OPINIÓN

La contracción económica en Chile es superior a la media mundial, y sus efectos repercuten fuerte en la población más vulnerable, donde las ayudas son insuficientes y el apoyo a las pequeñas empresas, casi simbólicoLa contracción económica de 2020 oscilará entre 6-6,5% y sólo se compara con la crisis económica de 1982-83 bajo la dictadura, momento en que el ideologismo neoliberal optó por el tipo de cambio fijo, lo que condujo a la explosión de la deuda externa y a las consabidas políticas de ajuste. En esta ocasión, el origen de la crisis fue sanitario.

La irrupción de la pandemia condujo a confinamientos variados, afectó severamente a los servicios más dependientes del contacto físico, tales como educación, turismo, gastronomía, hostelería y el pequeño comercio. Ha costado que el gobierno entienda que el origen de la crisis económica es sanitario y, por ende, que es poco atinado apresurar el retorno a la normalidad de estos servicios, sin antes haber controlado eficazmente los contagios. El efectivo retorno a la normalidad económica sobrevendrá cuando la curva de contagio se haya aplanado efectivamente y cuando el grueso de la población haya recibido la vacuna.

La crisis sanitaria no ha sido bien manejada. Al 22 de diciembre, incorporando los casos probables del DEIS (Departamento de Estadísticas e Información en Salud), Chile ocupa el sexto lugar mundial en número de decesos por COVID-19 por cada 100 mil habitantes, detrás de Bélgica, Eslovenia, Italia, Bosnia y Herzegovina y muy cerca de Perú. Los contagios superan los 2.500 casos diarios, retrocediendo a valores del mes de julio, la ocupación de camas críticas alcanza niveles preocupantes (85%), la positividad viene creciendo y los casos activos superan los 12 mil.

La política comunicacional ha sido errática y contradictoria. A mediados de abril, el Presidente anunciaba que los colegios volverían a clases presenciales el 27 de abril y, a fines de ese mes, el alcalde Lavín encabezaba la apertura del mall Apumanque. La inquietud por los malos datos económicos ha podido más que un mensaje realista sobre la gravedad de la pandemia. Sucesivos intentos de apertura de tiendas comerciales y restaurantes han sido sistemáticamente abortados por la dinámica de los contagios. Piscinas, teatros y gimnasios abrieron antes de tiempo o sin las medidas de prevención necesarias y tuvieron que volver a cerrar. El gobierno ha fallado en transmitir mensajes creíbles y consistentes sobre la gravedad de la pandemia.

Los especialistas indicaron desde el inicio la necesidad de una estrategia TTA (tests masivos, trazabilidad y aislamiento de contagios y casos cercanos), apoyándose en la salud primaria, otorgando los recursos necesarios a los municipios. Esto debería haberse complementado con una cuarentena eficaz, de modo de aplanar la curva de contagios y así, reducirla gradualmente. A fines de diciembre se realizaban 48.000 exámenes PCR diarios, cifra que contrasta dramáticamente con las del mes de marzo, donde en todo el mes se realizaron sólo 35.158 exámenes, cifra que subió a 145.359 en todo el mes de abril. Vale decir, a fines de diciembre, en un día se realizan más exámenes que todos los realizados en marzo y en tres días se replican los exámenes PCR realizados en todo el mes de abril. Es cierto que eran los inicios de la pandemia pero también es cierto que esto indica el bajo compromiso del gobierno con una estrategia activa de test masivos, tal como lo solicitaban el Colegio Médico y los especialistas sanitarios.

Hay que evitar expectativas desmedidas con la llegada de la vacuna. La llegada de la vacuna a fines del 2020 es una muy buena noticia y será un gran logro si el gobierno asegura las condiciones de organización y logística para que al final del primer semestre se haya vacunado un porcentaje importante de la población. Se requiere que cerca del 80% de la población esté vacunado para que opere la inmunidad colectiva, esto es, alrededor de 15 millones de personas. La meta del gobierno es haber vacunado a ese número de compatriotas a finales del primer semestre 2021, una meta extremadamente ambiciosa que ojalá se pueda concretar en esa fecha.

