Ha comenzado ya la marcha de las fuerzas políticas que se enfrentarán en la contienda electoral de este año y, como es costumbre, se multiplican solo las críticas entre quienes van a la competencia.

Eso no es malo, pues es una forma de trasmitir muchas de las cosas que el elector común debe saber pero que, por razones diversas, le pasan o le han pasado inadvertidas. El problema se presenta cuando las críticas no tienen el fundamento de lo que es o ha sido la realidad: lo que la evidencia empírica no ratifica. Entre muchas de las críticas que se escuchan hoy día, sobre todo de parte de la oposición a la actual administración, se destaca la que insiste sobre el deterioro de la situación del mercado laboral, sin referencia alguna a la de años previos al actual y, en particular al de la finalización de la administración de gobierno anterior hace ya cuatro años. Se trata de una afirmación que no tiene el fundamento empírico que la respalde. La reiteración de una crítica que no es real, obliga a que se vuelva a plantear lo que ha ocurrido en los últimos cuatro años al cierre de 2023.

Algunos antecedentes

Como en cualquier otro mercado, en el mercado laboral existe, por un lado, la demanda de trabajadores por las empresas y otras entidades e instituciones que usan al trabajo como factor de producción en su actividad. Y por otro lado existe la oferta de los servicios del trabajo por parte de las personas que deseen trabajar. Como consecuencia de la oferta y de la demanda señaladas, surge la retribución salarial. Para poder extraer una conclusión sobre la situación del mercado laboral, es entonces necesario analizar qué es lo que ha pasado con esas variables desde que en 2020 asumiera la administración de gobierno actual y la denominada coalición republicana, responsables todas sus facciones integrantes de lo ocurrido en ese mercado.

Es interesante señalar desde el comienzo que en el lapso 2011-2014, en cuatro años de los cinco del gobierno del presidente José Mujica, el promedio del desempleo fue 6,3%, tasa que no se volvió a dar desde entonces. Pero es importante señalar también que ese registro ocurrió simultáneamente con un aumento de contrataciones de funcionario públicos de más de 44 mil personas lo que elevó el número de empleados en el sector público a más de 63 mil desde 2005, el año inicial del gobierno del Dr. Tabaré Vázquez. Se trató de una política de empleo que se procuró financiar con la implantación del IRPF y del IASS, gravámenes cuya recaudación alcanza hoy a 3.788 millones de dólares anuales, que representan el 22% de la recaudación total de la DGI y que no lograra el objetivo de abatir ni el déficit fiscal ni el endeudamiento creciente del sector público por la gestión de aquella administración. En plena revolución digital, sustitutiva con ventajas de la mano de obra, se aumentó significativamente el número de funcionarios vinculados al sector público con un costo importante para la sociedad uruguaya en su conjunto.

Situación actual

Pero yendo a un análisis de la situación del mercado laboral más cercano, para ver si la evidencia empírica ratifica las críticas que se plantean en esta previa a las elecciones en relación con la oferta y la demanda, así como con la retribución salarial en ese mercado, es interesante plantear lo ocurrido en los últimos cuatro años. Todo esto, a pesar de los graves factores exógenos que han afectado al funcionamiento normal de la actividad económica al imponer serias restricciones a la aplicación que se esperaba de la política macroeconómica. Difícilmente se pueda pasar por alto lo que han significado para el mercado laboral la pandemia; la recuperación mundial tras ella con el aumento de los precios de bienes y de la logística internacional; la guerra de Rusia y Ucrania; la crisis de Argentina con sus efectos particularmente sobre el litoral de nuestro país; el alto nivel de la tasa de interés de Estados Unidos —la variable central del sistema capitalista—; las actuales disputas en Medio Oriente y otras cosas por el estilo.

No obstante, todos esos factores que la experiencia muestra los efectos adversos —desempleo y caída de ingresos— que han tenido sobre el mundo y sobre la región, al cabo de cuatro años de gobierno de la actual administración, el mercado laboral se presenta mejor, tanto en su situación actual como en la tendencia de sus componentes, relativo a su situación en febrero de 2020 y la tendencia que traía el empleo en aquel año. Los datos que paso a comentar se pueden verificar en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), que surgen de la Encuesta Continua de Hogares que la institución realiza mensualmente.

Desde el punto de vista cuantitativo, la tasa de desempleo en diciembre de 2023 se ubicó en 7,8% de la población económicamente activa, tasa significativamente menor que la de 10,5% de paro forzoso que había en el umbral de la asunción de la actual administración. La tasa de empleo se ubica hoy, por encima de la de hace cuatro años ante un aumento de los puestos de trabajo del orden de las 198 mil personas de acuerdo con el INE. Datos del BPS muestran además, que las personas en seguro de paro son, al finalizar 2023, 4 mil menos que en febrero de 2020. Desde el punto de vista cuantitativo los datos del organismo oficial muestran una mejora importante del empleo. Y desde el punto de vista de la retribución real, los datos del INE muestran la recuperación que ha tenido la pérdida del poder de compra que hubo en el lapso de la pandemia y se puede anticipar que con los ajustes salariales que hubo a partir de enero, sobre los que aún no hay información oficial, se ha superado el nivel que tuviera el salario real en el año final de la administración anterior.

En definitiva, lo que se puede asegurar con la evidencia disponible es que, a pesar de los factores exógenos adversos ya mencionados, la situación del mercado laboral ha mejorado en relación a lo que era y la tendencia de deterioro que traía, al comienzo de la actual administración de gobierno.