En esta columna, he destacado recientemente el importante legado que estaría dejando este gobierno a la estabilidad macroeconómica, por el lado de la sostenibilidad fiscal.

Algunos de sus beneficios ya se observan en el corto plazo. El más notorio, sin duda, es la avalancha de mejoras en la calificación de riesgo soberano que hemos observado en los últimos meses. En efecto, entre otras, las tres mayores empresas internacionales que se dedican a esto le han subido la nota al país (Standad & Poor´s; Moody´s y Fitch), destacándose especialmente la mejora de Fitch, pues en los últimos años había sido la calificadora más exigente en la materia, incluso teniéndonos por un tiempo bajo amenaza de perder el grado inversor.

Si bien es cierto que los mercados suelen anticiparse a las calificadoras, se sabe que la evaluación del riesgo soberano (la capacidad y voluntad de repagar su deuda, de eso se trata) es importante, porque le permite acceder al Gobierno a inversores institucionales cuya regulación les limita posicionar sus activos en títulos que no tienen grado inversor. De esta forma, el país puede ensanchar la demanda por sus títulos y lograr mejores condiciones de acceso a los mercados voluntarios, tanto en plazos como en tasas de interés requeridas.

Así, en los últimos tiempos hemos visto cómo el riesgo país se ha reducido a niveles históricos, a contramano de lo que ha sucedido en la mayoría de los países de la región (que han visto aumentar sus primas de riesgo y reducir su evaluación crediticia de manera simultánea). Hoy Uruguay dispone de una calificación que está por encima de la nota mínima de grado inversor, lo que le permite tener un colchón de confianza ante shocks negativos que eventualmente podrían perjudicar transitoriamente su solvencia fiscal y de los que no está exento. Asimismo, también paga la menor prima de riesgo del barrio.

Como señalan muchos colegas, las menores tasas de interés que el país debe asumir impactan positivamente al rebajar la carga de intereses que el país paga, liberando recursos para poder cumplir con otras funciones importantes del Estado, como la infraestructura, la educación, la salud, etc.

Pero además hay consecuencias positivas no tan notorias, pues el menor riesgo soberano también impacta positivamente en el sector empresarial. En efecto, en la práctica la evaluación de riesgo empresarial está íntimamente ligada al riesgo país. Eso abre la posibilidad para mejoras en la evaluación de emprendimientos privados y su acceso a fuentes de financiamiento más amplias y también a menores tasas de interés.

Las ventajas no se limitan a eso. También abre la posibilidad de nuevas inversiones de capitales en el sector real de la economía, algo tan necesario para que el país logre aumentar significativamente su tasa de inversión (relación Inversión/PIB) y así empujar al alza nuestra magra tasa de crecimiento tendencial (2,1%).

No nos debería extrañar que algunos de los grandes proyectos que están apareciendo, como el de producción de hidrógeno verde o propuestas para proyectos de infraestructura como el vial de tranvías para la zona metropolitana, por ejemplo, aparezcan de manera simultánea con las mejoras en la calificación de riesgo país. Asimismo, viabiliza otros proyectos de infraestructura del propio Estado como el Plan Neptuno para el agua potable o el proyecto —aún en pañales— de una terminal para cruceros que planea el gobierno de Maldonado para el puerto de Piriápolis.

Como puede apreciarse, la disciplina fiscal solo tiene consecuencias positivas a largo plazo para el país y la población, más allá de que haya exigido esfuerzos en el corto plazo. Directa o indirectamente, potencia la capacidad de crecer más con mayor inversión real, lo que seguramente también impacte positivamente en los niveles de empleo, productividad y salarios reales. La mayor actividad económica también redundará en una mayor recaudación de impuestos, consolidando la sostenibilidad y creando verdadero “espacio fiscal” para las políticas públicas antes mencionadas que, como en el caso de la educación pública, es más que necesaria si queremos apuntar a mayores niveles de equidad social.

Es un verdadero círculo virtuoso que no tiene ideología política, aspecto que debería erradicarse definitivamente (hoy ya está bastante devaluado) y que tanto daño nos hizo en el pasado reciente.

Pero este círculo virtuoso, que tiene su sustento institucional en las nuevas reglas fiscales de principios de este gobierno y en algunos hitos con impactos fiscales positivos de largo plazo como la reforma jubilatoria, aún tiene retos importantes por superar. Y si bien hasta ahora dichas reglas han funcionado satisfactoriamente, entiendo que aún nos falta pasar dos pruebas de fuego que lo consoliden.

La primera y de corto plazo, que este mismo gobierno que la propició resista la vieja tentación de incrementar el gasto de manera desmedida en la próxima Rendición de Cuentas con la intención de obtener beneficios electorales en 2024. Hay que estar atentos porque esa tentación existe y es muy potente. Así lo enseña nuestra historia, aspecto ampliamente documentado en la literatura especializada al respecto.

La segunda, de mediano y largo plazo, para que la institucionalidad fiscal se consolide y se transforme en una verdadera política de Estado, deberá resistir también las lógicas alternancias de partidos en el poder que tarde o temprano ocurrirán en nuestro país.

Como vemos, la responsabilidad final es de todo el sistema político. Porque en democracia ser gobierno u oposición siempre es transitorio.