Entrando en la recta final de nuestro máximo evento que es la elección de un nuevo gobierno, el plebiscito sobre la seguridad social se ha coladocomo un elemento espurio que disloca los verdaderos debates que el país necesita.

Mucho se ha escrito ya sobre el tema, pero nunca está demás insistir sobre sus enormes perjuicios, para el caso de ser aprobado. Perjuicios que van desde la introducción con rango constitucional de parámetros ligados a un sistema de protección social, como edad de retiros ligados a la dinámica demográfica de la sociedad que es cambiante a lo largo del tiempo gracias a los cambios tecnológicos y los avances médicos. Es esclerosar en la piedra constitucional un tema dinámico que, al final del día, deteriora la calidad institucional que el país fue creando sin pausa desde 1830.

El cambio del régimen actual de los fondos de pensión bajo una forma de expropiación amparada por rango constitucional es otro extravío mayúsculo, apuntalado por un tema meramente ideológico, donde entienden que un sistema de reparto simple intergeneracional es la mejor alternativa. No recordando cómo llegamos al diseño actual que justamente fue creado para eliminar las taras de un sistema de reparto que estaba colapsado y que ponía al fisco en condición insostenible, dándole además al ciudadano común la protección de una cuenta de ahorro propia inmunizada de los avatares de los arbitrios de los gobernantes de turno.

Llegamos así a un sistema mixto con una fuerte pata solidaria y una componente de ahorro propio de complemento jubilatorio. Una solución uruguaya, fiel a sus principios y a las mejores técnicas para cubrir ambos objetivos. El sistema muestra que la componente solidaria no se ha degradado —todo lo contrario— por la coexistencia del mecanismo de cuentas individuales. La liviandad argumental extrema de los defensores del plebiscito recurre a casuísticas extremas para denigrar al sistema actual, como si todo sistema de características tan complejas no tuviera siempre que estar sujeto a correctivos por la vía legislativa.

Es una obra permanente para afinar el funcionamiento de algo que integra el centro de nuestro modo de ser como sociedad, pero nunca sujeto a un cambio drástico de rango constitucional. Eso degrada la calidad de nuestra institucionalidad. Hay bibliotecas enteras escritas sobre sus efectos sobre el bienestar de las sociedades donde se muestra que los países más prósperos y los que más progresan son aquellos que tienen un grado superlativo de calidad institucional.

De prosperar el plebiscito, quienes fueron sus proponentes tendrán una deuda histórica con la sociedad por el daño ocasionado. Esto ha encerrado al propio Frente Amplio en un problema al convivir con esta propuesta, que de aprobarse, de sus consecuencias nefastas no tendrá escapatoria. Y aquí tengo que ser claro. Habrá consecuencias inmediatas, tanto en lo fiscal, en el ambiente de inversiones, en la credibilidad y en la centralidad de los debates futuros. ¿O alguien piensa que será gratis la demolición de un sistema establecido de ahorro privado donde se lesionan derechos privados, se transferirán fondos al sector público sin nortes definidos y listos para ser captados para financiar agendas de corto plazo? Y escuchar la liviandad o indiferencia sobre sus consecuencias asusta.

También preocupan los comentarios recientes de que se ha creado una cierta aureola de terrorismo sobre los efectos adversos del plebiscito, cuando en realidad lo que hay es la desinformación sobre sus consecuencias. Más preocupante aún es cuando ante la eventualidad de su aprobación, quienes tendrán la responsabilidad de conducir un eventual gobierno frenteamplista están diciendo que Uruguay ya atravesó circunstancias críticas similares y que supo enjuagarlas con éxito. En definitiva, que no es para tanto.

Pienso que se refieren a la crisis del 2002-3. Con conocimiento de causa, afirmarlo es un craso error. Aquello fue una crisis que se resuelve apelando a proteger la credibilidad y el imperio de la ley. Y esa fue la clave del éxito y de lo que gozamos actualmente. En este caso es todo lo contrario. Sus costos serán perdurables porque introduce una tara estructural de rango constitucional que no se arregla con cataplasmas legales ni artilugios fiscales. Le pega al alma de la institucionalidad.

Por tanto, en estos temas no se puede transar ni andar con paños tibios. Lo que está mal, está mal. Buscar un resultado electoral no puede hipotecar lo que se ha construido por generaciones con el sacrificio de toda la sociedad. Estamos a tiempo de cerrar filas para un último esfuerzo sobre las consecuencias de un eventual daño auto infligido.

Y para entender un poco más de por qué estamos a contramano de la historia, un reciente informe de la OCDE en materia de aumentos de edad de retiros dado el envejecimiento de la población, estima que en Dinamarca, donde hoy la edad de retiro es 67, para alguien que entre al mercado laboral con 22 años deberá esperar hasta los 74 años, 71 en Italia, 70 en Suecia y 67 en Alemania en una transición, que por sus características es traumática desde el punto de vista política, pero necesaria. Otros países, como Portugal, piensan introducir reglas de edad de retiro variables fijadas en el 80% de la expectativa de vida. Esa es la calidad de los debates que surcan el mundo al que pretendemos integrarnos.

Alertados una vez más, apelamos a la sensatez y la grandeza de todos para evitar lo que sería un gran retroceso.