OPINIÓN

El pasado 20 de setiembre Uruguay dio un gran paso en materia de finanzas sostenibles. Se publicó el marco de referencia para la potencial emisión de Bonos Indexados a Indicadores de Cambio Climático (BIICC). Es decir, deuda soberana cuyos pagos estarán asociados a desempeño en materia climática del país.

Esto no es una acción aislada que realizó nuestro país. A las iniciativas impulsadas por la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, el gobierno ha decidido sumar una nueva óptica al cambio climático: desde las finanzas.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) forma parte de la Coalición de ministros de Finanzas por la Acción Climática, habiendo Azucena Arbeleche participado activamente en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Glasgow en noviembre de 2021 (COP 26).

Anteriormente, en diciembre de 2020, el Banco Central del Uruguay (BCU) comenzó con las acciones orientadas a promover las finanzas sostenibles, convirtiéndose en miembro de la red internacional de instituciones oficiales que promueven la responsabilidad ambiental en el sector financiero (“Network for Greening the Financial System”). También en setiembre de 2021 el BCU definió que una parte de los activos de reserva del Estado Uruguayo se destinen a inversiones y proyectos sustentables.

La publicación del marco de BIICC tampoco queda perdida en el sistema financiero uruguayo, donde muchas de sus principales instituciones han comenzado a ser más “verdes”, integrando en sus estrategias los riesgos asociados al cambio climático y ofreciendo productos que promueven el desarrollo sostenible y de adaptación y mitigación al cambio climático. Y es que todo esto se enmarca en el compromiso del BCU y MEF de promover un compromiso de todo el sistema financiero para llevar adelante una agenda de finanzas sustentables en Uruguay, con el apoyo del BID, BID Invest y el Sistema de Naciones Unidas.

¿Se puede decir que las finanzas sostenibles están de moda? Quizás es lo que parezca, pero las finanzas y la manera de hacer negocios ya tienen una fuerte relación con el desarrollo sostenible. El compromiso que está asumiendo y la posición en la que queda nuestro país al generar deuda relacionada a la performance en cambio climático, impulsará un mayor acceso a financiamiento internacional y probablemente mejoras arancelarias en el comercio. Tal es así que, según el actual Ministro de Ambiente Adrián Peña, ya se ha visto mucho interés internacional en este bono soberano, que de acuerdo con el Secretario de Estado, el monto de la deuda podría ser de US$ 1.000 millones.

¿Qué se va a estar monitoreando?

El bono es emisión de deuda, donde el país recibe financiamiento y lo devuelve con interés. La diferencia con este bono respecto a los bonos tradicionales es que tiene un premio a la tasa de interés si cumple con los indicadores de desempeño (KPIs, por sus siglas en inglés: Key Performance Indicators) definidos por Uruguay y acordados con el financiador.

Los KPIs no son nada más que dos objetivos fijados por Uruguay en sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés: Nationally Determined Contributions) al Acuerdo de París (1). Vale la pena recordar que el Acuerdo de París (2015) es el sucesor del Protocolo de Kioto, donde los países pasaron a voluntariamente proponer sus medidas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), mientras que en la era Kioto solo algunos países desarrollados y en vías de desarrollo tenían la obligación de reducir -en promedio- un 5% sus emisiones en un período de cinco años (2008-2012) con respecto a un año base (1990).

En su NDC, Uruguay propuso once objetivos de mitigación a 2025 separados en tres categorías (2) :

Por otro lado, los dos KPI sugeridos para los BIICC (3):

Queda claro que esta emisión de deuda alinearía 100% la estrategia de financiamiento soberano de Uruguay con sus objetivos de mitigación del cambio climático asumidos internacionalmente.

Para la estimación de las emisiones brutas agregadas de GEI existen estándares científicos verificados establecidos en las Directrices del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de 2006 para los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero (IPCC 2006).

¿Cuál es el punto de partida de Uruguay frente a estas metas?

