Nicole Perelmuter (*)

El sur de América Latina acaba de atravesar el primer “episodio triple” del fenómeno de La Niña del presente siglo. Este fenómeno, que comenzó en septiembre de 2020 y fue catalogado por la Organización Meteorológica Mundial como la peor sequía desde 1944, ha generado importantes consecuencias a nivel productivo y social, que incidieron en el desempeño económico de los últimos años y marcarán la evolución de la economía durante 2023.

En efecto, la falta de lluvias está impactando fuertemente sobre los sistemas ganaderos, incluyendo reducción en los forrajes y problemas para el abastecimiento de bebida para los animales. Los cultivos registran mermas históricas en sus rendimientos, generando pérdidas para los productores agropecuarios. La prolongada sequía pone en riesgo también la provisión de agua potable para distintas poblaciones de la región e incrementa el riesgo de incendios, lo cual resulta potenciado en un contexto de elevadas temperaturas.

En Argentina, por ejemplo, la Dirección Nacional de Riesgo y Emergencia Agropecuaria identificaba en marzo más de 24 millones de bovinos, 11.4 millones de hectáreas y 726.000 hogares en riesgo. A principios de marzo, la Bolsa de Comercio de Rosario estimó que las pérdidas por la sequía, sumando la caída de las exportaciones en trigo, maíz y soja y los servicios asociados, rondarán los US$ 19.000 millones (2,8% del PIB). Si se suman las exportaciones de aceites, harinas y biodiesel que se obtienen por el procesamiento de los granos, la caída de las exportaciones se ubicaría en US$ 21.740 millones (3,2% del PIB), un 39,1% menor a la campaña anterior y un 39,6% menos que lo proyectado al momento de las siembras (septiembre).

En Bolivia, el déficit hídrico se hizo sentir a finales de 2022. Desde el sector agrícola local estimaron una baja en la producción de cultivos como la papa, el maíz y el sorgo, y la afectación en las cadenas avícolas, porcina, lechera y ganadera. En diciembre se estimaban más de 102.440 familias y 140.852 hectáreas de cultivos afectados por la falta de lluvias.

El gobierno chileno anunció que el país atraviesa la más profunda y extensa sequía de su historia, en particular en la zona comprendida entre Atacama y La Araucanía. Prácticamente la mitad de las comunas del país presentan riesgo de desertificación, amenaza que podría afectar a más de seis millones de habitantes (38% de su población).

En Paraguay la sequía desencadenó una serie de efectos que se tradujeron en 2022 en caída de la actividad económica; mayor desempleo; presiones inflacionarias en alimentos; reducción de las exportaciones del principal cultivo del país (soja) y, por ende, menor ingreso de divisas. Estimaciones preliminares del Instituto de Biotecnología Agrícola (Inbio) apuntaron a un rendimiento promedio de 979 Kg/ha, el menor registrado en los últimos 25 años durante el primer semestre de 2022. Como resultado, la producción de soja se contrajo 66,1% frente a la campaña 2020/2021.

El caso uruguayo

En Uruguay, a comienzos de febrero la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) estimaba que la sequía actual tendría un costo directo de aproximadamente US$ 1.175 millones (cifra que representa aproximadamente el 1,7% del PIB). En dicha estimación se identificaba a la agricultura del secano como el área más afectada, con un costo de US$ 490 millones y un total de 1.08 millones de toneladas no cosechadas. Le siguen la ganadería de carne, con un costo de US$ 440 millones, resultado de los terneros no nacidos y la pérdida de peso del ganado. Las praderas perdidas tendrán un costo de US$ 145 millones y la lechería US$ 100 millones, debido a la caída en la remisión y el costo de la suplementación adicional. También resultan afectados el arroz, la forestación, la viticultura y la horticultura. Estos costos probablemente serán mayores y podrían ubicarse en torno a US$ 1.800 millones (2,5% del PIB aproximadamente), dado que desde que se realizó la estimación y hasta mediados de marzo, no se registraron lluvias significativas.

En un país en el cual, en promedio, el 97% de la generación de energía eléctrica es de fuentes renovables, la sequía ha obligado a recurrir de vuelta a la generación térmica y más recientemente a la importación. En enero la producción de energía hidráulica de las Centrales del Río Negro y Salto Grande fue solo del 21%, cuando normalmente representa del orden del 45% del total. Producir en base a térmica es costoso, debido a la necesidad de importar combustibles. Además, implica la generación de menor valor agregado en el proceso productivo, y mayor generación de gases de efecto invernadero para el conjunto de la economía. En este contexto, la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) comenzó a importar energía eléctrica, fundamentalmente desde Brasil, lo que representa un ahorro respecto a la generación térmica, pero un sobrecosto respecto a la tradicional generación de base hidro.

La falta de lluvias ha puesto en riesgo la provisión de agua potable en distintas ciudades del país. En este contexto, la empresa estatal OSE llegó a prohibir el uso de agua potable para fines no prioritarios en distintas áreas del país, incluyendo la capital, Montevideo.

La cuantificación de estos impactos pone en evidencia la necesidad de tomar medidas que contribuyan a mitigar los impactos de las sequias, de modo de reducir la vulnerabilidad de los países de la región. Promover el manejo eficiente del agua, anticipar los eventos climáticos y desarrollar seguros para los productores agropecuarios, permitirían incrementar la resiliencia de los países a este tipo de eventos.

El apoyo multilateral

En este contexto, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, cuenta con distintos instrumentos de apoyo técnico y financiero para contribuir a mitigar los impactos de las sequías. Dentro de estos instrumentos se destacan recursos de cooperación técnica no reembolsable provenientes del Fondo de Desarrollo Humano (FONDESHU) para atender a las poblaciones más vulnerables frente a este tipo de eventos. Además, CAF puede apoyar con montos significativos de pre- inversión no reembolsables, en el diseño de estudios finales asociados a la ejecución de obras dirigidas a mitigar los impactos generados por la sequía en el mediano y largo plazo. En materia de financiamiento, CAF pone a disposición de los gobiernos líneas de financiamiento de emergencia en condiciones financieras muy ventajosas. Finalmente, y con el objetivo de seguir posicionándose como Banco Verde de la región, CAF otorga beneficios financieros para proyectos que contribuyan a la mitigación de los efectos del cambio climático en los países de la región. El apoyo financiero es complementado con apoyo de los técnicos de CAF, contribuyendo asimismo a socializar experiencias exitosas a lo largo de sus países miembros.

(*) Economista Principal, Dirección de Estudios Macroeconómicos de CAF.