ENTREVISTA

Mientras los países de América Latina y Caribe se enfrentan a la desafiante tarea de equilibrar la emergencia a corto plazo de la pandemia y, al mismo tiempo, impulsar la recuperación, desde la Organización para la cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se plantea la necesidad de que la región asuma un “nuevo contrato social”. Los clásicos retos estructurales, junto con el impacto de la pandemia y un fuerte descontento social, pueden convertirse en un punto de quiebre con consecuencias negativas para los países latinoamericanos. Según Sebastián Nieto, director del Centro de Desarrollo para América Latina de la OCDE, es el momento para procurar acuerdos que permitan salir de la “trampa institucional” en la que están inmersos muchos países de la región. “Hay que apuntar a un nuevo modelo de desarrollo, con base inclusiva, teniendo en cuenta el contexto, comunicación efectiva y compensación para los que salgan desfavorecidos”, enumeró. A continuación, un resumen de la entrevista.

— ¿En qué se basan las propuestas para un nuevo contrato social e América Latina?

— La situación que estamos viendo en América Latina es algo que nos lleva a repensar el modelo de desarrollo. En 2010, el 45% de la población regional confiaba en su gobierno. Para 2018 la cifra se redujo al 22%, según el Latinobarómetro. Los lazos que unen a la sociedad también son débiles. La confianza interpersonal es históricamente baja en la región y ha disminuido constantemente desde 2011, alcanzando un mínimo histórico del 15% en 2019. De manera similar, la satisfacción con los servicios públicos clave, como el sistema educativo y la atención médica, ha disminuido persistentemente. Sin duda, antes de la crisis ya estábamos en una situación de altas vulnerabilidades; una región que no crecía lo suficiente para crear los empleos formales que se necesitan y además de ello, otros retos que nos llevan a lo que denominamos una “trampa institucional”, con una ciudadanía reclamando por mejores servicios públicos, mejores instituciones, y al no ver respuesta a sus aspiraciones, rechazan pasar por reformas estructurales y en particular, aquellas que tienen que ver con lo fiscal; reformas que, precisamente, apuntan a financiar los servicios públicos que son fuertemente demandados.

— Estamos ante un círculo vicioso…

— Exacto, y para salir de él precisamos estados más creíbles, innovadores, eficientes, efectivos e inclusivos. Con la crisis se han amplificado varios de los retos estructurales que teníamos, y no es casual que América Latina haya sido la región con peor desempeño en 2020.
Ante ello, es indispensable pensar en nuevos diseños, apuntar a un nuevo modelo de desarrollo; poner en el centro al ciudadano y su bienestar. Es en base a ello que hablamos de un nuevo contrato social en la región.

— ¿Qué incluiría el nuevo contrato social?

— Necesitamos una serie de pactos donde tengamos acuerdo a nivel de grupos socioeconómicos, territorios, diferentes generaciones, donde tengamos en cuenta las diferencias a nivel de ingresos, de géneros, de razas y por supuesto, las brechas territoriales.
Además, es fundamental incorporar el concepto de sostenibilidad, en dos dimensiones: por un lado lo ambiental, pero indudablemente también lo fiscal, atendiendo lo relacionado con el gasto pero también los ingresos impositivos y la deuda.
Por otro lado, para generar mayor productividad debemos plantearnos una estrategia donde podamos involucrar mejor a todas las empresas; vemos empresas muy rezagadas, en especial las pequeñas y medianas, pero hay que buscar la forma de integrarlas a las cadenas de producción, donde generen mayor competitividad a nivel local e internacional y donde, además, se pueda pensar en un mayor nivel de integración regional,
Necesitamos una fuerte reforma en el plano social, que nos lleve a sistemas de protección más universales. Es una buena noticia que varios de los países de la región reaccionaran de forma rápida y efectiva durante la pandemia, atendiendo las situaciones más vulnerables. Vimos que se puede hacer, que hay forma de llegar e identificar a los más vulnerables y darles la asistencia que necesitan. Ahora debemos trabajar en forma permanente con esas poblaciones, para sacarlos de esa situación.

— ¿Cómo llevar a cabo esas reformas?

— Es indispensable, en primer lugar, contar con un proceso inclusivo, que siente alrededor de una mesa a todos los actores para trabajar en procura de un nuevo contrato social. En segunda instancia, no podemos desentendernos del contexto; hay que tener en cuenta las condiciones sociopolíticas del momento y valorar, con sinceridad, cómo pesan y condicionan cualquiera de las propuestas que se pongan a discusión. Otro elemento importante es implementar mecanismos de compensación, es decir preparar planes de apoyo que permitan apoyar a los sectores de la sociedad que puedan verse afectados por alguna de las reformas a implementar. El cuarto elemento es una comunicación efectiva, que asegure el acceso a toda la población con cada uno de los temas a discutir y las decisiones que se vayan conciliando. El proceso debe darse en forma transparente, en base a datos, con evidencia empírica, totalmente objetiva y con una comunicación directa y periódica sobre cada una de las acciones. Estos principios se pueden resumir en cuatro C: conciliar, contextualizar, compensar y comunicar.

