Hasta las elecciones generales de fines de octubre y la eventual de noviembre, nuestra población se verá acribillada con propuestas que, no en todos los casos, serán bienvenidas por la totalidad de nuestros ciudadanos. Algunas serán de cambios para elevar el bienestar general, pero otras, de naturaleza macroeconómica y microeconómica, de concretarse, lo afectarán muy negativamente. Serán propuestas de los partidos en pugna por la conducción del país de los próximos cinco años y otras de la central sindical. En este caso, el PIT-CNT ha propuesto la modificación del sistema jubilatorio actual, lo que tendría severas consecuencias macroeconómicas adversasen caso de ser aprobada en la consulta popular de octubre, y la disminución de horas de trabajo manteniendo la retribución.

Menos trabajo

Cualquier economista o persona que razona, sabe bien que si en un mercado laboral existe desempleo, es porque la cantidad de personas que desean trabajar a un salario que es mayor que quienes demandan servicios laborales desean pagar —el de equilibrio entre la oferta y la demanda laboral—, no conseguirá empleo. Implica en definitiva que la cantidad demandada de personas por las empresas, para ocupar puestos de trabajo, es menor a la que procuran empleo a salarios mayores al que determina el equilibrio. El desempleo es algo muy fácil de entender. Si se plantea el reclamo de menos horas de trabajo semanal manteniendo la misma remuneración, estamos frente a la solicitud de un aumento de salarios. De hecho, lo que se reclama, si se concede, se traduce en un aumento de los costos de las empresas que se reflejará, si es posible, en un aumento de precios del fruto de su actividad y, ante la misma demanda del mercado por el producto final, la cantidad a producir será menor y la demanda derivada por la mano de obra de la producción declinará. Una reducción de las horas de trabajo no afectará a la retribución y a la cantidad de trabajadores solo si la actividad que se considera está enfrentando un monopsonio, es decir, que usa trabajadores de un sindicato que son únicos para prestarle sus servicios. Pero eso ya está seguramente internalizado en las relaciones laborales actuales entre ellos. Ese análisis requiere obviamente, negociaciones de cada empresa —que conoce su situación y su equilibrio económico financiero—, con su sindicato particular, ni siquiera con el sectorial y, menos aún, con la cúpula sindical.

De todos modos, el planteo de “menos horas igual salario” es sumamente atractivo cuando la ignorancia es lo que predomina, tanto por el lado de quienes hacen la propuesta para las que emplean razones que la evidencia muestra que no se concretarán, como de quienes reciben la iniciativa de que sus horas de ocio pueden aumentar sin considerar sus consecuencias, que pueden ser algunos de los que perderán trabajo por su sustitución por una máquina o por otra persona de mayor capital humano o eficiencia. Siempre recuerdo y siempre lo digo, lo que afirmaba con evidencia empírica abundante, un premio Nobel de Economía de Chicago, Gary Becker: la ignorancia es desestabilizadora.

Otro sistema

Imaginemos que se vote favorablemente la propuesta de reforma previsional que impulsa el PIT-CNT y que, como se propone, se reduzca la edad mínima jubilatoria; se elimine el actual sistema previsional mixto; se eliminen las AFAP y que, además, se confisquen 24 mil millones de dólares equivalentes a 30% del PIB que pertenecen a 1.500.000 trabajadores. Olvidémonos de lo que se ha dicho sobre cuánto habría que aumentar el IVA por ejemplo para cubrir la situación, y otras cosas por el estilo. Yo iré por otro camino y señalaré lo que a mí me parece —y lo digo con respeto profesional—, serían las consecuencias macroeconómicas de una violación tan flagrante de los derechos de propiedad.

No me cabe duda que habría, por un lado, una corrida contra el Banco Central, contra la renovación de 9.600 millones de dólares de letras de regulación monetaria al finalizar julio, con vencimientos parciales diarios durante un año. Y eso, a pesar del aumento significativo que tendrían las tasas de interés. Se multiplicaría por tres veces y media la emisión de dinero en circulación y el público inversor y las instituciones financieras que lo recibirían —neto de lo que tengan las propias AFAP que no podrían usarla— se emplearía para la compra de dólares, lo que haría trepar considerablemente el valor de la moneda norteamericana y esa devaluación, a su vez, redundaría en aumento significativo de precios, de la inflación, en altas tasas de interés y en una pronunciada caída de la producción, del empleo y del salario real. Pero aun agravando esa situación, se debe considerar que en los doce meses de noviembre 2024 a octubre 2025, las necesidades de recursos financieros del sector público no financiero —gobierno central y BPS— serán como mínimo, las actuales, es decir de 7.800 millones de dólares por el déficit operativo a cubrir, más los intereses y vencimientos de créditos que se hacen exigibles en un año. Obviamente, con el flagrante desconocimiento de los derechos de propiedad que produciría la reforma y las consecuencias inmediatas que eso traería, tanto el sector privado como el sector público no tendrían acceso al crédito por más que se desee, pues no serían capaces de un repago digno de esos préstamos.

En definitiva, marcada y duradera recesión con alto desempleo y caída pronunciada del salario real, muy alta inflación y pérdida significativa de reservas del Banco Central serían consecuencias relativamente inmediatas de una propuesta a la ciudadanía, que conocidas estas consecuencias, no podrían ser aceptadas si “todo se sabe”. Y como Becker afirmaba, la ignorancia tanto de quien propone como de la de a quienes se les propone, es desestabilizadora.