OPINIÓN

En setiembre de 2021, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) anunciaron el lanzamiento del Sistema Nacional de Certificación del Origen de la Energía Eléctrica de Fuente Primaria Renovable (SCER), encomendado por el decreto N° 259/021.

Según la página web del SCER [1], los Certificados de Energía Renovable (CER) son un mecanismo de acreditación, en formato electrónico, que asegura que un número determinado de megavatios-hora de energía eléctrica producidos en un período determinado, han sido generados a partir de fuentes renovables. Por lo que un consumidor de electricidad en Uruguay podría demostrar que cierto porcentaje de consumo ha sido de energía renovable.

Este mecanismo, que no tiene costo, está actualmente habilitado para clientes con tarifas de Medianos Consumidores y Grandes Consumidores. A partir de junio 2022 estará también disponible para el resto de las empresas (clientes no residenciales).

En Uruguay, la participación de la energía renovable en la matriz de abastecimiento de la demanda eléctrica es muy alta, siendo superior al 90% incluso en años de condiciones hidrológicas adversas. Los CER son una herramienta de importancia significativa, ya que permiten cuantificar un atributo cada vez más deseado a nivel internacional: ser un producto “verde”, o al menos contribuir a descarbonizar uno de los insumos de producción.

Otros ejemplos en el mundo

Existen varias experiencias de este tipo de esquemas de certificación en el mundo: Certificados de Energías Limpias (CEL) de México, Renewable Obligation Certificates (ROCs) de Reino Unido, Renewable Energy Certificates (RECs) de Estados Unidos, Renewable Energy Credits (TREC) de Canadá, y Garantía de Origen (GO) de la Unión Europea, entre otros.

Bajo estos esquemas, los generadores de electricidad renovable pueden generar sus propios CER y venderlos en el mercado. Estos programas tienen una estructura similar a los programas de créditos de carbono, donde los atributos ambientales son disociados de la actividad que los genera y pueden ser comercializados de manera independiente, generando un ingreso adicional y apalancando la iniciativa.

Estos programas de certificación de origen responden a la demanda de empresas que necesitan acreditar de forma segura y precisa que la electricidad consumida para la operación de la empresa o desarrollo de productos/servicios es renovable, y por lo tanto, libre de emisiones de gases de efecto invernadero, o carbono neutral.

Actualmente, el programa implementado considera que los certificados otorgados están acoplados al consumo efectivo de las empresas, que puede ser: eólica, biomasa, solar o hidráulica. Para este fin, UTE ha desarrollado una plataforma que utiliza tecnología Blockchain donde se registran los CER.

La diferencia entre el programa implementado en Uruguay respecto a los de otros países, es que estos últimos permiten elegir al consumidor la fuente de generación de la energía eléctrica, dado que los certificados son instrumentos basados en el mercado, que se venden por separado de la electricidad consumida. Al comprarlos, permiten al consumidor reclamar los beneficios ambientales de esa fuente renovable. En otras palabras, le permiten al comprador demostrar que tienen respaldo por un consumo 100% renovable, más allá de que la electricidad efectivamente consumida sea 100% renovable o no.

El concepto de certificación en otros mercados busca crear un marco transparente y una plataforma de información de confianza de manera de incentivar y apoyar la descarbonización de la economía desde el consumo de energía limpia, permitiendo a los generadores de electricidad renovable capitalizar el beneficio ambiental asociado, a través de reglas de mercado. La base conceptual radica en otorgar un valor económico al atributo ambiental mediante los CER, por lo que, mediante la transacción, la empresa generadora de electricidad renovable obtiene flujos económicos adicionales, haciendo más rentable su inversión. De esta forma, se promueven más las inversiones en tecnologías de generación renovables, respecto a fuentes convencionales.

Demanda de CER

Existen en el mundo diversos programas para medir, monitorear y reducir la huella de carbono de las organizaciones. Uno de ellos es el Science Based Target initiative [2] (iniciativa de objetivos basados en la ciencia). Estos objetivos muestran a las organizaciones cuánto y con qué rapidez necesitan reducir sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para prevenir los peores efectos del cambio climático.

Esta reducción de GEI está alineada con los objetivos del Acuerdo de Paris [3] de limitar la temperatura media mundial a menos de 1,5°C. Para lograr esto, las emisiones de GEI deben reducirse a la mitad para 2030, y caer a “cero neto” para 2050. Existe un tiempo limitado para actuar y el sector privado tiene un papel crucial que desempeñar: todos los sectores en todos los mercados deben transformarse. Las organizaciones con objetivos basados en la ciencia ya están reduciendo las emisiones a gran escala, por lo que es necesario que un mayor porcentaje de las empresas se unan (idealmente todas).

