las empresas.

Pero el camino más eficiente y conveniente para obtener mayores recursos consiste en buscar que vuelva a aumentar significativamente la tasa de crecimiento de la economía a largo plazo, del actual dos y pico por ciento (hay diferentes visiones sobre el pico) a un tres y pico, al menos un punto más que ahora. Esto daría lugar a una generación genuina de los recursos que se necesitan para satisfacer la referida demanda por políticas públicas.

Por otro lado, un mayor crecimiento de la economía permitiría acceder a un mayor crecimiento de la masa salarial, ya que el PIB y la masa tienden a evolucionar juntos. Y ese mayor crecimiento de la masa salarial permitiría, al mismo tiempo, el continuado crecimiento de sus dos componentes, el salario real y el empleo. Y esto resulta clave para enfrentar la pobreza.

Para ello se requieren reformas que aumenten la productividad, reformas pro crecimiento, pro inversión (genuina, no subsidiada) y pro exportación. Y también pro inclusión social.

Para aumentar la productividad de la economía se requiere más inversión física y en capital humano, pero esta última lleva tiempo. Y la inversión física debe ser convocada no mediante subsidios (las exoneraciones tributarias y los regímenes especiales lo son, relativamente a la regla general) sino genuinamente, por ofrecerse reglas de juego buenas y estables.

Reformas que motiven a los uruguayos talentosos a quedarse y no a emigrar. Y que permitan que el país siga convocando a inmigrantes y que les dé mejores oportunidades, acordes a la calificación que muchas veces tienen, subutilizada.

En dos semanas, en la cuarta y penúltima columna de esta serie, entraremos en las diez estrategias para ir a un “Uruguay posible”.