En 2017, durante mi primer año como director ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), en un contexto internacional condicionado por la primera llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, decidí fomentar un mayor vínculo entre nuestra región y los centros de investigación más avanzados en materia de energía y cambio climático.

El propósito era explorar las tecnologías de vanguardia que comenzaban a consolidarse como esenciales para el futuro energético global. En ese marco, visité el Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL) de Estados Unidos, reconocido mundialmente por su investigación en energías renovables. Aunque, en ese momento ya enfrentaba recortes presupuestarios a raíz de las políticas de la administración Trump, una de las áreas que aún recibía fuerte inversión era la del hidrógeno y sus derivados. Esto me llamó la atención, ya que en América Latina dicha tecnología era prácticamente desconocida.

Poco a poco, el hidrógeno fue ganando protagonismo en la agenda regional, y recurrentemente los gobiernos de los países miembros de Olade me consultaban sobre nuestra postura al respecto. Mi respuesta era simple: el hidrógeno es una de las pocas alternativas tecnológicas capaces de descarbonizar sectores intensivos en energía, especialmente aquellos que enfrentan dificultades para ser electrificados. No obstante, también destacaba que su desarrollo era un proceso gradual, no inmediato, y dependía de la disponibilidad de recursos y de las condiciones necesarias para que tanto la oferta como la demanda pudieran crecer y así reducir los costos de producción.

Probablemente, Olade fue uno de los primeros organismos internacionales, junto con la Agencia Internacional de Energía (IEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), en comenzar a promover una agenda regional de hidrógeno, cuyos primeros resultados ya son evidentes. Uruguay, por ejemplo, fue uno de los primeros países en la región en explorar el potencial del hidrógeno. Ancap inició el desarrollo de un proyecto piloto pionero y, con el tiempo, comenzaron a delinearse nuevas investigaciones y proyectos, al tiempo que se identificaban oportunidades para nuevos desarrollos, lo que permitió la creación de una estrategia nacional para el hidrógeno.

En este contexto, el tema del hidrógeno ha sido constante en las noticias de Uruguay, desde el anuncio de proyectos que inician su fase de estudios, hasta la controversia que genera el uso del agua y la tierra, sin olvidar la reciente renuncia del presidente de Ancap, producto de las diferencias con el Poder Ejecutivo sobre el rol de la empresa en el proyecto liderado por HIF[1].

Es necesario contextualizar tanto la oportunidad como los enormes desafíos que enfrenta esta emergente industria del hidrógeno en Uruguay. En cuanto a la demanda, la narrativa simplista que sostiene que la electrificación de sectores como el transporte o la generación eléctrica resolverá automáticamente la descarbonización global omite una realidad fundamental: más del 80% de la matriz energética mundial sigue dependiendo de los combustibles fósiles. Al mismo tiempo, sectores con alta demanda energética, como el transporte aéreo y marítimo o ciertos procesos industriales que requieren calor, siguen siendo difíciles de electrificar. Es en este punto donde el hidrógeno y sus derivados juegan un papel esencial.

El hidrógeno verde tiene el potencial de reemplazar el consumo de combustibles fósiles en estos sectores intensivos en energía que no pueden ser electrificados, lo que abre la puerta a un mercado global de enormes dimensiones. Según la IEA[2], se estima que para 2050 el hidrógeno representará aproximadamente el 13% de la energía final mundial. Sin embargo, la transición hacia el hidrógeno verde enfrenta un obstáculo fundamental: el elevado costo de producción. Actualmente, el precio del hidrógeno verde (producido a partir de fuentes renovables) es más de tres veces superior al del hidrógeno gris (derivado de combustibles fósiles). Esto significa que la viabilidad de los proyectos dependerá de incentivos fiscales y mecanismos de apoyo que promuevan una demanda que permita generar la escala necesaria y reducir gradualmente los costos de producción.

Este escenario de incertidumbre en la demanda también contribuye a que la tasa de mortalidad de los proyectos de hidrógeno sea muy alta, ya que solo el 7% de los proyectos a nivel mundial llega a la fase de inversión final.

