La seguridad pública en Uruguay, y su impacto tanto regional como global, presentan un escenario multifacético que demanda un análisis detallado.

Análisis del gasto en seguridad: una mirada al presupuesto nacional. Uno de los factores para poder conocer el compromiso de un gobierno con la seguridad de sus ciudadanos se refleja en su presupuesto. Desde 2015, hemos visto un incremento real del 84% en la asignación de fondos para este rubro, evidenciando una decidida apuesta por reforzar la protección ciudadana. Específicamente, el porcentaje del PIB dedicado a seguridad escaló al 2,1% en los últimos años, superando el rango del 1,5% al 1,8% de períodos anteriores. Este aumento no solo destaca por la magnitud de los recursos destinados, sino también por el peso que estos representan en la escala de nuestros ingresos nacionales.

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Evaluación de resultados: indicadores de seguridad pública y su evolución. Corresponde entonces preguntarnos, esta priorización de la seguridad ¿ha rendido los frutos esperados? A pesar de los esfuerzos y recursos destinados, los indicadores de seguridad, especialmente los homicidios y delitos contra la propiedad, siguen mostrando preocupantes resultados. Si bien hubo una considerable reducción luego del pico de delitos ocurridos entre 2018 y 2019, aún enfrentamos desafíos significativos.

Por un lado, los homicidios, según los datos del Ministerio del Interior, en los últimos seis años los homicidios se han ubicado por encima de los 300 por año (ver gráfico 2). Mientras que por otro lado, los índices de hurtos y rapiñas experimentaron una caída reciente, aunque la situación dista de ser la ideal. Entre 2017 y 2019 se observó un grave aumento de las denuncias por hurtos y rapiñas, que tuvieron un salto de 20% y 58% respectivamente (ver gráfico 3).

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Los registros más alarmantes en ambos indicadores ocurrieron en 2018, seguidos de una tendencia de mejora que se prolongó hasta 2021. No obstante, en los últimos dos años, esta trayectoria de recuperación se ha estancado, situándonos en un escenario comparable al de 2016. Esta problemática se intensifica en zonas de mayor vulnerabilidad, donde la persistencia y agudización de la violencia exacerban las desigualdades sociales, evidenciando un ciclo pernicioso de violencia y marginación que impacta desproporcionadamente a los más desfavorecidos.

Uruguay frente al mundo: comparativas internacionales en seguridad

La situación de seguridad de Uruguay a nivel internacional, especialmente frente a sus vecinos, destaca por sus desafíos específicos. Desde 2014, Uruguay ha mostrado una tendencia en homicidios que difiere notablemente de países como Argentina, con quienes antes compartía similitudes. Excluyendo a Brasil, Colombia y Venezuela, Uruguay presenta tasas de homicidios mayores que la mayoría de los países sudamericanos, contrastando con una disminución global de estas tasas, incluso en América Latina.

Al analizar indicadores más complejos, como el Subíndice de Seguridad Pública y Aspectos de Seguridad del Índice de Paz Global (GPI), Uruguay destaca como el país más pacífico de Sudamérica, posición mantenida por cuatro años consecutivos, ubicándolo entre los 50 países más seguros del mundo.

Este logro, que se ha mantenido consistentemente desde 2015, evidencia la estabilidad en seguridad que Uruguay ha alcanzado comparado con sus vecinos, superando a países como Brasil y Argentina. Sin embargo, al mirar hacia naciones desarrolladas con contextos similares, como Irlanda y Nueva Zelanda, allí se observan avances significativos en seguridad, marcando un estándar al cual Uruguay aspira.

En cuanto a conflictos domésticos e internacionales, Uruguay ocupa un lugar destacado, siendo cuarto a nivel mundial. Pero en términos de seguridad social y protección ciudadana, se encuentra más allá del puesto 90.

El costo de la inseguridad: impacto económico y social

El impacto económico global de la violencia es clave para comprender los beneficios de mejorar la seguridad, afectando la inversión y el consumo por alterar comportamientos económicos. Brauer y Tepper-Marlin (2009) destacaron cómo la violencia puede impedir actividades económicas. Este impacto se divide en costos directos (efectos inmediatos en víctimas y sistemas públicos), costos indirectos (pérdidas a largo plazo en productividad) y un efecto multiplicador (beneficios de redirigir gastos hacia opciones productivas). El Instituto de Economía y Paz señala la importancia de equilibrar el gasto en contención de la violencia para no limitar el crecimiento económico.

Estos datos ilustran una complejidad en la evaluación de la seguridad y el impacto económico de la violencia en Uruguay: mientras que a nivel macroeconómico su posición puede parecer más favorable en comparación con sus vecinos, los indicadores de violencia específicos, como la tasa de homicidios, sugieren desafíos significativos que requieren atención detallada y acciones específicas para mejorar la seguridad pública y reducir su impacto económico y social.

Según el GPI, Uruguay tiene un impacto económico de la violencia del 8% de su PIB, mayor que en Argentina (7%) y Chile (6%), mostrando una situación más favorable en términos macroeconómicos pero desafiante en indicadores específicos de violencia.

Percepciones de seguridad: la importancia de su priorización

Con una mirada de largo plazo, la interacción entre la recuperación económica, cambios institucionales, avances sociales y la disminución de la pobreza y la indigencia plantea una “paradoja” preocupante: a pesar de estos progresos, el delito ha experimentado una expansión notable en lugar de una contracción, expuesta así por Rafael Paternain. Esta realidad se refleja claramente en comparaciones internacionales, donde Uruguay muestra un desempeño destacado en la región en ámbitos institucionales, sociales y económicos, pero enfrenta serias dificultades en materia de seguridad pública.

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En sintonía con estos resultados, la preocupación social por la seguridad refleja este panorama. La evolución de esta percepción, según encuestas realizadas por Equipos Consultores, indica que la inseguridad, aunque temporalmente desplazada por la emergencia sanitaria del COVID-19, se ha vuelto a posicionar como el centro de las preocupaciones de la población, aumentando del 20% al 43% desde 2020 a febrero del 2023.

- Sofía Harguindeguy y Mateo Barreiro (Grant Thornton Uruguay y Paraguay)