Mientras no se vacune al 80% de la población, no hay que bajar la guardia. Lo más probable es que ese nivel crítico de población esté vacunado recién en el segundo semestre. Mientras ello no acontezca, el mensaje del gobierno debe ser claro: no hay que bajar la guardia, hay que mantener las medidas de protección personal y reforzar el apoyo a la logística de protección sanitaria en lugares de trabajo, comercio y centros de educación. En esta última, en particular, se hace necesario un gran esfuerzo de inversión, tanto para reforzar la seguridad sanitaria en las aulas como para subvencionar a aquellas familias que no puedan conseguir un buen acceso a Internet. El gobierno debe esforzarse por transmitir un mensaje creíble, evitando medidas contradictorias o comportamientos irresponsables de sus principales autoridades. No bajar la guardia significa tanto el adecuado y oportuno despliegue de medidas sanitarias como el necesario apoyo fiscal que asegure el ingreso de las familias durante la emergencia.

El Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible propuso, ya en marzo, la urgencia de un Ingreso Básico Universal al nivel de la línea de pobreza definida por el Ministerio de Desarrollo Social. Dado que el tamaño promedio de la familia chilena es de 3,1 miembros, ello significaba un ingreso familiar de $370.000 mensuales. Las tardías medidas implementadas por el gobierno siguen muy lejos de dicho monto. Por ello, los confinamientos han sido ineficaces. El abrumador apoyo por el retiro del 10% de los fondos en las AFP y el insólito proyecto del gobierno para un 2º. retiro reflejan de modo palmario el fracaso de la política fiscal en el apoyo a las familias afectadas por la crisis.

El gobierno demoró en demasía el apoyo económico a las familias y cuando rectificó, lo hizo regateando los recursos. Para que las cuarentenas fuesen efectivas, el gobierno debería haber asegurado el ingreso familiar. El gobierno reaccionó con tardanza, a cuentagotas, con recursos muy menores y con protocolos llenos de letra chica que buscaban la hiper-focalización. Privilegió atender la urgencia sanitaria con equipamientos de camas de urgencia y equipos de respiración mecánica, es decir, combatirla en los centros hospitalarios y no preocupándose de abatir esos casos antes que llegasen a los hospitales.

Sin apoyo del gobierno, son millones quienes deben buscar su sustento diario en las calles. Recordemos que el gobierno ofreció un apoyo mensual de $65 mil por persona y fue gracias a la presión opositora que pudo elevarse a $ 100 mil. El Foro indicó en marzo que sería necesario un fondo especial de alrededor de US$ 15 mil millones para atender las urgencias sanitarias y económicas durante los nueve meses que restaban del 2020. Por cierto, esta propuesta fue silenciada en la prensa oficial y la escasa que nos ofreció algunas líneas la tildó de “populista y fiscalmente irresponsable”. El gobierno a su vez señaló que no era necesario ningún fondo especial ya que lo que el gobierno estaba realizando era suficiente para abordar la crisis. Sin embargo, el optimismo de gobierno empezó a estrellarse con la realidad y así fue como, a mediados de junio, ante la presión opositora, el gobierno se vio forzado a aceptar un Fondo Covid por US$ 12 mil millones por 18 meses. Vale la pena destacar que la propuesta del Foro equivalía a 6% del PIB para 3 el resto del 2020 y la del gobierno, como atendería 18 meses, llegaba sólo a 1.6% del PIB para el 2020.