En lo que respecta a los proyectos del lado de la oferta y las condiciones necesarias para ser competitivos, los costos de producción del hidrógeno dependen de diversos factores, siendo uno de los más importantes la disponibilidad de generación renovable a bajo costo y de alta capacidad. Esto se consigue mediante una buena irradiación solar o fuertes vientos y un bajo costo de capital. Uruguay posee condiciones favorables, principalmente gracias a la combinación de estos tres factores, además de contar con una infraestructura eléctrica y logística adecuada. Sin embargo, Uruguay no es el único país con ventajas competitivas en este terreno. En una reciente reunión con un representante de una de las principales empresas energéticas del mundo, que invierte en el desarrollo de esta tecnología, me comentaba que sus operaciones en el mercado del hidrógeno se concentraban únicamente en aquellos países que ofrecen mecanismos de incentivos fiscales atractivos, que sean complementarios y compatibles con sus operaciones tradicionales. En este sentido, los incentivos otorgados por la Ley de Reducción de la Inflación (IRA[3] por sus siglas en inglés) en Estados Unidos les están brindando condiciones muy favorables, junto con recursos e infraestructura que son difíciles de igualar en otros mercados.

No podemos dejar de lado las barreras que enfrenta el desarrollo de la tecnología, particularmente en lo relacionado con el acceso a los recursos y el impacto social y ambiental. El hidrógeno y sus derivados presentan importantes desafíos en términos de los impactos ambientales y sociales, especialmente en lo que respecta a la utilización del agua. Estos impactos pueden ser mitigados, pero el tema trasciende lo estrictamente técnico y se centra en la capacidad de integrar el proyecto a la comunidad, de socializar sus beneficios, generar mecanismos para compartir dichos beneficios e informar adecuadamente sobre los impactos y las medidas de mitigación. No se trata de hacer una evaluación genérica de la tecnología, sino de analizar el impacto ambiental y social relacionado con los recursos y el territorio de cada proyecto, lo cual requiere una atención especial, información adecuada y diálogo permanente con los actores involucrados.

En términos de demanda, partimos de la premisa de que el mercado potencial se desarrollará de forma ambiciosa y prometedora hacia 2050, pero las condiciones necesarias para asegurar una demanda que viabilice proyectos de gran escala aún son inciertas. Esto representa una barrera significativa en la estructuración del financiamiento y la captación de capital.

En cuanto a la oferta, Uruguay presenta condiciones favorables para la producción de hidrógeno y derivados, pero debemos recordar que existe una fuerte competencia, una elevada tasa de fracaso en las fases iniciales de los proyectos y que otros países también están bien posicionados para lograr competitividad y escala, con bajos costos de producción y cercanía a los centros de demanda.

Uruguay, por otro lado, enfrenta barreras similares en términos de los impactos tecnológicos, sociales y ambientales que otros países también deben abordar. Sin embargo, contamos con un marco e institucionalidad ambiental bien establecidos, entidades de control con reconocimiento y confianza en nuestras instituciones. Todo esto juega a nuestro favor.

En conclusión, el hidrógeno no es una realidad inmediata, sino una clara apuesta hacia el futuro; un futuro que, aunque incierto, presenta señales de ser el rumbo que tomará la oferta energética mundial en las próximas décadas. Posiblemente estemos ante una disrupción que posibilite la salida definitiva de la era de los combustibles fósiles, abriendo una oportunidad de gran magnitud. En este contexto, es que se plantea la construcción de un nuevo modelo para la empresa estatal, que permita su transición de ser una empresa centrada en los hidrocarburos a una empresa diversificada de energía. El accionar de Ancap, en teoría, estaba alineado con esta visión, con un rol activo en el desarrollo de la tecnología en el país.

Sin embargo, la reciente renuncia de su presidente, causada por desacuerdos con el Poder Ejecutivo sobre el rol de la empresa, ha abierto una discusión fundamental sobre cuál debe ser el papel del Estado en este tipo de proyectos y la autonomía de los Entes del Estado, temas que claramente deberán formar parte de la agenda del próximo gobierno.

-Alfonso Blanco es Director del Programa de Transiciones Energéticas y Clima del Inter-American Dialogue. Ex Director Ejecutivo de OLADE y co-fundador de Ivy.

[1] HIF Global es una empresa de capitales chilenos que desarrolla proyectos para producir e-combustibles a partir de energía renovable y que firmó un acuerdo con ANCAP para el desarrollo de un proyecto de hidrógeno verde y combustibles sintéticos en Uruguay.
[2] Agencia Internacional de Energía
[3] Inflation Reduction Act. o Ley para la Reducción de la Inflación, es una ley federal de Estados Unidos que fue promulgada el 16 de agosto de 2022 bajo la administración del presidente Biden. La Ley entre algunos de sus instrumentos otorga Incentivos para proyectos de energía limpia.