Al final de este mes el Poder Ejecutivo enviará el proyecto de ley de Rendición de Cuentas con nuevos aumentos presupuestales y con la actualización del escenario macro económico por parte del MEF, como sucede en cada instancia presupuestal.

¿Qué se debería esperar de dicha actualización? En el caso de la inflación, el mantenimiento de la proyección para el año próximo, que desde el año pasado se situó en 5,8% después de que quedara en offside el propósito inicial de llevarla al 3,7%. En materia de crecimiento económico, un nuevo ajuste bajista en la proyección para este año (que ya bajó de 3% en la Rendición pasada a 2% en febrero). En materia fiscal, la incorporación en el escenario actualizado, del deterioro fiscal registrado después de septiembre pasado, que luce más permanente que transitorio.

¿Y qué cabe esperar en la materia estrictamente presupuestal? A estar por la información que se conoce, nuevos aumentos presupuestales cuyo límite es difícil de precisar, dado que se trata de la última instancia que tiene este gobierno de hacerlo y dada la diversidad de sectores políticos integrantes de la coalición con ministerios y otras dependencias a su cargo. Sabido es que los políticos habitualmente sienten que maximizan su desempeño de manera directamente proporcional al presupuesto que manejan y que actúan en consecuencia.

Viene al caso insistir con el deterioro fiscal en curso después de alcanzarse en los 12 meses a septiembre pasado, el número de déficit que, para el conjunto del sector público, es el necesario para que la deuda pública se mantenga estabilizada: 2,5% del PIB. Luego de ello, se dio un deterioro que al mes de abril llega al 3,6% del PIB, por lo que en sólo siete meses se retrocedió casi seis décimos de lo que se había mejorado desde la situación “heredada”, o sea 4,4% del PIB en 2019.

También cabe recordar que aun cuando en esta instancia presupuestal no se votara aumento alguno, ya habría, desde el próximo enero, aumentos considerables debidos a las instancias presupuestales anteriores (por más de US$ 300 millones) y a la recuperación salarial en curso. En el año próximo también se completará el impacto fiscal de reducciones impositivas definidas en los últimos meses.

En este contexto cabe destacar el solitario llamado a la responsabilidad efectuado por el ex presidente Julio María Sanguinetti acerca de la conveniencia de que el Ejecutivo envíe al Parlamento una Rendición con aumento cero en el gasto.

¿Qué pasó en las finanzas públicas después de septiembre del año pasado? Los ingresos del sector público no financiero se mantuvieron estables, mientras que su gasto primario subió en 1,2% del PIB. En el caso de los ingresos, cayeron los del Gobierno Central, afectados por el peor desempeño de la economía, y subieron los del BPS, de la mano del aumento del salario real y la mayor formalización del empleo. Mientras tanto, mejoró el resultado primario y corriente de las empresas estatales: ahora el “resultado fiscal” de Ancap es elevado, por aprovechar los altos márgenes de refinación que hay en el mundo y que “captura” por la regla del PPI, y el de UTE es negativo, por la sequía. Por el lado de los egresos, destacan los aumentos en las inversiones en el Gobierno Central y las empresas estatales (0,6 puntos del PIB en sólo siete meses) y también las transferencias (0,4 puntos en igual lapso), pero los restantes rubros (remuneraciones, pasividades y gastos no personales) también subieron.

Sobre esta base deteriorada después de septiembre, vendrán nuevos aumentos presupuestales (algunos ya dispuestos y otros por votarse), rebajas impositivas y aumentos en salarios y pasividades en términos reales, todo lo que será potenciado en su impacto fiscal cuanto más baje la inflación, como vimos hace algunas semanas, debido a la diferente “memoria” de las reglas de indexación de ingresos y egresos.

Además, la recaudación impositiva estará jaqueada en una economía en la que “el PIB que paga impuestos” está creciendo poco y nada y donde una parte del consumo de los hogares se realiza del otro lado de los ríos Uruguay y de la Plata y paga impuestos y salarios en ese lado. Esto no es ajeno a la caída del 4,4% de la recaudación real del IVA en el último trimestre para el cual se dispone de datos, entre febrero y abril.

También será peculiar el escenario “fiscal” que habrán de enfrentar las dos principales empresas estatales en los próximos meses. UTE, con la continuación de los efectos de la falta de lluvias y Ancap, que perderá los extraordinarios márgenes de refinación durante el cierre programado de su refinería para realizar inversiones. Además del costo de estas inversiones y del aumento de sus necesidades de capital de trabajo para adquirir combustibles en vez de crudo.

En este contexto y con este panorama, siguen llegando mejorías en la calificación de riesgo de la deuda soberana. Como suele ocurrir, tanto en las verdes como en las maduras, los cambios de calificación llegan tarde y a destiempo.

Cabe recordar que en “el gobierno uruguayo promedio” desde 1985 (siete períodos de gobierno), hubo un deterioro medio de 1,3% del PIB entre los resultados fiscales de los años tercero y quinto, situación que se ha popularizado como “carnaval electoral”. Como vimos, el mejor resultado fiscal en este período de gobierno, el octavo desde 1985, se dio en el año finalizado en septiembre (2,5% del PIB) mientras que en su tercer año el déficit fue de 3,4% del PIB. Datos a tener como referencia de aquí al año próximo.