Samuel Pessôa (*)   

La principal característica del tercer gobierno de Lula ha sido romper el libro de texto de ciencias políticas y poner el gobierno con el pie en el acelerador del gasto público. En una columna anterior, además de observar la visión de diferentes analistas políticos sobre tema, también argumentamos que probablemente Lula tendrá que pedirle al Congreso Nacional que aumente la carga tributaria, y que ese aumento no puede ser compartido con entidades subnacionales y tendrá que ser desconectado de otros gastos estatales. Tiene que salir “limpio” para componer el superávit primario.

Según datos de mi colega de FGV IBRE Bráulio Borges, el gasto primario de la Unión (o gobierno central) en 2023 será del 19% del PIB. Bráulio proyecta que la renta neta de la Unión será del 18,5% del PIB en los próximos años. Para un superávit del 1,5% del PIB, que, bajo supuestos muy optimistas, es suficiente para estabilizar la deuda pública, hay un agujero fiscal del 2% del PIB, algo así como R$ 200 mil millones.

Así, el pedido de Lula al Congreso debe ser de ese orden. No sé cómo lo hará. Tal vez los impuestos a la distribución de dividendos, incluidas las sociedades que operan con ganancia presunta y Simples, los impuestos a las grandes fortunas con los parámetros que se aplican en España (recaudando algo así como el 0,3% del PIB), y posiblemente un CPMF transitorio siempre que la deuda esté por encima de un cierto umbral. Todo es especulación. En cualquier caso, este crecimiento de los ingresos tendrá que ser “limpio”, como comenté anteriormente.

¿No hay margen para una disminución del gasto primario de la Unión del 19% en 2023? Según la columna de Cláudia Safatle en el diario Valor del 3 de marzo, el plan del gobierno es estabilizar el gasto primario de la Unión como proporción del PIB por habitante. Dado que los ingresos fiscales crecen a la velocidad del PIB absoluto, con el tiempo se produciría una reducción del gasto en proporción del PIB. Como señala el respetado economista Fernando Monteiro, dado que el crecimiento de la población hoy es sólo del 0,6% anual, esta dilución se producirá muy lentamente. Según las cuentas de Monteiro, el gasto se reducirá a razón de 0,12 puntos porcentuales del PIB al año.

En otras palabras, volviendo al hilo que estaba suelto en la última columna, surge la pregunta: ¿qué pasará si Lula le pide al Congreso que aumente la carga tributaria y este se niega? Experimentaremos un estancamiento fiscal que probablemente exigirá una política monetaria acomodaticia. ¿Cuál será la trayectoria de la economía en este caso?

Es probable que haya un lento proceso de re-inflación. En 2026, la inflación probablemente seguirá siendo de un solo dígito, pero muy por encima del 4 %, más del 7 % o del 8 % que del 5 %. La desinflación se producirá, si nuestra economía política lo permite, en la próxima legislatura. En consecuencia, si de hecho el Congreso no entrega el aumento necesario de la carga tributaria, el próximo presidente del Banco Central será alguien que se acomodará y aceptará el predominio de la política fiscal sobre la política monetaria.

¿Por qué la re-inflación será lenta? Esencialmente debido a las reservas de divisas que hacen de Brasil un acreedor neto en moneda extranjera. Cualquier devaluación del tipo de cambio aumenta el valor de las reservas en reales, contribuyendo a reducir la deuda neta de reservas. Las reservas de divisas juegan un fuerte papel amortiguador frente a las crisis económicas.

La experiencia histórica muestra que incluso en países con una situación fiscal ordenada, si hay una fuerte relajación de la política monetaria, experimentarán una lenta re-inflación.

Para ilustrar, vale la pena seguir el camino de la re-inflación en Argentina durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner entre mayo de 2003 y noviembre de 2015.

Néstor Kirchner recibió la economía relativamente ordenada de manos del presidente Eduardo Duhalde, luego de la fortísima crisis con la salida del régimen de convertibilidad del peso al dólar, implementada por el ministro Domingo Cavallo. Entre 1999 y 2002, la economía argentina cayó un 20%. En el bienio terminado en 2002, la caída fue del 15%. Para tener una base de comparación, en el bienio terminado en 2016, la economía brasileña cayó un 6,5%.

En 2003, la economía argentina estaba lista para un fuerte ciclo de crecimiento. La base muy deprimida y el ciclo de las materias primas, además de la cosecha de reformas institucionales del ministro Domingo Cavallo, garantizarían un futuro brillante para los Kirchner.

Las cuentas públicas estaban en orden. Hubo un superávit primario del 3,2% del PIB y los intereses pagados fueron del 1,7% del PIB, por lo que el superávit de la cuenta pública fue del 1,5% del PIB. Luego del repunte inflacionario con el ajuste del tipo de cambio, la inflación cayó al 4% en 2003.

De 2004 a 2009, las cuentas externas se comportaron bastante bien. El crecimiento de China ayudó al país, al igual que lo hizo con Brasil, de modo que, en todos estos años, hubo un superávit en cuenta corriente de alrededor del 2% del PIB. También hubo un fuerte superávit en las cuentas públicas. El primario fue del 5% del PIB en 2004 y 2005 y cayó lentamente al 1,9% del PIB en 2008, todavía una posición de superávit respetable.

A pesar de los buenos indicadores económicos, la inflación, medida por el deflactor del PIB, pasó de un mínimo del 4% en 2003 al 15% en 2009. El aumento fue causado por una política monetaria muy laxa. El interés real promedio cobrado al interbancario argentino entre 2003 y 2008 fue negativo, en torno al

-6% anual. En otras palabras, el primer repunte inflacionario se dio con tasas de interés muy bajas y una posición fiscal muy sólida.

A partir de 2009, bajo el gobierno de Cristina, existe un déficit primario de 0,5% del PIB, llegando al 4,4% del PIB en 2015. El quiebre fiscal refuerza la política monetaria muy laxa. El deflactor del PIB en 2015 fue del 27%. Los 13 años de 2003 a 2015 de política macroeconómica muy laxa inflaron la economía argentina en 23 puntos porcentuales, del 4% al 27%. Si consideramos un aumento lineal de la inflación, ésta subió 1,9 puntos porcentuales por año. Para el caso brasileño, considerando un IPCA de 4% en 2024, la inflación cerraría 2026 en 8%. Es muy posible que esté por debajo de este valor. Ciertamente, las tasas de interés practicadas aquí no serán tan bajas como las de Argentina.

La conclusión de este simple ejercicio es que es perfectamente posible, desde el punto de vista del equilibrio político de la economía brasileña, un Banco Central que acomode el dominio fiscal y coexista con déficits primarios del orden del 1-2% para todo el período de Lula III. La re-inflación será lenta y el problema será para el próximo mandatario.

(*) Investigador Asociado de FGV IBRE, artículo publicado en Cojuntura Económica.