El apoyo a las pymes ha sido apenas simbólico. Después que el Presidente anunciara un Fogape (Fondo de Garantía para pequeñas empresas) fortalecido que apoyaría a un millón de emprendedores, lo corrigió el ministro de Hacienda y acotó la cifra a no más de 300 mil. Los apoyos efectivos bordearon esta cifra y, en promedio, ascendieron a créditos por un mes y medio de ventas. Un porcentaje significativo de esos créditos favoreció además a empresas medianas y grandes. Esto más parece un chiste de mal gusto: un crédito tan minúsculo no dialoga con una crisis de ventas que ya excede los 9 meses. Las pymes necesitan créditos de largo plazo que les permitan defenderse durante la pandemia, mantener el grueso del empleo, reacondicionarse y estar preparadas para la recuperación económica. Las microempresas necesitan subsidios específicos en financiamiento, capacitación y asistencia técnica.

Los retiros de fondos de las AFP casi han triplicado los apoyos fiscales. De acuerdo a los cálculos del BC, las transferencias fiscales habrían sumado US$ 4.6 mil millones, en tanto los retiros de fondos desde las AFP sumarían US$ 34 mil millones. De esta última suma parte va a consumo, parte a pagar deudas, créditos y servicios varios. Por tanto, una porción importante termina en el sistema financiero, generando ahorro financiero, el que impacta sólo marginalmente en el PIB. De la misma forma, parte del gasto en consumo es en consumo importado, el que sólo aporta al PIB en la medida de los servicios asociados a la comercialización de tales importaciones. Por lo tanto, el BC estima que las transferencias fiscales habrían aportado un 1,8% del PIB, en tanto los dos retiros habrían impactado la actividad económica en 5,2% del PIB, es decir, 2,8 veces más que el aporte fiscal (IPOM, diciembre 2020, pg. 33).

La contracción económica 2020 es superior a la media de la economía mundial. Mientras la economía mundial se contraería 4% este año, la chilena lo hará en 6% y de no mediar los dos retiros de fondos previsionales, la caída habría sido cercana al 9%, uno de los peores desempeños en América Latina. Esto, pese a favorables condiciones financieras internacionales y a una mejora de 7% en términos de intercambio, gatillados por un salto en el precio del cobre en el segundo semestre, llegando a precios record en 8 años durante el último bimestre.
Un apoyo más robusto a familias y pymes habría frenado parte de la caída económica, al defender el nivel de demanda y con ello, empleos y pymes que se han perdido, merced a un mal manejo económico. Paradojalmente el gobierno ha privilegiado la economía por encima de la salud, sin entender que el origen de la crisis económica es sanitario y que, sin avances sustantivos en el control sanitario, no habrá bases sólidas para la recuperación económica. Ya son demasiadas las ocasiones en que la autoridad ha decretado el inicio de la recuperación económica. Antes de conocerse el Imacec de octubre, las proyecciones apuntaban a un crecimiento de 2 a 3% y por ello la frase más manida era “la economía chilena está en una clara senda de recuperación” (R. Vergara, El Diario Financiero, 1º. de diciembre, 2020). El IMACEC de octubre los defraudó, mostrando una caída de 1,2% respecto de octubre 2019 que, a su vez, había caído en 3,4% respecto de octubre 2018. Lo concreto es que el Imacec de octubre es aún inferior en 11% al de diciembre 2019 y octubre fue el octavo mes consecutivo de caída en la actividad económica.

El nivel de actividad de septiembre 2019 se retomará recién en el primer semestre 2022 y esto, suponiendo recuperación ininterrumpida de la economía mundial y del comercio internacional en 2021. Con las actuales políticas, el PIB 2019 se recuperará recién en 2022 y el PIB por habitante en 4 2025. La fuerte recuperación económica en China y su correlato en Asia Pacífico trae buenas noticias para el 2021, si bien ello está amenazado por la intensidad de la segunda ola de contagios en Europa y la persistencia de la epidemia en elevados niveles en EE.UU..