En el marco de los SBT, las organizaciones que reportan sus emisiones de GEI de acuerdo con el “GHG Protocol” (guías para el cálculo de huella de carbono) deben reportar sus emisiones de alcance 2 (uso de electricidad) utilizando los enfoques basados en la ubicación y en el mercado. Junto con una mayor transparencia, el objetivo de reportar el alcance 2, basado en el mercado, es estimular la demanda corporativa de electricidad renovable.

Por otro lado, el “Carbon Disclosure Project” (CDP) [4] es un programa mundial que ayuda a las empresas de todo el mundo a medir, gestionar, divulgar y, en última instancia, reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Esta organización recopila datos corporativos sobre el cambio climático y los proporciona al mercado. El RE100 [5] es una iniciativa corporativa global liderada por CDP que reúne a cientos de grandes y ambiciosas empresas comprometidas con un consumo de electricidad 100% renovable.

Este programa es voluntario y actualmente cuenta con más de 300 miembros. Fomenta el uso de energías renovables y define criterios para que las empresas puedan estar certificadas en este programa. Uno de los criterios aceptados es que las empresas utilicen certificados de energía renovable homologados.

Actualmente, los CER de Uruguay no pueden ser usados para el SBTi, CDP, u otros programas existentes en el mercado internacional, ya que no han sido aún aprobados por estas organizaciones. Se sugiere a nivel país realizar los procesos necesarios para habilitarlos, dado que permitirían a las empresas uruguayas certificar su electricidad renovable, y por lo tanto una menor huella de carbono.

Por otro lado, existen certificaciones internacionales independientes y sin fines de lucro, como el I-REC, que certifican desde origen (central de generación) que la electricidad es renovable [6]. Esta es una de las iniciativas más conocidas y relevantes en el mundo, que genera un CER por cada MWh generado en la central. También existe la certificación de Garantía de Origen (GO), con mayor presencia en Europa, basado en el mismo concepto de certificar que 1 MWh de energía renovable o de cogeneración de alta eficiencia producida equivale a un certificado de energía renovable y se emite a petición del productor para cada MWh de energía eléctrica inyectado a la red.

Ambos esquemas difieren en sus objetivos, reglas, gobernanza y costos asociados, pero ambos permiten que el generador de electricidad se beneficie de un ingreso adicional por el beneficio ambiental asociado a la generación renovable. Asimismo, el comprador de los CER sabe exactamente de qué central generadora proviene la electricidad consumida.

De cara al futuro

A nivel mundial, se ha permitido a las empresas a demostrar que consumo de electricidad 100% renovable, mediante la compra de certificados de energía renovable en el mercado, disociando el consumo efectivo de electricidad.

Mediante la certificación a través de estándares internacionales (por ejemplo el mencionado I-REC), las centrales de generación a partir de fuentes renovables pueden vender su CER a quien lo precise, beneficiándose ambas partes: la central generadora por tener un ingreso adicional y la empresa que los compra por poder demostrar su consumo de electricidad 100% renovable.

Asimismo, con la aplicación de certificaciones internacionales independientes, las centrales de generación de electricidad renovable podrían también abastecer de I-CERs a empresas demandantes de este producto fuera de Uruguay. Según las reglas del programa CDP, una empresa que necesita certificados de energía renovable los puede adquirir fuera de fronteras, siempre y cuando la central generadora está a menos de 500km de distancia.

Para que el programa implementado en Uruguay de certificados de energía renovable pueda ser usado en las empresas que participan en programas de huellas de carbono, sería necesario que éste sea homologado internacionalmente, lo cual es deseable por los motivos explicitados.

Aunque los mercados de certificación de energías renovables han crecido rápidamente durante los últimos años (esquemas internacionales independientes o esquemas nacionales), existen diversos desafíos importantes para su expansión futura. Estos retos tienen que ver principalmente con la importancia de definir una metodología de entendimiento común para la contabilidad, y con la propiedad de las certificaciones, entre otros.

Esto es relevante para Uruguay, donde actualmente existe un solo mecanismo de CER, pero sería interesante que en el futuro que se habilitara el desarrollo de otros esquemas, y que sean complementarios. Particularmente importante es este punto a la hora de certificar el hidrógeno verde, según discute la agencia internacional de energías renovables (IRENA) en un reporte reciente [7].