En la columna pasada describimos las maneras que se utilizan para transferir partidas a los Gobiernos Subnacionales, básicamente, i) dinero de uso discrecional por parte de quien lo recibe, ii) dinero con un propósito especial convenido entre las partes y, iii) una partida que sólo se paga si se obtiene un determinado resultado, naturalmente también en base a lo convenido previamente por las partes.

En Uruguay el total de transferencias desde el Gobierno Central ronda el 0,9% del PBI, de las cuáles 83% son para gastos de funcionamiento donde, de éstos, más del 95% (79% del total) es “dinero desde el helicóptero” —uso discrecional del receptor— y el restante 17% se destina a inversión, casi en su totalidad en programas donde el Poder Ejecutivo acuerda el destino. Por su parte, la partida asimilable al pago contra el logro de determinado objetivo sería la que se denomina “compromisos de gestión”, pero ésta no solamente es de reducida dimensión, sino que los compromisos en sí, significan poco y nada y, muchas veces, sin cumplirse de todos modos se abonan mediante dispensas. Basta decir que en general ¡se cumplen al 100%! Siempre hay buenas razones para justificar que no se pudo cumplir. Luego están los fondos de propósito especial, en el orden del 20% del total los que, en los hechos, son los únicos que verdaderamente han logrado las mejoras que todos podemos ver en la infraestructura de ciudades fuera y dentro de Montevideo[1]. Dentro de estos últimos se destacan los programas de Caminería departamental; mantenimiento de la red vial departamental; Desarrollo y Gestión Subnacional; infraestructura del área metropolitana, además de parte relevante del Fondo de Desarrollo del Interior. Por cierto que estos programas no son perfectos, y que en ocasiones se utilizan de manera poco y nada productiva pero, sin dudas son mucho mejor que el dinero otorgado sin contrapartida visible alguna.

En la nueva instancia presupuestal se volverá a discutir sobre el tema. En la pasada, de los fondos marginales (adicionales) convenidos—que nunca pueden ser un porcentaje grande frente a la asignación previa—, poco más del 50% se asignaron directamente a inversiones, pero ello no es suficiente para cambiar la matriz del deber ser.

Más allá de los recursos totales, es relevante la asignación por jurisdicción. En este sentido, existen partidas únicas e iguales a todos los municipios (1,4% del total transferido), lo que incentiva la “creación” de cada vez más pequeñas jurisdicciones. Su monto no es grande, pero constituye una clara forma incorrecta de distribución. De todos modos, lo importante es la asignación de cada Departamento. Al respecto, los actuales porcentajes de asignación ya tienen más de dos décadas, siendo prácticamente idénticos a los originales. Hoy tenemos nuevos datos censales y también nuevos valores en los indicadores básicos que ameritan alteraciones en las asignaciones. Sin el dato censal, pero con las cifras de NBI y valor agregado per cápita (en ambos casos el inverso) de acuerdo a la ECH 2019[2]^/[3], desde OPP se procuró adecuar las alícuotas en 2022, lamentablemente algunas Intendencias se opusieron, pese a que la propuesta creaba el Fondo de Asimetrías para que aquellos Departamentos que perdían participación, no viesen disminuido sus recursos reales. La dinámica era mantener el monto real que cada Intendencia recibía, mediante un complemento al monto que surge de la nueva distribución, mientras dicha asignación en valores constantes, no alcanzara a la base. Esto ocurre en algún momento futuro por el aumento de la recaudación real derivado del crecimiento económico.

El cálculo se hizo manteniendo la ponderación de 25% para cada indicador y sin agregar o sustituir ninguno de los usados previamente, salvo la utilización del inverso del valor agregado per cápita en lugar del inverso del ingreso per cápita[4].

El cuadro adjunto toma dichos valores con la salvedad que la población es la que surge del último censo 2023 y su resultado es claro, Maldonado, Canelones, Colonia y Montevideo hoy reciben una porción por encima de lo que los indicadores sugieren y el resto de los departamentos en mayor o menor medida, igual o menos. En algunos casos, las diferencias no son menores.

Ahora bien, más allá de los porcentajes, el tema siempre está en el “para qué” y el arreglo que se decida para remitir los fondos, de manera de maximizar su utilidad.

[1] Montevideo participa con la mayor parte del programa “infraestructura del área metropolitana,” que financió algunas de las principales obras de mejora vial que vemos en el medio de la capital. En el año 2023, este programa representó el 1,22% del total de las transferencias a los Gobiernos Departamentales y el 7,2% del total de dinero que de estas transferencias, se destinó a inversiones.
[2] La distribución, salvo Montevideo que se lleva un porcentaje fijo del total de la recaudación del Gobierno Central sin cálculo de ponderación alguna, se hace ponderando en 25% cada uno de los cuatro parámetros: población, superficie, ingreso per cápita y NBI.
[3] La propuesta, además de cambiar la población y las NBI a una estimación actualizada, sustituía el ingreso per cápita por una estimación del valor agregado per cápita, calculado a partir de la ECH, un indicador mucho más adecuado al propósito igualador de oportunidades.
[4] La razón es que puede pasar que en determinado lugar ponderen muchos en el ingreso las transferencias y lo que se quiere lograr es mejorar la generación de valor.