No ha habido presentación o reunión con clientes en las últimas semanas que no me hayan preguntado sobre el plebiscito de reforma constitucional en Seguridad Social, las consecuencias económicas de ser aprobado e incluso sus dimensiones políticas. Todo indica que las propuestas, plataformas electorales y programas de gobierno de todos los partidos y (pre)candidatos, cualquiera sea el cargo a que aspiren, estarán marcados por sus posiciones al respecto y el resultado de la convocatoria.

Mucho se ha escrito sobre las perspectivas jurídicas y económicas del tema, pero poco sobre sus aristas políticas y nada sobre la estrategia que debieran seguir referentes de diversos ámbitos para plantear su oposición al tema.

En lo esencial, este plebiscito promueve irresponsablemente reformar la Constitución para topear la edad de jubilación a los 60 años de edad y 30 de servicios, elevar e igualar las menores pasividades al piso del Salario Mínimo Nacional y eliminar el ahorro previsional individual y el sistema de capitalización asociado (AFAP), entre otros contenidos.

No debe dejar de mencionarse, por cierto, el engendro y caos jurídico que implicaría en este sentido una reforma constitucional en vez de meras leyes, la confiscación de los ahorros de los afiliados, la licuación del patrimonio de las administradoras, las consiguientes demandas contra el Estado y los riesgos latentes de extender la prohibición del lucro a otros rubros económicos, entre otras graves connotaciones.

Por supuesto, también es muy importante señalar las graves consecuencias económicas de su aprobación. Generaría a la larga gran presión de gasto público, riesgos de insostenibilidad fiscal, necesidad de aumentos significativos de la carga tributaria y un círculo vicioso difícil de calibrar en todas sus dimensiones. Porque habría una segunda ronda de efectos negativos en términos de mayor riesgo país, menor inversión en capital físico/humano y baja del crecimiento potencial, con todas las consecuencias sociales y políticas que ello traería. Ya Argentina evidenció los resultados de políticas similares en los últimos 15 años.

Pero, en definitiva, en lo básico y esencial, en la superficie y en el fondo, este plebiscito está cruzado por razones políticas.

Por lo tanto, más allá de la oposición jurídica y económica por sus perversas consecuencias para las perspectivas de Uruguay, la campaña en contra debe estar liderada por “la política”.

Primero y fundamental será papel del presidente de la República. Este plebiscito no sólo está en las antípodas de la reforma de la seguridad social que lideró y firmó, sino que Luis Lacalle Pou tiene la responsabilidad hoy de una política de Estado que Uruguay desarrolló durante las últimas décadas. Tiene un alto capital político que deberá volver a arriesgar al igual que con “la libertad responsable” y el referéndum de la Ley de Urgente Consideración. No es para usarlo en lo inmediato, sino para dosificarlo e ingresar muy selectivamente en etapas posteriores de la campaña electoral.

Segundo, de modo similar, será la responsabilidad de los (pre) candidatos presidenciales. Pero, además, no sólo sus programas de gobierno no podrán cumplirse si son electos, sino que la mayoría de las políticas deben reorientarse para abordar las consecuencias de la aprobación del plebiscito.

Tercero, en el interior del país, son los líderes departamentales, diputados e intendentes, los llamados a persuadir a los electores sobre las consecuencias negativas. Es bien conocida la mayor conexión que aún subsiste en muchos departamentos entre los representantes locales y la ciudadanía.

Cuarto, una condición necesaria para el éxito del plebiscito es que en Montevideo supere largamente el 50% de aprobación debido a las dificultades para que se acerque a ese umbral en el resto del país. Siendo así, los liderazgos políticos de centro y centroizquierda, mayoritariamente opuestos a la convocatoria, deben apuntar a esos segmentos ciudadanos.

Por supuesto que —en ambas zonas geográficas— el rol de los partidos y sus sectores serán fundamentales por la importancia del “ensobrado” de la papeleta, junto a las listas respectivas.

Quinto, en la frontera técnica-política, son esenciales los líderes económicos y aspirantes a ministros en las áreas respectivas de los presidenciables. Más que sus propuestas, debemos reclamarles campañas en contra y apoyo en el tema a sus sectores políticos.

En esa frontera un rol clave debería tenerlo Rodolfo Saldain. Ha sido el alma máter del diseño y la implementación del sistema uruguayo de seguridad social de los últimos 40 años. Nadie mejor para defender eso y los cambios propiciados en la última reforma. Tiene legitimidad transversal y mucha credibilidad.

Ahí se juega el partido. No se juega en el clivaje capital versus trabajo, ni empresarios versus trabajadores, ni cámaras empresariales versus PIT-CNT, ni instituciones más ligadas al sistema de reparto versus aquellas vinculadas a la capitalización individual. Los técnicos legales y económicos pueden aportar insumos, pero la responsabilidad es política.

Porque, junto con el intento de destruir el sistema de capitalización individual y retornar mayoritariamente a un sistema de reparto colapsado como el vigente hasta 1995, este plebiscito anida ciertas batallas por cuotas de poder.

Porque, más allá de su resultado, los movimientos sociales, sindicales y sobre todo los partidos políticos que lo respaldan, buscan probablemente reflejar una representación mayor a la asociada en las elecciones legislativas. Con eso, podrían quedar mejor posicionados —con “mayor poder” — para enfrentar y negociar toda futura reforma y política que el próximo gobierno pretenda concretar y vaya contra sus intereses. Esa es una batalla política y por tanto, la deben dar esencialmente los políticos.