La senda económica del nuevo gobierno de Chile, según el Vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo del país

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Jorge Rodríguez Cabello

ENTREVISTA A JORGE RODRÍGUEZ CABELLO 

Hay consenso político en que los gastos permanentes requieren fuentes de financiamiento también permanentes.

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Gradualismo y responsabilidad fiscal, son conceptos básicos en la estrategia del nuevo gobierno de Chileque asumirá el próximo 11 de marzo. En un panorama ajustado desde el punto de vista de los respaldos en el Congreso, el futuro gobierno encabezado por Gabriel Boric necesita dar “señales claras” y buscar puntos de acuerdo más allá de las fuerzas políticas que le respaldaron en la elección. Para Jorge Rodríguez Cabello (*), vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo de Chile y con participación en los gobiernos de Michelle Bachelet y Ricardo Lagos, el camino “se va viendo en los gestos” del gobierno electo. Entre esos gestos, destaca la designación de Mario Marcel en Hacienda, el anuncio de que no habrá más retiros anticipados de los fondos de pensión y la decisión de acompañar una reducción del presupuesto para este año del 22,5%, luego de las ayudas por la pandemia. A continuación, un resumen de la entrevista.

—¿Cómo define el proceso que vivió Chile durante la pandemia?

—Fue fundamental haber sido fiscalmente responsables en los años anteriores. Eso nos permitió hacer un plan de ayuda como país y eso se pudo financiar gracias a los ahorros de los tiempos de bonanza; además, nos pudimos endeudar a mejores tasas dado que teníamos un bajo riesgo país. Teníamos espalda para reaccionar ante la crisis y los actores políticos y la ciudadanía pudieron valorar que estábamos preparados.
Por otro lado, esta crisis dejo al descubierto varios desafíos. Uno, muy importante, que el marco de regla fiscal que teníamos no era completo, porque no teníamos una cláusula de escape ni la obligación de establecer sendas de convergencia posterior; eso quedó en evidencia porque el gobierno tomó decisiones para aumentar el gasto, pero no tenía un ancla. Es decir, se salió de la regla, pero no tenía claro hasta dónde gastar porque le faltaba una referencia. Ahí faltó la cláusula de escape y la senda de convergencia que mencioné antes. Por tanto, esa es ahora una tarea pendiente: complementar la regla fiscal con esos elementos.

—La nueva administración que ingresará en marzo, ¿está en sintonía con esa visión respecto de la regla fiscal?

—Exacto, sí. La nueva administración está en sintonía con ese diagnóstico. De hecho, ya tenemos aprobado el presupuesto 2022 como país, en el que cae el gasto un 22,5% respecto al año anterior. Es un ajuste muy significativo, incluido en un presupuesto que fue aprobado con el voto de prácticamente todos los partidos políticos en el Congreso. Esa es una primera señal de que hay conciencia, entre los actores políticos de los distintos sectores, de empezar a converger y ordenar las finanzas públicas.
Pero, además, el presidente y su equipo económico, han señalado que están comprometidos con esta visión; han señalado que no necesitan más gasto que el que se aprobó para 2022 y, de ahí en más, harán una convergencia fiscal…

—Pero, seguramente no sea una convergencia fiscal en base a ajustar el gasto, ya que los objetivos de la nueva administración son ambiciosos en la necesidad de aumentar la inversión social…

—Es así, no se trata de ajustar el gasto, porque el programa del nuevo gobierno contiene una reforma tributaria bastante sustantiva. Los equilibrios fiscales se pueden lograr usando dos herramientas, mejorar ingresos o ajustar el gasto; y el gobierno entrante está comprometido a avanzar hacia un equilibrio, pero con un énfasis en tener mayores ingresos.

—Ese 22,5% de contracción del gasto previsto para 2022, ¿está relacionado con el retiro de todos los gastos extraordinarios de 2020-2021 para ayudar a los sectores más perjudicados?

—Así es, y es algo muy resaltable. Se acordó brindar ayudas muy importantes, aunque algunos critican que llegaron algo tarde porque se dispuso de ellas en 2021, pero se trató de un paquete de ayudas muy fuerte como porcentaje del PIB. Lo destacable es que, cuando se asumieron esas medidas, el compromiso fue de retirarlas una vez que la actividad económica retomara su ritmo. Y eso es lo que ocurre este año.
Muchas veces se disponen gastos transitorios y se quedan para siempre, porque políticamente es muy complejo retirarlos. En esta ocasión, el acuerdo fue diferente y se está cumpliendo.

—Teniendo en cuenta que parte de la presión sobre los precios minoristas se basó en los recursos extraordinarios volcados como ayuda, conjuntamente con un nuevo retiro de las AFP, ¿es posible esperar que este año haya una reducción importante de la inflación, que llegó a niveles tan altos en 2021?