— Para un contrato social, entre otras cosas se necesita confianza; en una región donde las sociedades presentan grietas, donde la democracia pierde pie como valor y la clase política es cuestionada, ¿cómo se logra?

— No es sencillo plantear esta crisis como una oportunidad, en momentos en que la caída de la satisfacción es fuerte en muchos de los países de la región. Pero hay que intentarlo. Vemos una oportunidad para hacer las reformas estructurales necesarias y con un involucramiento de la ciudadanía; tenemos que hablar sobre esta posibilidad, plantearlo. Más que nunca, una sociedad más informada como la actual debe involucrarse en la búsqueda de soluciones. Estos problemas no son de hoy, ya estaban y se exacerbaron con la pandemia y se necesitan liderazgos que estén dispuestos a elevar la mira. Hay que ser conscientes que dejar pasar este momento puede enfrentarnos como región a problemas aún más graves, en clave de descontento social.

— ¿Cuál es la propuesta concreta en el plano fiscal?

— La región no es homogénea desde el punto de vista fiscal. Pero, para empezar, no podemos apuntar a hacer correcciones del gasto o en materia impositiva sin incorporar en ese menú a la deuda pública.
La recaudación promedio en Latinoamérica es baja, se ubica en el orden del 23% del PIB, frente a un 34% en los países de la OCDE. Hay una brecha importante de recursos pero también en cuanto a la estructura tributaria, en cuanto a impuesto a la renta de las personas físicas, donde el nivel de recaudación es muy bajo. En el orden del 2% del PIB en América Latina frente a un 8% en los países de la OCDE. También hay espacio para eliminar algunos gastos tributarios que traen bajos beneficios en términos de equidad o creación de empleo.
El gasto público debe reasignarse gradualmente del apoyo general al apoyo específico, con un enfoque en los sectores que más lo necesitan, y del gasto corriente al gasto de capital. Es necesario establecer condiciones para que el gasto pueda orientarse en una proporción mayor a inversión que genere empleo, sin descuidar el frente fiscal que es un problema delicado en la región. Tradicionalmente, solo el 20% del gasto público en América Latina y el Caribe se concentra en gastos de capital. Como resultado, la región se queda atrás en términos de formación bruta de capital. Hay gastos regresivos, como ocurre en varios casos con los sistemas de pensiones, que es importante comenzar a corregir.
En cuanto a la deuda, creemos que debería buscarse, pensando en los países que están más comprometidos, un diálogo y cooperación diferente con los acreedores.
Necesitamos más recursos para terminar de salir de esta crisis; podrán provenir de una mayor carga tributaria, donde también hay mucho para hacer en cuanto a capacidad de recaudación de las administraciones tributarias. Hay medidas internas en cada país, donde se puede apuntar, por ejemplo, a una mayor progresividad en el impuesto a la renta de las personas físicas. También hay que pensar en acuerdos de transparencia e impuestos mínimos, como se han planteado a nivel de OCDE.

— ¿Es momento de correcciones en materia impositiva, en plena salida de la crisis?

— Es importante, claro está, la secuencia en que se organiza cualquier medida a tomar. No podemos, cuando estamos comenzando a salir de la pandemia, pensar en las mismas medidas que proyectábamos antes. Hay que dar el oxígeno necesario para una recuperación sostenible, y en el plano fiscal, la corrección necesaria y posible, que no afecte la recuperación.

— En cuanto a la deuda, ¿sugieren una renegociación?

— Hemos tenido algunos procesos de refinanciación reciente de deuda como en Argentina y Ecuador. Quizás pueda plantearse para otros países de la región. Y en algunos casos, se hace necesario mejorar el marco de emisiones y facilitar el rollover de esa deuda soberana. Hay espacio para conversar con los organismos multilaterales, calificadoras y otros agentes participantes del mercado, dado el especial contexto por el que atravesamos.

— Los niveles de integración comercial como región son bajos; ¿cómo se mejora ese aspecto?

— Tener una estructura productiva definida, no solo a nivel nacional sino involucrando a las diferentes regiones y países, es fundamental. Falta integración en la región, hay que hacer foco en ese tema. Agregar valor a nuestra producción está en la base del empleo formal, de los mejores ingresos. Y cualquier paso que de la región en ese sentido, estratégicamente, tendrá que tener en cuenta dos aspectos fundamentales, como son la transformación digital y el cambio climático. Más integración, mayor complementación, apertura, son pasos clave para crecer en materia de comercio. Hay un pilar social importante en todo esto, que no se debe descuidar, y que pasa por mejores competencias para enfrentar esa búsqueda de productividad, comercio y empleo de calidad. Y en la base está la educación, con reformas pendientes en América Latina.

— El informe de OCDE destaca como aspecto clave la necesidad de mejorar la capacidad de captar inversiones; ¿a qué refieren?

— Hay que definir con claridad cuáles son los sectores que generan valor agregado y demandarán mejor empleo y apuntar a ellos. Sin una estrategia que permita tener en claro cuál va a ser la demanda, hará difícil captar más inversiones. Los países tiene que hacer foco en qué producir y de qué manera. Hay mucho para hacer en ese terreno. Para ello se necesita una hoja de ruta, con un diálogo concertado entre diferentes actores, parte importante del diálogo social que planteamos en OCDE.