Las políticas macroeconómicas buscan solucionar, en el corto plazo, desequilibrios de naturaleza interna y externa. Los del primer tipo son los problemas del comportamiento de la producción de bienes y de servicios (PIB) de un país, si está en recesión o creciendo menos que su potencial de expansión dada la disponibilidad de sus factores de producción, o si está creciendo a un ritmo muy alto que provoca otros problemas. Es también un desajuste de naturaleza interna en un país, el comportamiento de los precios, sea por inflación o por deflación. Los desequilibrios de naturaleza externa que la política macroeconómica debe solucionar ocurren con saldos inconvenientes —déficit o superávit— del comercio exterior de bienes y de servicios si el sistema cambiario fuera de flotación, o cuando hay caída o aumento persistente de las reservas internacionales del Banco Central si el sistema cambiario fuera de tipo de cambio fijo.

Para solucionar esos problemas se dispone de políticas macroeconómicas, sean desequilibrios como reflejo de causas endógenas —por las políticas domésticas en aplicación—, o por razones exógenas que nada tienen que ver con el manejo macroeconómico, como ocurriera en nuestro país con la pandemia. Las políticas de naturaleza macroeconómica para intentar solucionar los desequilibrios macroeconómicos citados son la fiscal, la política monetaria y la política cambiaria.

Los instrumentos de la política fiscal son bien conocidos: el gasto público, los impuestos y la forma como se financia o como se dispone del resultado de la diferencia entre lo que se gasta y lo que se recauda: el déficit o el superávit fiscal. La variación del gasto público y la de la presión tributaria inciden sobre el comportamiento del PIB. La política monetaria consiste en el aumento o la disminución de la cantidad de dinero en circulación, lo que se refleja en el nivel de la tasa de interés del mercado el que, a su vez, afecta al gasto privado en consumo y a la inversión privada, variables que provocan alzas o bajas del PIB.

Finalmente, la política cambiaria se puede ejecutar con distintos sistemas cambiarios: flotante, fijo o en alternativas intermedias como puede ser la flotación cambiaria con intervenciones esporádicas de la autoridad monetaria para comprar o vender divisas, y también incide en el comportamiento de la economía.

Política fiscal         

A partir de lo anterior, es interesante analizar las intenciones que se han escuchado sobre la política fiscal a llevar adelante y la simultánea mención a la necesidad de aumentar el ritmo de crecimiento de la economía uruguaya que se considera relativamente bajo en los últimos años.

Las modificaciones fiscales, de acuerdo con declaraciones de futuras autoridades, tendrán el objetivo de aumentar el ingreso de la población de menores ingresos, de quienes se encuentran en situación de pobreza, y de brindar más apoyo a la población infantil que se encuentra en esa situación. Los apoyos pecuniarios y no pecuniarios que resulten de la formalización de esos objetivos requerirán financiamiento, el que puede provenir del aumento de la recaudación impositiva con nuevos impuestos o, manteniendo la recaudación, elevando la presión impositiva de los actuales, o redistribuyendo la contribución a la recaudación de quienes la realizan gravando más a unos y menos a otros, los de menores ingresos. El objetivo final no es macroeconómico sino social pero tendrá sus consecuencias macroeconómicas.

Consecuencias

Cualquiera sea la forma que se adopte, las experiencias pasadas nos adelantan que el resultado afectará negativamente a la producción de bienes y servicios a través de sus efectos negativos sobre el consumo privado y la inversión privada que puede llevar, incluso, por el descenso que puede provocar en la recaudación total, a la reducción de la inversión del sector público. Asimismo y eventualmente, por los efectos alcistas sobre la tasa de interés para financiar el aumento del déficit fiscal que se ampliaría.

Si el financiamiento es con nuevos impuestos su efecto negativo sobre el PIB por el menor ahorro disponible para invertir y consumir que queda en los que sean gravados, no será compensado por el aumento del gasto exclusivamente en los beneficiarios de los planes de apoyo. La recaudación no llega en su totalidad a los beneficiarios de esos programas por su tránsito en las formalidades que se deben pasar y no solo, por ejemplo, por el aumento de personal necesario para desarrollarlas y las erogaciones directas e indirectas que eso implica. Es el conocido como costo social de los impuestos.

Si la forma que se adopte para cumplir el propósito es redistribuyendo impuestos, la contribución a la recaudación, aumentando la presión fiscal sobre contribuyentes de relativamente más altos ingresos, el PIB y su ritmo de crecimiento también se verían afectados negativamente, porque el ahorro disponible para la inversión y el consumo caerían. El efecto expansivo del gasto del gobierno sobre el PIB en su propósito de aumentar el ingreso de los que menos recursos tienen es menor, que el efecto expansivo que tiene el ahorro disminuido cuando se asigna al consumo privado y a la inversión.

Las consecuencias macroeconómicas de la política fiscal si definitivamente se emplea en el sentido que se perfila serían, por sus efectos sobre las variables de la demanda agregada local —consumo e inversión privada—, sumamente adversas para el crecimiento económico del PIB que todos ya reconocen muy bajo. El camino hacia los recursos financieros debería ir por la desaparición de la ineficiencia de otros destinos del gasto público