Resulta oportuno insistir con algunos aspectos del análisis de la coyuntura económica, a partir de indicadores que se conocieron sobre el cierre del año pasado.

Uno de ellos es el tema de las variaciones en un indicador, entre los promedios anuales, entre las puntas del año y de los arrastres estadísticos. Como hemos visto, en 2022 el PIB creció en torno a 5,5% entre promedios anuales, pero ese dato resulta de un considerable arrastre estadístico desde 2021 (3,6%) y de un modesto crecimiento a lo largo de 2022 (del orden de 2%). Algo similar sucedió con el empleo, que subió entre los promedios anuales en unos 40 mil puestos de trabajo pero que cayó entre los cuartos trimestres o entre diciembres, en torno a cinco mil puestos. El MEF resalta los datos entre promedios, pero la realidad es que 2022 no fue tan bueno como resulta de esos números y terminó siendo bastante flojo. Como escribí hace dos lunes, es lógico que el gobierno pretenda llevar agua para su molino, pero esperemos que no se lo crea.

Lo contrario sucedió con los salarios, tanto privados como públicos, que crecieron entre las puntas del año 2022, pero que cayeron entre los promedios. No hay dudas de que en el segundo semestre se inició el proceso de recuperación salarial prometido, que devolvería a los salarios reales al punto de partida de este período de gobierno, antes de que irrumpiera la pandemia. Entre las puntas de 2022, el salario real privado creció tras tres años de caídas y el público lo hizo tras dos años de caídas. Entre los promedios anuales, ambos cayeron por tercer año consecutivo.

En resumen, en 2022 la economía se desaceleró, terminó el año estancada y no creó nuevos empleos, pero se inició la recuperación del salario real. Una sinopsis, en principio, de lo que debería esperarse en los próximos dos años: poco crecimiento, pocos nuevos empleos y mejorías en el salario real.

El segundo de los temas a insistir es el fiscal. Hace algunas semanas me referí a que 2022 era “el año del medio” del período de gobierno y que ese solía ser casi siempre el mejor año en materia fiscal en cada quinquenio. También señalé que el estricto cumplimiento de la regla fiscal y el compromiso mostrado por el presidente y su ministra de Finanzas, me hacían esperar que esta vez la vieja regla del deterioro fiscal pre electoral no se cumpliría. Sin embargo, algunas luces amarillas se han encendido en este sentido: en la mitad del período de gobierno, a septiembre, se dio el menor déficit fiscal (2,5% del PIB) pero sólo dos meses más tarde, a noviembre, el déficit había trepado a 3,1% del PIB. En particular, ya se observa un aumento en la inversión pública, que había estado “planchada” y explica un tercio de ese deterioro. Algo similar ocurre con el resultado de las empresas estatales antes de intereses e inversiones (primario y corriente), que muestra un claro empeoramiento en el año que terminó. Esos dos rubros deberán ser monitoreados mes a mes para evaluar la marcha de las finanzas públicas, lo mismo que la cuenta de intereses del BCU, con más stock de Letras y más tasa promedio que hace un año.

Por otro lado, está la promesa que se cumplirá en los primeros meses de 2023, de reducir el IRPF y el IASS para los contribuyentes de mayores ingresos. El único número que ha trascendido hasta el momento es el solicitado por diputados de la coalición al Ejecutivo, de reducir en un 20% el impacto del IASS. Si esa reducción se aplicara a ambos impuestos habría una reducción de ingresos de 0,7% del PIB en términos anuales, casi lo mismo que representa hoy el gasto COVID, por lo que ambos efectos se neutralizarían.

Finalmente, el tercer tema a atender en el cambio de año es el referido a la inflación. Por un lado, está la decisión del Copom del BCU en el último día del año pasado, que trajo una pizca de sensatez al subir la tasa de política monetaria (TPM) solo en la mitad de lo que había anticipado y en confirmar que ya no habría nuevos aumentos en dicha tasa, que quedó en 11,50%. El mismo día, el BCU informó que el tipo de cambio real con fuera de la región (es decir, excluyendo a nuestros peculiares vecinos) cayó 19,4% en los primeros 11 meses de 2022, un disparate sin fundamentos.

Mientras tanto, previsiblemente, la inflación ha comenzado a ceder (desde el máximo de 9,5% en el indicador subyacente) y continuará haciéndolo en la medida en que saldrán de la cuenta meses con altos registros, debidos a sucesivos aumentos en los combustibles y en los precios de exportación en el primer semestre de 2022.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que desde la mitad del año regirán ajustes salariales que surgirán de la nueva ronda de los Consejos respectivos y que deberán incorporar los referidos compromisos de recuperación salarial. Además, en la medida en que la TPM comience a bajar, debería darse una corrección del precio relativo del dólar, si bien nada espectacular. Ambos temas también habrán de generar un sesgo al alza en la inflación interanual en el segundo semestre.

En este contexto, la inflación medida en años móviles seguirá bajando a lo largo de la primera mitad del año y volverá a acelerarse en la segunda, para terminar el año por debajo del registro de 2022 pero todavía por encima del rango meta, de 4,5% más y menos 1,5%.

En fin, leamos bien los números, no nos confundamos (ni nos dejemos confundir) con las variaciones promedio y punta a punta, y estemos atentos a algunos rubros de balance fiscal que están “en movimiento” así como a las fuerzas de signos opuestos que incidirán en la inflación.