Las soluciones a nuestros problemas no pasan por seguir haciendo las cosas del mismo modo que las hacemos desde siempre. Pero tampoco pasan por las recetas que con ligereza se suelen ver en las redes sociales: “hay que bajar impuestos” o “hay que eliminar el monopolio sobre los combustibles”.

En el casode los combustibles, el menor de los problemas es el monopolio. Es el factor que menos incide (si es que incide) en el sobreprecio que tienen en nuestro país vis a vis los otros países que habitualmente se comparan. Los impuestos, el dólar barato y políticas públicas ajenas a la esencia de la empresa (Bella Unión, cemento, distribución y comercialización, super gas) sí explican la referida diferencial de precios. Sacar el monopolio ceteris paribus (es decir, dejando constante todo lo demás) no daría lugar a precios más bajos que los actuales, pero aún con el monopolio vigente, si aquellas cosas cambiaran, sí tendríamos combustibles más baratos. Hablando en plata, si el Estado le reembolsara a Ancap los recursos que ésta utiliza para financiar las políticas referidas, los combustibles podrían bajar varios pesos. Para quien esté interesado en profundizarlo, este tema lo desarrollé en mi columna del 27 de junio de 2021, titulada “Cómo ir a menores precios de los combustibles”.

Con respecto a que hay que bajar impuestos, quienes lo proclaman olvidan que, si sólo se hace eso, habrá más déficit fiscal del muy alto que ya tenemos (4,3% del PIB, a julio). Antes de bajar impuestos se debe bajar el presupuesto de modo de ir a un déficit del orden de 2% del PIB. Y después de hacer esto, se debe volver a bajarlo para recién entonces poder reducir impuestos. O sea que no es una solución per sé y mucho menos, inmediata.

El País

Algunos, que hemos perdido casi toda nuestra esperanza en que algún día el presupuesto baje y que tenemos poca en que se aprueben reformas estructurales que logren subir significativamente nuestra tasa de crecimiento económico, a veces proponemos subidas impositivas para “cerrar las cuentas”, y somos criticados por los ignorantes de la aritmética fiscal.

Porque lo primero es lo fiscal, más allá de cómo se llegue al objetivo. Si no, pregúntenle a Milei, ciertamente más liberal que nuestros liberalotes de Twitter, que además de licuar el gasto público con inflación, en materia de impuestos ha dispuesto aumentos para alcanzar el superávit fiscal.

En todo caso, más que bajar impuestos, lo que nuestro sistema tributario se merece es una mejoría que pase por revisar algunos impuestos y algunas exoneraciones, que dan lugar a un tratamiento muy desigualitario para los contribuyentes.

Pero más allá de que se puedan bajar impuestos netos o no, creo que lo más relevante está en el otro lado del balance fiscal, en los gastos estatales, en el presupuesto.

Y allí nos encontramos con el absurdo de que cuando hay que hacer algo nuevo o hay algo a lo que destinar más recursos, lo primero que se piensa es en cómo financiarlo con impuestos y no con reasignaciones de gastos. Porque, así como es razonable que haya cosas nuevas para hacer, también lo es que haya cosas viejas para dejar de hacer.

Se puede entender que se deban asignar recursos a enfrentar la pobreza infantil, para nuevas funciones del Estado en materia ambiental o para ampliar fiscalías y juzgados. ¿Pero nunca se pueden encontrar cosas a las que ya no hay que dedicarse más? ¿Todo lo que se hace desde siempre se debe seguir haciendo, y del mismo modo? ¿Por qué, a pesar de la tecnología, no se ha logrado abatir el número de funcionarios?

El año que viene el nuevo gobierno se va a proponer asignar recursos para terminar con la pobreza infantil. He visto que hay, felizmente, unanimidad al respecto o sea que no importa quién gane las elecciones para hacer este análisis. Se trata de US$ 355 millones lo que se requiere, según reciente estudio de Unicef, para sacar de la pobreza a todos los hogares donde hay niños pobres. Con cifras al mes de julio, el déficit fiscal es de US$ 3.401 millones, mientras que los egresos primarios y corrientes del Gobierno Central más el BPS (remuneraciones, pasividades, gastos no personales y transferencias) son de US$ 21.535 millones. A todo esto, la recaudación de la DGI alcanza a US$ 13.184 millones.

Asignar aquellos US$ 355 millones a la política contra la pobreza infantil, implicaría un aumento imposible del déficit (que ya es insostenible en los niveles actuales), por lo que debería dar lugar a recortes presupuestales por el 1,6% del gasto actual o a aumentos impositivos del 2,7% de la recaudación actual (por ejemplo, equivale al 93% del producido del IASS o el 87% de la recaudación del IMESI al tabaco y a los automotores).

Y por mencionar otros impuestos, que suelen ser referidos por aquellos que siempre quieren subir los que pagan otros, están el impuesto al patrimonio (IPAT) y el IRPF a las rentas del capital. Una vez más considerando las cifras a julio, el primero recauda US$ 776 millones y el segundo US$ 486 millones, impuestos que fueron introducidos (el IRPF) y ajustados (el IPAT) como resultado de la reforma tributaria de 2007. Sí, la de Astori y su equipo, que ponderaron ideología y realismo. Si hubiera sido razonable proceder como ahora se plantea, con esos impuestos produciendo una recaudación considerablemente mayor a la actual, ¿no lo hubieran hecho entonces?

Ciertamente, viendo los números anteriores, lo más sensato sería recortar el presupuesto en 1,6% a efectos de generar el espacio fiscal que permita financiar un aumento en las partidas destinadas a abatir la pobreza infantil. O sea, sólo uno de cada 60 pesos que gasta el Estado. ¿Es demasiado? ¿No hay dónde ponerlo a dieta?

Habría una manera diferente de hacer las cosas: atacar, de una vez, los rubros presupuestales que son pasibles de ser ajustados. Pero no se ve quién sepa, pueda y quiera ponerle el cascabel al gato. Liderazgo, se busca.