En mí última columna analicé el impacto negativo de la eventual aprobación del plebiscito de la seguridad social en la economía. En ella concluí que, más allá del impacto regresivo en materia de desigualdad, la magnitud del incremento del gasto público que plantea el plebiscito, la incertidumbre en torno a cómo se financiaría y la inseguridad jurídica que generaría la eliminación del sistema de ahorro individual, tendrían un impacto negativo inmediato en nuestra economía. A continuación, me propongo analizar la inconveniencia de la iniciativa del PIT-CNT desde un punto de vista distributivo.

En primer lugar, cabe recordar que actualmente el sistema previsional es deficitario en unos US$ 4.000 millones, por lo que es evidente que las personas que perciben jubilaciones y/o pensiones lo hacen por un monto mayor al que surgiría de considerar solamente lo aportado durante su vida laboral. Ello es esperable, en la medida en que la fórmula de cálculo jubilatoria (por BPS) es esencialmente la misma que hace 30 años, cuando la expectativa de vida a los 60 años era sensiblemente menor.

Independientemente de si se realiza de forma explícita (ej. incrementando la jubilación mínima) o tácita (postergando un aumento en la edad de retiro), incrementar el subsidio a las jubilaciones y pensiones refleja prioridades en materia de asignación del gasto público. El gasto que se destina a una política, no se destina a otra. En ese sentido, e incluso si fuese viable obtener recursos adicionales por US$ 1.000 millones en 2025 y por US$ 3.000 millones en 2050, cabe preguntarse si no existe otro destino alternativo para esos fondos si lo que se quiere es beneficiar a la población más vulnerable.

Durante el primer semestre de 2024 unas 325.000 personas residían en hogares que se encontraban por debajo de la línea de pobreza, mientras que unas 202.000 personas lo hacían en hogares cuyo ingreso se ubicaba hasta un 20% por encima de ese umbral. El 43% de esas personas (unas 226.000) tenía menos de 14 años o era estudiante; el 30% era ocupada (160.000); el 12% estaba desocupada (61.000) y el 11% era inactiva (58.000, fundamentalmente mujeres).

En otras palabras, entre las 528.000 personas de menores ingresos en nuestro país, solamente 22.000 eran jubilados y/o pensionistas. Incluso, si extendemos el análisis al millón de uruguayos con menor ingreso, 425.000 tiene menos de 14 años o es estudiante; 460.000 trabaja o busca trabajo y 70.000 es jubilado o pensionista. Parece evidente que una política orientada a incrementar los ingresos de los jubilados no beneficiará a “los que menos tienen”.

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Lo anterior refleja que el ingreso promedio per cápita de los jubilados y pensionistas es similar al de los ocupados y casi un 50% superior al de los menores de 14 años y estudiantes (que perciben su ingreso per cápita a través de los que perciben ingresos en el hogar). Si bien el ingreso promedio por trabajo es superior al ingreso promedio por jubilaciones o pensiones, estos últimos complementan su ingreso con recursos provenientes de transferencias, rentas y valor locativo (lo que deberían pagar los integrantes del hogar por concepto de alquiler en los hogares donde los integrantes son propietarios o usufructuarios de la vivienda que ocupan). El 70% de los jubilados y pensionistas reside en hogares que son propietarios de la vivienda y ya la pagaron, mientras que para las restantes personas dicha cifra alcanza solamente al 45%.

Por último, los datos no sustentan el argumento de que focalizando los subsidios en los jubilados y/o pensionistas se puede beneficiar indirectamente a los jóvenes “pobres”. El 93% de los menores de 14 años que residen en hogares pobres no residen con jubilados o pensionistas y no se beneficiarían de un incremento en las pasividades.

La necesidad de focalizar los esfuerzos fiscales en las personas jóvenes no surge solamente de su insuficiencia relativa de ingresos. Es sabido que persisten desafíos en materia de infraestructura (vivienda, saneamiento, vialidad), en particular en zonas geográficas de bajos ingresos. A modo de ejemplo:

· El 9% de los uruguayos reside en hogares con techo liviano sin cielo raso: en esos hogares residen 114.000 menores de 14 años o estudiantes y 25.000 jubilados y pensionistas.

· El 5% de los uruguayos reside en hogares sin piso de hormigón, cerámica, parqué o similar, en donde residen 58.000 menores de 14 años o estudiantes y 16.000 jubilados y pensionistas.

· Hay unos 200.000 uruguayos que residen en asentamientos irregulares. Entre ellos, 71.000 son menores de 14 años o estudiantes y 17.000 son jubilados y/o pensionistas.

Por otra parte, los datos muestran que hay un conjunto significativo de trabajadores (y desocupados) cuyos ingresos son insuficientes para “salir de la pobreza” únicamente en base a su salario. En ausencia de un “boom” de crecimiento que dinamice la demanda de empleo de baja calificación, si el objetivo es beneficiar a la población más vulnerable parecería razonable focalizar los recursos en políticas de empleo y capacitación antes que incrementar las pasividades. La tasa de desempleo en los hogares pobres es del 32%, más de cuatro veces superior a la tasa del resto de la población y entre los ocupados pobres, el 39% está subempleado y el 73% es informal.

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Por su diseño, es probable que el plebiscito beneficie a los jubilados de mayor ingreso, ya sea porque son los que efectivamente se podrían jubilar a los 60 años o porque cuentan con más de una prestación. Por último, los cambios que serían necesarios para financiar la propuesta del PIT-CNT perjudicarán a los ocupados más vulnerables. Un incremento en los aportes probablemente reduzca proporcionalmente más la demanda de trabajo no calificado, al tiempo que el uso del salario mínimo (suele usarse de referencia para remunerar el trabajo informal) como herramienta de control del gasto perjudicará a la mayoría de los ocupados que residen en hogares pobres.

Está claro que lo que propone el plebiscito no beneficiará a población vulnerable, que en su mayoría son niños, desocupados, informales o mujeres que realizan quehaceres en el hogar. Si bien no pretendo concluir que el ingreso de los jubilados no sea bajo en relación al costo de vida o que no sea necesario destinar recursos a estos colectivos, gobernar es priorizar y siendo que los recursos son finitos y el margen para incrementar el gasto es limitado, al mismo tiempo que se opta por incrementar las pasividades se está optando por no gastar en reducir la pobreza.