OPINIÓN

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No soy uno de esos progresistas que creen que la avaricia de las grandes empresas es la raíz de todos los males. Es la raíz de solo unos cuantos males; hay otras fuerzas oscuras, en especial el nacionalismo blanco, que acosan al cuerpo político estadounidense. Pero el dinero empresarial es sin duda el villano que hay detrás del obstáculo más reciente al programa del presidente Biden: la oposición de la senadora Kyrsten Sinema a que se derogue la gran rebaja del impuesto de sociedades aplicada por Donald Trump en 2017. Al fin y al cabo, Sinema, que por aquel entonces estaba en la Cámara de Representantes, votó contra esa rebaja fiscal. Y la atacó al año siguiente, en su campaña electoral para el Senado.

Dado que la subida de impuestos a las grandes empresas goza de un abrumador respaldo ciudadano, es difícil encontrar alguna razón para el cambio de opinión de la senadora que no sea la fuerte presión de las corporaciones contra el plan Reconstruir Mejor.

Es una historia inquietante. Pero esto es lo que necesitan saber: si bien la rebaja fiscal de Trump fue mala y debería derogarse, ahora mismo no es esencial que recuperemos los ingresos perdidos. Si los elementos clave del programa de Biden —invertir en niños y en proteger el planeta frente al cambio climático— tienen que pagarse en parte mediante deuda, no hay problema. Ciertamente sería mejor que dejar de hacer esas inversiones.

Respecto a la rebaja tributaria: la Ley de Rebajas Fiscales y Empleo se vendió mediante afirmaciones de que la reducción del impuesto de sociedades induciría a las empresas a repatriar el dinero que habían invertido en el extranjero, lo que provocaría un gran aumento de la inversión empresarial que a su vez aumentaría la productividad y los salarios. Se trataba de un relato un poco más creíble que la habitual justificación para las rebajas fiscales: la afirmación de que dará a los que ya son ricos un incentivo para trabajar más.

Pero no ocurrió nada de eso. Sobre el papel, la rebaja fiscal pareció causar, en efecto, una repatriación de dinero a Estados Unidos, aunque por poco tiempo. Durante unos trimestres después de la rebaja, las multinacionales declararon que sus filiales en el extranjero estaban desinvirtiendo y enviando sus beneficios al país mediante el aumento de los dividendos pagados a sus matrices. Pero se trató de una incidencia pasajera, no de un cambio de conducta sostenido. Y no hay indicios de que la rebaja fiscal condujera a un aumento de la inversión empresarial en Estados Unidos, más allá del que sería de esperar dada la situación económica.

La interpretación más verosímil de los datos es que rebajar los impuestos de sociedades no ha tenido ningún efecto económico. Aunque las empresas declaran haber invertido grandes cantidades en el extranjero, se trata en buena parte de una ficción contable perpetrada para trasladar los beneficios declarados a jurisdicciones con baja fiscalidad como Irlanda. La bajada de impuestos en Estados Unidos redujo el incentivo para sostener esa ficción, de modo que parte del dinero volvió a registrarse en los libros de la empresa matriz. Pero no ocurrió de hecho nada real. De modo que la rebaja fiscal de Trump ha sido el más reciente de una serie de regalos a los ricos que se vendieron con pretextos falsos. Y a la senadora Sinema debería darle vergüenza ayudar a los intereses empresariales a perpetuar esta estafa. Dicho esto, el programa de Biden no necesita los ingresos derivados de una subida del impuesto de sociedades.

La resolución presupuestaria que permitirá avanzar en relación con el programa, si se logra convencer a Sinema y al senador Joe Manchin, no requiere que se paguen todas las inversiones en el futuro. De hecho, permite un endeudamiento de hasta 1.75 billones de dólares. Y si la oposición del ala corporativa del Partido Demócrata —¿podemos dejar de llamarlos moderados?— impide aumentar los impuestos, mejor endeudarse que dejar de invertir.

¿Deberíamos preocuparnos de que un aumento de la deuda amenace la solvencia de Estados Unidos? No. El tipo de interés de la deuda federal a largo plazo es de solo un 1,65%, de modo que, incluso si añadimos 1.75 billones a la deuda, los gastos anuales en intereses aumentarían solo unos 30.000 millones de dólares, o el 0,15% del producto interior bruto, un porcentaje insignificante. Y hasta este cálculo exagera la verdadera carga de endeudamiento, que debería calcularse usando el tipo de interés real, es decir, el ajustado a la inflación, que es negativo.

¿Y respecto a las preocupaciones de que el gasto financiado con déficit pudiera resultar inflacionario? Insisto, es importante hacer números. Si Estados Unidos acabara aumentando su deuda en 1.75 billones, sería en el transcurso de una década, no en un solo año, y la Oficina Presupuestaria del Congreso proyecta que el PIB total en la próxima década será de 288 billones de dólares. De modo que, aunque pudiera parecer que hablamos de un gasto deficitario enorme, el déficit adicional sería solo del 0,6% del PIB, que sencillamente no es para tanto.

De hecho, teniendo en cuenta estos cálcu¬los, podrían preguntarse por qué Biden ha querido alguna vez subir los impuestos lo suficiente como para financiar por completo su programa. La respuesta, creo, está más relacionada con la política que con la economía: se suponía que si lanzaba sus planes como unos planes neutros desde el punto de vista del déficit, tranquilizaría a aquellos políticos que no se han puesto al día con el actual pensamiento económico convencional, y que siguen viendo los déficits como una gran amenaza.

Sin embargo, a estas alturas, parece que, si se alcanza, el acuerdo presupuestario definitivo deberá suponer un endeudamiento considerable. Y eso no es malo. Podemos deplorar la influencia empresarial capaz de bloquear algunos aumentos de impuestos justificados, pero endeudarse para invertir en el futuro no es malo en sí. A ver, las empresas lo hacen constantemente, de modo que los demócratas deberían atreverse.