El BC debiera mejorar su gestión del tipo de cambio. Es muy difícil que el tipo de cambio pueda operar como un buen instrumento de asignación de recursos y en la planificación de las inversiones, si es que su evolución es demasiado volátil. Así, por ejemplo, entre el 15 de octubre y el 24 de diciembre 2020, el dólar ha caído desde 798 a 710 pesos, una caída del 11% en dos meses. Esto es una montaña rusa que desalienta cualquier plan de inversión en sectores transables. Esta política permisiva del BC respecto de la caída del dólar conspira contra el dinamismo y la diversificación exportadora. Es cierto que ello favorece su política anti-inflacionaria pero también es cierto que un peso valorizado afecta el dinamismo de las exportaciones, particularmente de las no tradicionales y las de las pymes. También abarata las importaciones y afecta con ello a las pequeñas y medianas empresas locales que compiten con importaciones y al empleo que tales empresas generan.

La situación de la economía y el empleo post-pandemia dependerá críticamente de cómo salgamos de la pandemia. Si salimos con caídas severas del producto y el empleo; con gran destrucción de micro y pequeñas empresas; con aumento en la pobreza; con sectores medios que han caído en la pobreza y con elevado endeudamiento de las familias, entonces la recuperación será frágil y modesta. El BC proyecta que la inversión de 2019 se recuperaría recién en el 2023, desmintiendo el dogma neoliberal de que la rebaja de impuestos a las grandes empresas estimula la inversión. No hay que ilusionarse con el espejismo de una economía que en 2021 pueda crecer en torno al 4-5%. Ello no será propiamente crecimiento sino más bien rebote después de la caída, recuperación de capacidad productiva que se había perdido.

El drama del desempleo (desocupados más la inactividad forzosa más ocupados ausentes que no serían reincorporados) afecta a más de dos millones de personas, esto es, casi ¼ de la fuerza de trabajo. En la crisis de 1982 y en la crisis asiática de 1999 cuando el desempleo saltó a dos dígitos, en ambos casos tomó 5-6 años que la tasa de desempleo retornase a un dígito.

Con una recesión profunda como la actual, la tasa de desempleo deja de ser el principal indicador del mercado del trabajo. En el trimestre móvil agosto-octubre la tasa de desempleo fue 11,5%, afectando a 1.003.000 trabajadores. Sin embargo, el desempleo potencial (desempleados más quienes están dispuestos a trabajar, pero no buscan empleo por restricciones sanitarias o porque creen que en las actuales condiciones no lo van a conseguir) afecta al 25% de la fuerza de trabajo, es decir, 2.167.750 personas. El desempleo juvenil bordea el 30%. Se trata de una tragedia nacional.

Drástico incremento en la población inactiva. El desaliento en la búsqueda de trabajo llevó a un brusco salto en la población inactiva, la que pasó de 5.775.000 personas en el trimestre agosto-octubre 2019 a 7.092.000 en similar trimestre 2020. Por lo tanto, los 1.317.000 trabajadores que, producto de la crisis, pasaron a engrosar las filas de la población inactiva, se irán incorporando gradualmente a la fuerza de trabajo, en la medida que la economía eleve su capacidad de recuperar empleos. En tanto la economía se vaya recuperando, subirá la tasa de desempleo pues parte de los inactivos se volcará a buscar empleo.

Fuerte caída en la población ocupada. Los ocupados aún son inferiores en 15% (1.327.000 empleos menos) respecto del mismo trimestre 2019. El retorno a cierta normalidad laboral sólo se dará cuando se recupere ese cerca de millón y medio de empleos perdidos. Antes de ello, hablar de “generación de nuevos empleos” es un espejismo. En verdad, lo que está aconteciendo es una leve recuperación de los empleos perdidos.