—La expectativa es que la parte de inflación causada por condiciones internas, como es el mayor gasto público y los retiros extraordinarios de fondos de pensiones que generaron mucha liquidez en la economía, tenga un efecto transitorio. También hay cierto compromiso de los actores políticos de no seguir permitiendo retiros de los fondos de pensión junto con el orden en la política fiscal. De esa forma, la política fiscal estaría dejando más libre el campo de acción a la política monetaria para que resulte efectiva a la hora de controlar la inflación. Y, efectivamente, el Banco Central ha tomado decisiones de incremento de tasas en forma agresiva, para controlar la inflación. El objetivo de inflación del Banco Central está en 3% anual; no está contemplado que esa meta se logre este año, pero no debería tomar más de dos períodos.

—¿Cómo imagina la transición hacia la nueva estrategia económica que plantea el equipo de Boric?

—El gobierno electo tiene un plan ambicioso de aumento del gasto social y en la búsqueda de un mayor estado de bienestar en algunos aspectos; esos son desafíos de largo plazo, y en Chile hay bastante consenso en que los gastos permanentes requieren tener fuentes de financiamiento también permanentes. El gobierno entrante, para avanzar en sus objetivos, tiene pensado —entre otras cosas— llevar adelante una reforma tributaria que incremente los ingresos en varios puntos del PIB. Eso es a largo plazo.
Pero la coyuntura le hace partir con mayor dificultad. De no haber existido la pandemia, se podrían empezar a implementar los gastos sin tanta urgencia en esos cambios tributarios. Esa reforma tributaria requiere de un acuerdo amplio en el Congreso para ser aprobada y con la gradualidad que corresponda, ya que un incremento tributario muy brusco en un período en el que la economía se está recuperando no sería aconsejable.

—Usted habló de gradualidad. ¿Ese es el concepto que puede definir la estrategia económica del nuevo gobierno?

—El gobierno entrante quiere implementar su plan ambicioso, pero tiene total conciencia de que, para que ello sea sostenible, requiere ingresos equivalentes. Eso tiene que ser ponderado, de acuerdo con lo que vaya marcando la coyuntura. Las autoridades entrantes han hecho referencia que algunos de sus planes son para implementar en cuatro años, pero otros quizás necesiten de un plazo mayor al período de gobierno.
Gradualismo, pero no “porque sí”. Se trata de tener responsabilidad fiscal, esa es la señal.

—¿Son claras las señales en ese sentido, teniendo el gobierno electo una coalición detrás tan diversa en materia económica?

—Creo que en los gestos se va viendo lo que va a suceder. Es muy importante que hayan ratificado ir hacia una convergencia fiscal, que van a aceptar la caída del gasto ese año, así como el nombramiento de Mario Marcel en Hacienda, quien es cocreador de la regla fiscal en Chile. Son señales de que la responsabilidad fiscal está en el corazón de lo que están pensando para el gobierno.

—Usted ha trabajado junto a Marcel. ¿Qué características destaca del futuro ministro de Hacienda?

—Marcel es un economista de prestigio internacional. Tiene una trayectoria respetada por todos los sectores políticos en el país. En segundo lugar, su trayectoria lo ubica detrás de logros muy importantes para el país, como la regla fiscal que recién mencionamos y también ideó los fondos soberanos donde ahorramos los excedentes del cobre. Tiene un montón de políticas públicas concretas que nos muestran su trabajo y aseguran que será una persona que se preocupará y velará por cumplir con los objetivos fiscales.
Tiene una gran capacidad de trabajo, interactúa muy bien con los equipos que le rodean y como dije antes, es valorado en todos los ámbitos. No son características que adornen a cualquier persona.
Cuando comenzó a sonar su nombre para Hacienda, estaba en el Banco Central. Pero reconoció que “había que salir de la zona de confort” para enfrentar los desafíos del país. El sabe que esto no es teoría ni academia, es política pública en toda su concepción. Y está preparado para ello.

—¿Hay espacio en Chile para nuevas cargas tributarias?

—Cuando nos comparamos con los demás países de OCDE, vemos que Chile tiene un mayor peso relativo del impuesto al valor agregado respecto al impuesto a la renta. Tenemos un impuesto al valor agregado muy eficiente, que recauda bastante, pero ese no es un impuesto tan progresivo como el impuesto a la renta. Recomendaciones internacionales nos indican que deberíamos mejora la progresividad de nuestro sistema tributario. Y, además, el sistema tiene demasiadas exenciones a determinados bienes y servicios; hay consenso político en reducirlas. No será sencillo, hay un problema de economía política en sacar esos cambios adelante.
Donde no hay tanto consenso es, en cuáles serán las reformas más efectivas para mejorar la progresividad del sistema. A través de un impuesto a la riqueza, aumentar las tasas máximas de la renta, son discusiones pendientes.

