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El ministro de Comercio de Venezuela, Eduardo Saman, ha anunciado que el gobierno tiene el propósito de anular las patentes de varios fármacos a efectos de difundir datos e información técnica que permitirá a los laboratorios locales producir medicamentos genéricos más baratos. Aparentemente, el Ministerio de Comercio está preparando una nueva normativa en materia de propiedad intelectual para ser enviada próximamente a la Asamblea Nacional. Dado el predominio de los aliados del presidente Hugo Chávez en la legislatura, su aprobación se da desde ya por descontada. Pero ese plan coloca al gobierno venezolano en una senda que lo conduce directamente a una colisión con las compañías farmacéuticas multinacionales.

Los detalles del plan son aún escasos, pero las recientes declaraciones del ministro Saman, con referencia a que el gobierno está "revisando todas las doctrinas y leyes relativas a las patentes", indican que la iniciativa será de muy amplio alcance e irá más allá de las disposiciones sobre licencias obligatorias previstas en el Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Trips), del cual Venezuela es país signatario.

Bajo los términos del Acuerdo del Trips, los signatarios sólo pueden ignorar los derechos de las patentes en casos de emergencia nacional. Esa excepción se ha interpretado tácitamente como aplicable para las epidemias de enfermedades contagiosas como el VIH/Sida. Sin embargo, Tailandia ya ha traspasado los límites de ese convenio al aplicar el protocolo de "emergencia nacional" para casos que no están vinculados con epidemias infectocontagiosas. En efecto, el gobierno tailandés autorizó la elaboración de copias genéricas de Plavix, un anticoagulante que fabrica el laboratorio estadounidense Bristol Myers Squibb, y de fármacos contra el cáncer como Glivec y Femara de Novartis (Suiza), Taxotere de Sanofi Aventis (Francia) y Tarceva de Roche (Suiza).

COLISIÓN. Ahora se espera la aprobación de una reforma en gran escala de la ley de patentes en Venezuela. A pesar de los esfuerzos oficiales realizados en el pasado para cumplir con el Trips, ese país ha estado en la "priority watch list" (lista de observación prioritaria) del Departamento de Comercio de Estados Unidos durante los últimos cinco años. Esa medida obedece a que no se han registrado patentes de productos farmacéuticas en Venezuela desde 2002, mientras que las autoridades locales han estado concediendo permisos para la comercialización de diversas copias nacionales de medicamentos patentados.

Si bien el ministro Saman ha intentado transmitir a los laboratorios internacionales algún atisbo de propuesta conciliatoria, las declaraciones públicas del primer mandatario venezolano plantean una historia diferente. En efecto, Chávez ha catalogado a las patentes de los productos farmacéuticos como una "trampa" y, al referirse al anteproyecto de ley en una entrevista televisiva, insistió en que "no tenemos que estar sujetos a las leyes capitalistas".

No ha habido ninguna mención explícita a los planes para aplicar licencias obligatorias ante cualquier emergencia nacional en línea con las reglas del Trips. Tampoco se ha evidenciado algún intento de negociación con las empresas multinacionales para rebajar los precios de los medicamentos o lograr acuerdos de licenciamiento entre los dueños de las patentes y los fabricantes locales. En cambio, las declaraciones oficiales, denunciando que las patentes de los productos farmacéuticos simplemente colocan los intereses de sus dueños por encima de las necesidades de los pacientes, son una señal de que el gobierno se prepara para un conflicto frontal con los laboratorios multinacionales.

ESCASEZ. Aunque el ministro de Comercio no ha comunicado todavía qué patentes podrían ser anuladas, ha dicho que la decisión se tomó en base a las necesidades de los pacientes con enfermedades tales como el cáncer y el sida. Según ha trascendido, el borrador del proyecto legislativo propone que la información y los datos técnicos relacionados con las patentes registradas en el país se publiquen en el sitio web del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPU). Esto habilitaría a los científicos de los laboratorios locales a buscar toda la información necesaria para reproducir copias baratas de los medicamentos patentados.

Es muy probable que algunos de los grandes laboratorios farmacéuticos internacionales dejen de comercializar sus medicamentos en Venezuela como protesta contra lo que perciben como un ataque a las marcas registradas. Eso va a provocar la escasez de muchos productos medicinales dado que este país es altamente dependiente de los fármacos importados para satisfacer alrededor de un 50% de la demanda interna. También habrá una mayor pérdida de inversión extranjera directa en la propia industria farmacéutica venezolana, cuya capacidad ya ha sido seriamente dañada por la orientación de las políticas gubernamentales.

Una decisión oficial de revisar las leyes de los derechos de propiedad intelectual eventualmente causaría la implosión de la infraestructura de la industria del medicamento de Venezuela. Sin embargo, algunos laboratorios multinacionales estarían renuentes a retirarse totalmente del país porque ese alejamiento significaría la pérdida de ventas en un mercado farmacéutico de US$ 4.800 millones, de acuerdo con las estimaciones del Economist Intelligence Unit realizadas en 2008. Pero es difícil imaginar que un fabricante internacional de fármacos esté interesado en lanzar una nueva marca en un país donde existe una alta probabilidad de que la información técnica sobre la composición de un producto exclusivo y su proceso de fabricación sea librada al conocimiento público.

El gobierno de Chávez espera que una modificación de las leyes de patentes ayude, en última instancia, a abatir el gasto en medicamentos. Su intención es reducir la cuenta en el rubro farmacéutico; pero, con la industria local en franco descenso durante años, parece improbable que los laboratorios venezolanos puedan aprovechar eficientemente la información de las patentes para prevenir un serio déficit en la disponibilidad de ciertos fármacos.