Javier de Haedo

Junto con la información que habitualmente divulga sobre el IPC en el tercer día hábil de cada mes, el INE informó en enero, por primera vez, sobre la “inflación subyacente” de diciembre. En ese mes, el IPC bajó 0,26%, mientras que el indicador subyacente o con exclusiones, cayó 0,37%. Esas exclusiones son las frutas y las verduras y los combustibles, cuyos precios son notoriamente volátiles, los primeros por tratarse de mercados casi cerrados a la competencia del exterior y el último, precisamente, por lo contrario, o sea por reflejar mes a mes la variabilidad elevada de sus precios internacionales.

Se trata de un progreso del INE en la difusión de indicadores económicos, que, en este caso, está en línea con lo que es habitual en otros países, cuando los institutos de estadísticas difunden al mismo tiempo los indicadores de las variaciones en el nivel general de precios al consumidor y un indicador que excluye rubros de alimentos y energía. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en 2022 el IPC subió 6,5% mientras que el indicador subyacente aumentó 5,7%. Y en Brasil, el nivel general de precios subió 5,8% pero el indicador de inflación subyacente aumentó 8,3%. En este caso, rebajas dispuestas antes de las elecciones en los precios de los combustibles (por reducciones en los impuestos que los gravan) explican el sentido y la magnitud de semejante diferencia.

En nuestro país recién se cuenta con la primera estimación oficial de inflación subyacente para un solo mes, por lo que no existe un dato oficial al respecto para 2022. Sin embargo, varios economistas hacemos desde hace tiempo nuestros propios cálculos en ese sentido. En mi caso, la inflación subyacente de 2022 fue de 8,0% frente a la inflación lisa y llana de 8,3%.

Hay un tema que es inevitable referir en esta materia y se trata de la incidencia del famoso factor “UTE premia” en el IPC de diciembre y enero, que incide a la baja primero y al alza después, con un efecto neto nulo en el bimestre. Factor que en diciembre tuvo una incidencia de cinco décimas y que se ha reducido casi a la mitad en los últimos tres años. Este factor introduce artificialmente estacionalidad en el IPC, que amplifica la propia de los meses de enero que reúne numerosos ajustes anuales y semestrales de precios y salarios.

Conceptualmente hace bien el INE en no excluir a la electricidad a los efectos del cálculo subyacente: su precio ha abandonado la volatilidad que tenía en tiempos de dominancia de las fuentes térmicas de energía, cuando necesariamente debía ser excluido para estimar la evolución del “núcleo duro” de los precios minoristas. Sin embargo, rechina el impacto de este factor en el dato de diciembre y lo hará en el de enero, con el signo contrario. En suma, la inflación subyacente de diciembre, ajustada por la incidencia de “UTE premia” fue positiva en una décima y no negativa en cuatro. Hace bien el gobierno en reducir paulatinamente el peso de este invento de hace más de 10 años y haría bien en terminar con él.

Pero lo de la inflación subyacente no se trata del único caso en el que los economistas ajustamos definiciones a efectos de que los números nos den mejores explicaciones sobre la realidad. Otro caso es el del resultado fiscal “estructural”, que desde hace años estima el MEF y que desde este gobierno forma parte de la regla fiscal inaugurada en 2020.

El resultado estructural difiere del observado en dos conceptos. Uno, los factores extraordinarios, no recurrentes, que puedan incidir en las finanzas públicas. Otro, el ciclo económico.

Entre los factores extraordinarios, podemos citar dos ejemplos bien notorios. Primero, el tratamiento fiscal de las transferencias realizadas por las AFAP al BPS debido a la decisión de trabajadores “cincuentones” de cambiar de régimen previsional. Estas transferencias se iniciaron en octubre de 2018 y a noviembre de 2022 acumulaban algo más de US$ 2.200 millones (incluidos los intereses generados por esos fondos). Notoriamente, esos ingresos deben ser excluidos del resultado fiscal observado y de hecho el MEF informa mensualmente el resultado fiscal con y sin el “efecto cincuentones”. Segundo, el llamado “efecto COVID”. En este caso, el gobierno hizo bien en separar las cuentas de los ingresos y egresos extraordinarios vinculados con la pandemia. También en este caso el MEF informa mensualmente los montos involucrados, que implican un gasto neto que alcanzó a 1,7% del PIB en 2021 y viene reduciéndose (0,6% del PIB a noviembre pasado).

En el caso del ciclo económico, se trata de estimar la distancia entre el PIB observado y el de la tendencia. En una recesión, el primero resulta inferior al segundo y eso, por ejemplo, da lugar a menos recaudación que “la normal”. Lo contrario ocurre durante fases de alto crecimiento económico.

Un tercer caso de definición de indicadores alternativos o parciales para obtener mejor información es el de la actividad económica industrial. En este caso, el consenso de los colegas excluye a tres ramas atípicas, por diversas razones, en nuestra industria: la refinería de petróleo, las plantas de celulosa y la de producción de jarabes también en zona franca.

Evidentemente, esas exclusiones deben trasladarse al PIB a la hora de analizar sus datos. Pero no sólo ellas, sino también la producción de electricidad, que sigue dependiendo de la capacidad de generación de las represas, así como algunas actividades de trading sobre las que se ha informado bastante menos de lo que han incidido recientemente. Sería conveniente que se pudiera contar con un “PIB subyacente” que fuera más representativo de la evolución del empleo y de la recaudación impositiva.