Chile tiene una presión tributaria más baja que el promedio de la OCDE. Y si estimamos la carga tributaria de los países de OCDE cuando tenían el nivel de desarrollo que tiene nuestro país hoy, también observamos una brecha de dos o tres puntos. Conceptualmente, hay espacio.
También hay consenso en la necesidad de avanzar fuertemente en un combate a la evasión impositiva.

—¿Incrementar los royalties del sector minero también es una posibilidad?

—Está en el menú de opciones del nuevo gobierno, pero aún no hay un consenso transversal en esa materia.

—¿Es firme el compromiso de no hacer más retiros al sistema de pensiones?

—El nuevo gobierno ha sido tajante en ello: la idea es mejorar las pensiones y no quitarle recursos. Lo que sí está en carpeta es hacer una reforma de pensiones, y el primer paso fue la pensión garantizada universal recientemente aprobada.

Chile viene evolucionando de un sistema de capitalización individual hacia otro que contempla otras alternativas. Hace unos años se creó un pilar solidario y la idea es seguir fortaleciendo la pata solidaria, transitando hacia un sistema mixto. Es altamente complejo, necesita amplio apoyo político. Los dos últimos gobiernos no lo lograron.
En todos estos temas, tampoco debemos desconocer que estamos en un proceso constituyente, donde estamos discutiendo las reglas fundamentales de nuestro sistema político, y eso genera lógicamente incertidumbres.

—La reducción de la desigualdad es un tema central del nuevo gobierno. ¿Porqué ha costado tanto en Chile?

—El punto de partida era muy desigual, pero hay que reconocer lo hecho en los últimos treinta años. Hubo una reducción muy significativa de la pobreza, que ahora lamentablemente va a mostrar cierto retroceso. También hubo reducción de la desigualdad en determinadas áreas, como el acceso a la salud o la educación, pero es cierto que el énfasis se puso en primer lugar en disminuir la pobreza. Quizás, el objetivo ahora deba ser avanzar en la desigualdad.

—Dado que es un tema de reciente aplicación en Uruguay, ¿qué papel le otorga en este proceso a la regla fiscal que se aplica desde hace más de 10 años en Chile?

—Es más correcto hablar de institucionalidad fiscal que de regla fiscal. Porque eso denota que lo que se necesita es un sistema integral, que vele y contribuya con la sostenibilidad. Una regla por sí sola no va a hacer la magia. Por tanto, la hemos ido perfeccionando y como mencioné antes, hay necesidad de ajustar algunas cosas. La virtud es haber constituido esta institucionalidad fiscal: la regla, los fondos soberanos, la transparencia y, desde hace dos años, la existencia de un consejo fiscal autónomo.

—¿La sociedad ha incorporado esos conceptos como un valor?

—Diría que algunos conceptos básicos están bastante instalados en el mundo político y la ciudadanía. La necesidad de que los gastos permanentes tengan correlato con los ingresos permanentes, es una muestra de ello. Hace unos días, en la discusión sobre una pensión garantizada universal en el Congreso, el tema de fondo fue la financiación, y de las negociaciones políticas salió un proyecto con mayor financiación. Eso es un claro ejemplo.

Por otro lado, es un desafío que la ciudadanía entienda que la sostenibilidad fiscal es importante. Como Consejo Fiscal Asesor, tenemos la tarea de explicarle a la ciudadanía de manera simple porqué eso es importante. Y esa explicación a veces no nos resulta sencilla a los economistas. En el consejo fiscal hemos preparado algunos informes explicando que un país sostenible, con bajo riesgo país, permite tener bajas tasas de interés y eso se traspasa a la gente cuando pide un crédito para comprar su vivienda, por ejemplo. O que, países que son sostenibles no tienen que recortar abruptamente su gasto social. Ese tipo de cosas le van haciendo sentido a la ciudadanía.

Jorge Rodríguez Cabello es economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Actual vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo de Chile.
Fue Subdirector de la Dirección de Presupuestos de Chile (2014-2018) y Jefe de Estudios de la misma institución (2006-2010). Se ha desempeñado como investigador senior en la Corporación de Estudios para Latinoamérica - CIEPLAN (2010-2014), y como asesor del Ministerio de Hacienda de Chile (2004-2006). Adicionalmente ha realizado consultorías en políticas públicas para diversos gobiernos de Latinoamérica, y es autor de variadas publicaciones en las áreas de presupuesto público, políticas sociales y política fiscal.

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