Dado que Uruguay realiza Inventarios de GEI de forma periódica, se conocen las emisiones de nuestro país desde 1990 (año base del primer indicador de desempeño), por lo que podemos evaluar cómo ha evolucionado este KPI desde 1990.

Como muestra la figura a continuación, Uruguay ya ha conseguido en 2019 reducir en 47% la intensidad de sus emisiones brutas de GEI respecto a 1990, según el monitor y visualizador de avances de la NDC, elaborado por el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático (4).

Con respecto al bosque nativo, está comprobado que el área bajo este uso de suelo ha aumentado desde la creación de la primera (N° 13.723 de 1968) y segunda ley forestal (N° 15.939 de 1987) cuando se especifica “prohíbase la corta y cualquier operación que atente contra la supervivencia del monte indígena”. Por lo que el mantenimiento del área de bosque nativo también parece ser una tarea realizable si no cambian la actual normativa y regulaciones nacionales.

La figura a continuación presenta la evolución del área de bosque nativo respecto a 2012 como año de referencia, destacándose que 2016 es el último año para el que se cuenta con cartografía oficial. Como parte del compromiso del país en mejorar la transparencia climática, el sitio web del BIICC destaca que la Dirección General Forestal (DGF) de Uruguay se comprometería a realizar un mapeo cartografía de imágenes satelitales del área de bosque nativo, cada cuatro años (correspondientes a los años 2021, 2025, 2029 y 2033)

¿Qué podemos hacer para alcanzar las metas?

Respecto al primer KPI, el análisis tiene que considerar las dos variables de la ecuación: evolución del PIB y de las emisiones al 2025. Si el PIB aumenta lo suficiente, podría darse el caso de que no haya necesidad de reducir las emisiones de GEI. De hecho, si se cumplen las proyecciones macroeconómicas de aumento de PIB remitidas por el MEF al Parlamento el 30 de junio (5), y asumiendo un valor constante de emisiones (promedio anual del período 2016-2019), se cumpliría con la meta.

Pero si se considera PIB constante hasta el 2025, las emisiones de CO2 equivalente deberían bajar un 6.5% o 10.3% con respecto a 2019 para disminuir un 50% o 52% respectivamente con respecto a 1990. En términos absolutos, esto equivale a descender nuestras emisiones totales entre 2.2 millones de tCO2 a 3.6 millones de tCO2 al 2025. En términos comparativos, esto equivaldría a retirar de circulación todos los automóviles del parque automotor del Uruguay (6).

Para entender las oportunidades de mitigación del cambio climático, necesitamos entender el perfil de emisiones de GEI del país. Según nuestro inventario nacional de emisiones de GEI (7),  las emisiones relevantes para los KPI se distribuyen de la siguiente manera:

Por el perfil de emisiones de Uruguay, lo más eficiente sería generar reducciones en la ganadería, fuentes agregadas y fuentes de emisiones no CO2 en la tierra o actividades de quema de combustibles. ¿Es posible?

Veamos algunos escenarios.

Si las reducciones fuesen a darse únicamente en la ganadería, el stock nacional vacuno debería reducirse en aproximadamente 19%. En Holanda por ejemplo entienden que la contaminación de nitrógeno en ciertas zonas se mitiga parcialmente con el cierre de tambos (9),  por lo que se estima que podría haber una pérdida de un 30% del rodeo ganadero lechero. Esta vía sería controversial y con potencial impacto negativo en la seguridad alimentaria, por nombrar tan sólo algunos aspectos.

