El episodio protagonizado por el presidente de la Cámara de Diputados, con su oposición a la Teletón, pone en discusión principios esenciales de nuestro estado de derecho que han sido muy notorios en el agro.

Me refiero a lo que técnicamente se conoce como la subsidiariedad fiscal, concepto ampliamente desarrollado por la literatura moderna en materia de responsabilidad social y ética.

En rigor, la subsidiariedad fiscal deriva del simple principio de subsidiariedad, según el cual no corresponde a las sociedades mayores, como por ejemplo el Estado, hacer lo que pueden realizar las sociedades intermedias. O dicho de otra manera, que hay una secuencia hasta la intervención estatal, que arranca en la acción del individuo, después de las familias, luego de las entidades sociales, y solo en subsidio, es decir cuando todas ellas no pueden realizar el propósito social, se va pasando la gestión a organizaciones crecientemente mayores, y finalmente al Estado. Así por ejemplo, la educación es un derecho de los individuos, de las familias, y solo cuando se organizan y no llegan a ejercer su derecho, lo delegan en el Estado. Al revés de lo planificado en la Unión Soviética: allí se concebía que el Estado es el que educa, y los padres solo podían aceptar lo que monopólicamente se les ofrecía. Lo mismo ocurre en las actividades económicas, que son un derecho de la gente, y no corresponde al Estado realizarlas desplazando la libertad de los ciudadanos como ocurre en tantos casos. Ni que hablar con la solidaridad: no es el Estado el responsable de ella, ni le corresponde la valoración ética de las distintas acciones de ayuda. Es por delegación, solo por delegación, que el Estado hará lo que la representación social le mande. Rechina por tanto que el gobierno organice la solidaridad, determine qué es bueno y malo, establezca prioridades de ayuda, y solo le deje a los particulares asentir y pagar. Por eso irritan tanto también los permisos previos que hay que lograr para tantas cosas, que suponen que la facultad de trabajar es un permiso que el Estado concede o no, como si fuera dueño de lo que va cediendo caso a caso.

En lo que refiere a las ayudas como la de la Teletón u otras, la subsidiariedad debe verse como una ayuda a la persona, a través de la autonomía de los cuerpos intermedios, como por ejemplo lo es esa organización.

Por otra parte, el principio de subsidiariedad que tan bien recogen las organizaciones dedicadas a diferentes tipos de asistencia, constituye el antídoto más eficaz contra cualquier forma de asistencialismo paternalista: esto último es el Mides. Es asimismo el principio de subsidiariedad una cabal expresión de la libertad humana. Por tanto la solidaridad organizada desde el Estado sin participación de la sociedad es una forma de agravio a la libertad y no tiene el menor mérito. Por eso cuando un gobernante apela a la solidaridad para cobrar impuestos se equivoca: nada tiene que ver una cosa con la otra.

En todos los terrenos pero mucho más en el medio rural en el que siempre ha sido así, una posibilidad de ayuda puede venir de la aplicación eficaz de la llamada subsidiariedad fiscal, que permitiría a los ciudadanos decidir sobre el destino de una parte de los impuestos que pagan al Estado. Esto puede ayudar a fomentar formas de ayuda social desde la base. Cuando la gente se organiza para ayudar a los minusválidos, o para armar instituciones de enseñanza, o para arreglar un camino o una escuela, o para poner una alcantarilla, u organizar un comedor o un orfanato, están ejerciendo un derecho que viene de aquel principio fundacional. Y si lo hacen derivando una parte de sus impuestos no es verdad que se los sacan a todos como lo señaló el presidente de la Cámara. Es al revés. El dinero de los contribuyentes tiene prelación en su uso en atender si fuera posible las necesidades que cada uno en sus instituciones intermedias quisiera realizar.

En este sentido, la posibilidad de utilizar una parte del impuesto a la renta en acciones de este tipo debe extenderse mucho más, no por una cuestión de eficacia o generosidad, sino para devolver a cada uno sus funciones. Qué lugar mejor hay que el medio rural para aprovechar fortaleciéndolas, las organizaciones intermedias capaces de resolver algunos problemas locales por sí mismas. No van a ir al BID a pedir plata para una carretera, pero van a poder gestionar, quizás con el apoyo de sus intendentes, muchas iniciativas, no por eficacia sino porque es su derecho, que antecede al del Estado. Todo al revés de lo que decía Sánchez, que parece soñar con un gobierno que lo regula todo, que establece incluso qué es lo éticamente mejor; me recuerda a los que quitaron la adopción de chicos a organizaciones religiosas, a los que sueñan con el monopolio de la educación contra iniciativas como Impulso o el liceo Jubilar, que están contra la Teletón, contra la salud privada, la universidad privada o cualquier otra expresión de la libertad de la gente de hacer lo que tienen derecho a hacer, también con un parte de sus impuestos.

Julio Preve Folle