La reciente presentaciónde la Rendición de Cuentas 2023 por parte del gobierno generó cierta desazón, ya que de ella surge que este 2024 no se cumplirán dos de los pilares de la Regla Fiscal, que es ley desde la aprobación de la LUC.

En efecto, el propio gobierno señala que el Resultado Fiscal Estructural (RFE), primer pilar de la regla, se ubicaría al cierre del año en un valor equivalente a 3,4% del PIB (la última meta indicativa para este pilar se había subido a 2,9% desde 2,6% recientemente) y que la tasa de crecimiento del gasto primario del Gobierno Central+BPS se ubicaría en 4,8% real, muy por encima del tope que establece el pilar 2 de la regla (dado por la estimación del crecimiento potencial del PIB para los próximos años, y que entonces estaba en 2,8%).

Por su parte, el tercer pilar que es la autorización para incrementar la deuda sí se cumpliría, aunque de manera muy ajustada.

Los aspectos negativos de los incumplimientos

Si bien es útil recordar que los dos primeros pilares implican meramente metas indicativas y solo el último es realmente restrictivo porque requiere autorización del Parlamento, no deja de ser una mala noticia que, por primera vez en 5 años, el gobierno que impulsó este avance institucional —al que le dio mucha relevancia política y el que muchos valoramos positivamente— planee terminar su último año de mandato sin cumplirlo.

En primer término, la mala noticia y la desazón se amplifican porque estos incumplimientos no se dan en un año cualquiera sino en año electoral. Está bien documentado en nuestro país que las cuentas públicas se relajan históricamente en esta circunstancia y no por buenas razones. Es sabido que esta tendencia responde principalmente a la percepción de los distintos gobiernos de que relajar el resultado fiscal y hacer crecer el gasto en años electorales les puede arrimar votos para mantenerse en el poder.

Por lo tanto, resulta mala señal que, justamente un gobierno que construyó parte de su discurso y legitimidad de gestión sobre la base de la necesidad de establecer una regla para darle sostenibilidad a las cuentas públicas y que remarcó durante 4 años como un gran mérito de responsabilidad haber cumplido con las metas fiscales, termine su período incrementando el gasto y empeorando el RFE de manera sustancial[i].

Y si bien el gobierno ensayó una suerte de justificación basada principalmente en que, en oportunidad de la RRCC 2023, las partidas presupuestales y la recaudación impositiva se proyectaron con una inflación sustancialmente superior a la que está ocurriendo, a mi criterio esa justificación es débil por varias razones.

La primera, ya advertida por el Comité Fiscal Asesor (CFA), porque los gastos previstos en la RRCC no se consideraron escenarios alternativos plausibles y que ponían en riesgo el cumplimiento de las metas, por lo que ameritaba ser más cautelosos con el gasto de lo que ocurrió.

La segunda, porque ya en julio de 2023 el BCU en su Informe de Política Monetaria (IPoM) advertía que sus proyecciones de inflación eran bastante más reducidas para 2024 que las que estaba haciendo el MEF[ii]. Esa advertencia —que a la postre se cumplió— no fue tenida en consideración durante los meses siguientes en los que transcurrió la discusión parlamentaria de la RRCC, oportunidad más que propicia como para haber corregido lo que ahora se presenta como un “error de predicción” compartido con los agentes económicos (aludiendo a la encuesta de expectativas del propio BCU).

Más aún, entrado 2024 y ya esperado por todos que la inflación sería menor, se tomó la decisión política de gastar el 100% de las partidas presupuestales asignadas, cuando sabemos que dichas partidas en realidad son autorizaciones para gastar que estaban infladas nominalmente, no una orden inexorable para hacerlo. Esta actitud política fue bien diferente a la tomada por este mismo gobierno en oportunidades anteriores.

La tercera, deja un nivel de gasto y de RFE elevados (dada la presión tributaria actual que ya es alta) para el futuro gobierno, quien deberá ver cómo hace para manejar el barco cuando elabore el Presupuesto 2025-2029.

Leonardo Maine/Archivo El Pais

Algunos comentarios sobre la Regla Fiscal

Los incumplimientos analizados para nada significan una descalificación acerca de la regla fiscal en sí. Por el contrario, dichos incumplimientos no hacen más que señalar la inconveniencia de NO cumplirla. Ya en oportunidad de la discusión de la RRCC 2023 expresaba en esta misma columna que teníamos dos desafíos con la nueva regla fiscal. Uno de corto plazo, que era cumplirla en año electoral, cosa que, lamentablemente y como analizamos más arriba, no se va a cumplir. El otro desafío era de más largo aliento y consistía (y aún consiste) en transformarla en una Política de Estado[iii]. Y parece que en este último desafío —que es el más importante— estamos mejor encaminados.

En efecto, si bien estos años ha habido críticas de distinta naturaleza sobre la existencia de una regla fiscal, tal parece que hoy existe bastante consenso de que vino para quedarse por las bondades que genera. Si por muestra basta un botón, su existencia y cumplimiento hasta 2023 fue parte esencial de la explicación de por qué hoy el país cuenta con una alta consideración a nivel internacional, tanto en materia de calificación crediticia (Uruguay dispone de la mejor calificación de riesgo de su historia), como de su acceso fluido al crédito a plazos y tasas razonables (el riesgo país también es hoy históricamente bajo y está prácticamente 200 pbs por debajo de lo que era hace 5 años).

Asimismo, la transparencia que genera en la gestión fiscal es altamente positiva a lo que contribuyen crucialmente la existencia de los comités técnicos como el Consejo Fiscal Asesor (CFA) y el Comité de Expertos (CE).

Pero más importante aún, entre quienes critican la actual regla[iv] calificando sus resultados como “poco alentadores”, de “deficiente funcionamiento” y de “evidencia del grado de improvisación en su implementación”, lejos están de proponer eliminarla. Por el contrario, quienes han estudiado con seriedad el tema, están considerando la experiencia positiva de más de 40 países que tienen reglas de este tipo y están haciendo propuestas para perfeccionar la institucionalidad actual, muy similares a las que viene promoviendo el propio CFA (las que puede encontrar en el informe previamente referenciado).

Esperemos que luego de las elecciones, gane quien gane, estas recomendaciones formen parte de la hoja de ruta que se necesita para perfeccionar la regla fiscal y seguir mejorando la sostenibilidad de las cuentas públicas a futuro. Hacerlo bien será una gran contribución para enfrentar con éxito los múltiples desafíos de la política económica en los próximos años.

[i] Notar que los incumplimientos no son menores. En efecto, como lo señala el último informe del Consejo Fiscal Asesor (https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/sites/ministerio-economia-finanzas/files/2024-07/Informe%20sobre%20el%20c%C3%A1lculo%20del%20Resultado%20Fiscal%20Estructural.pdf) el RFE se incumplirá por cerca de medio punto del PIB siendo que el valor meta ya se había empeorado desde 2,6% proyectado en la RRCC 2022 hasta 2,9% y que el crecimiento del gasto es prácticamente el doble del deseable.
[ii] El lector puede comprobar en las páginas 30 y 31 del IPoM de julio 2023 que el BCU ya advertía de una reducción significativa de la inflación para 2024.
[iii] La nota completa de junio 2023 la puede ver en mi blog:
[iv] Como ejemplo puede verse la nota de Bibiana Lanzilotta en @blog SUMA: https://suma.org.uy/institucionalidad-fiscal-que-hacer/