Más que reducir el rodeo nacional, haría sentido reducir las emisiones de cada rumiante. De hecho, en la última Cumbre del Clima (COP 26) Uruguay se comprometió a reducir las emisiones globales de metano (“Methane Global Pledge” (9). Una forma efectiva es dándole al ganado una alimentación más digestible, para que cueste menos transformar un kg de pasto en kg de carne, y por lo tanto menos emisiones. En muchos países se usa un producto llamado Monensina, que cuando suministrado a los rumiantes, mejora la eficiencia de conversión del alimento a través de la manipulación química ruminal. Pero las restricciones de uso por algunos mercados han llevado a desarrollar sustitutos que además reducen las emisiones de metano. Estos productos están habilitados a ser usados en Uruguay, pero no es una práctica común, por lo que reducir las barreras para su aplicación (económicas y financieras) parecería ser una acción razonable a seguír.

En las “fuentes agregadas y fuentes de emisiones no CO2 en la tierra” se incluyen diversas acciones que generan emisiones de GEI, las principales son: i) quema de biomasa (quema de pastizales, incendios forestales, quema de la caña de azúcar para su cosecha, entre otros), ii) aplicación de urea y otros fertilizantes sintéticos; iii) orina y estiércol de animales, residuos agrícolas, cambio de uso de suelo y iv) emisiones de metano en los cultivos de arroz.

Muchas acciones se pueden implementar en este sector para reducir las emisiones. Una de las primeras acciones que tendría un efecto inmediato es la reducción de fertilizantes nitrogenados. Esto se puede lograr implementando prácticas de agricultura regenerativa que incluye la agricultura de precisión para aplicar fertilizantes a la tasa correcta, en el momento correcto, en el lugar correcto y en la forma correcta, generando así un ahorro. Además de reducir las emisiones de GEI se reducen los problemas de contaminación por nitrificación en los cauces de aguas.

También se puede fomentar el uso de fertilizantes de liberación lenta, éstos son fertilizantes que proporcionan un suministro constante de nutrientes para las plantas durante un período de tiempo prolongado. Es una tecnología de recubrimiento del fertilizante que hace retrasar la disponibilidad inicial de nutrientes (principalmente nitrógeno). Permiten ahorrar insumos, labores, energía y tiempo, y además permiten aumentar la eficiencia de uso del agua, pero su principal desventaja sigue siendo sus altos costos por tonelada, comparados con los fertilizantes convencionales.

Si consideráramos en el precio del fertilizante de liberación lenta el descenso de emisiones (y menor pago de tasa por el bono verde), la reducción de costos al productor y la disminución de la contaminación de los cursos de agua, el resultado debería estar del lado del producto más costoso. También se puede pensar en sustituir parte de los fertilizantes tradicionales por fertilizantes verdes. Éstos se consiguen a partir de las plantas de hidrógeno verde que se está pensando instalar en el país.

Una última oportunidad de reducción de emisiones concierne a la energía, y también tiene que ver justamente con este último punto. Además de las acciones para promover la eficiencia energética y la electromovilidad que ya está impulsando el país, las plantas de hidrógeno verde de Uruguay podrían generar un combustible para sustituir los combustibles fósiles, la tercera gran fuente de emisiones de Uruguay. Siempre que el hidrógeno sea verde (producido por electrólisis de agua con energía renovable), las emisiones que hubiesen generado estos combustibles fósiles podrían ser evitadas.

La lista de oportunidades de mitigación aquí presentadas son las que entendemos que tienen más rápida aplicación e impacto enfocadas solamente los sectores más relevantes. La lista puede seguir. Pero lo importante es que la meta propuesta por Uruguay parece razonablemente alcanzable, el asunto pasa entonces por saber cómo implementar estas y otras medidas. ¿Se implementarán beneficios a los que reduzcan las emisiones? ¿Existirán nuevos apoyos (subsidios, exoneraciones) para las actividades que puedan estar contribuyendo a cumplir con la meta país?
¿Podrán seguir co-existiendo el bien público con las oportunidades de privados como los créditos de carbono?

(*) Agustín Inthamoussu, CEO CLIMIT (www.climit.net), Miembro del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable (UCU). Editor: Felipe Bastarrica, director ejecutivo Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable (UCU)

Referencias:
1) Naciones Unidas, 2015.Methane Global Pledge,