No basta recuperar los empleos perdidos; hay que preocuparse de su calidad. La Encuesta Empleo-Covid19 del Centro UC Encuestas y Estudios Longitudinales de octubre indica que 2/3 de los empleos recuperados desde julio se originaron en empleo independiente o de trabajadores de casa particular. Sin políticas de empleo decente, la recuperación de empleos puede sesgarse hacia una estructura ocupacional más intensiva en entrega de comida, en Uber y otros empleos de baja calificación, sin acceso a seguro médico ni a cotizaciones previsionales. Sería un nuevo retroceso en equidad y calidad del empleo. La encuesta Barómetro del Trabajo 2020 enumera los rasgos que trabajadoras y trabajadores asocian a un trabajo decente: i) sin acoso, sin discriminación y en condiciones de salud mental; ii) con el suficiente tiempo libre que permita conciliar trabajo y vida personal; iii) con un transporte al lugar de trabajo en calidad y distancia razonables y también iv) participación en las decisiones que los afectan en su trabajo, incluyendo acuerdos sobre estímulos a la productividad.

El gobierno aún es indiferente al costo social de esta crisis. A fines de 2019, la mitad de los trabajadores ganaba $ 400 mil o menos (450 mil los hombres y 352 mil, las mujeres) y la mitad de las familias percibía un ingreso de $ 849 mil pesos o menos. Cualquier cálculo elemental de gasto en arriendo, transporte, alimentación, salud y educación conduce a una elevada deuda familiar para poder subsistir. De acuerdo al INE, la caída de ingresos durante este año afecta a 1/3 de la población ocupada y a casi la mitad de los ocupados informales. La situación social se ha agravado. El impacto social de la pandemia afecta a no menos de 4 millones de personas: 2 millones por el shock ocupacional y una cantidad parecida por caídas de ingresos.

El costo de la crisis lo han pagado básicamente los trabajadores, a través del retiro de fondos desde las AFP; de los recursos del seguro de cesantía individual o del drama del desempleo. Las cifras laborales muestran que las mujeres están siendo las más perjudicadas, tanto en salarios como en inactividad forzosa para atender la economía del cuidado familiar y en la sobrecarga hogareña que esto último implica. Este es un argumento adicional que indica que no basta con recuperar los empleos perdidos; las mujeres deben recuperar los espacios laborales que han debido resignar por efecto de la pandemia y de la institucionalidad laboral y social que les pasa la cuenta. Algún margen de discriminación positiva debiera adoptar la política laboral en la recuperación, particularmente en el apoyo a mujeres jefas de hogar o pertenecientes al 60% más pobre de la población.

La política fiscal no está colaborando a salir de la crisis. Más allá de los malabares estadísticos de Briones, el presupuesto 2021 sigue siendo neutral: no está comprometido con la reactivación. Hacienda tampoco ha cumplido el compromiso de transparencia en la gestión del Fondo Covid ni la información oportuna y actualizada a la Comisión Mixta de Presupuesto, tal cual quedó concordado en el acuerdo de junio 2020. Briones compara el presupuesto 2021 con el presupuesto aprobado para 2020, un año sin pandemia. Así puede decir que el presupuesto se incrementa en 10%, sin considerar el incremento de gasto a que se vio obligado por la irrupción de 6 la pandemia. Al compararse el presupuesto 2021 con el gasto efectivo en que ha incurrido el gobierno este año, la variación es cero. El presupuesto 2021 es totalmente neutral; no es expansivo como difunden los medios oficialistas. En este sentido, la política fiscal de Piñera y Briones va a contrapelo de todas las recomendaciones recientes del FMI, la OCDE, así como de la academia y las agencias especializadas de las economías industrializadas: aprovechar el momento de bajísimas tasas de interés para invertir en defender la salud de la población y generar las condiciones para una reactivación inclusiva, digital y sostenible.

Hacienda ha incumplido aspectos básicos del acuerdo por el Fondo Covid de mediados de junio 2020. Entre tales compromisos, con el objeto de mejorar el apoyo a las pymes, destacaba “constituir una mesa de trabajo con las organizaciones representativas de Pymes, organizaciones de trabajadores y los organismos públicos involucrados, tanto a nivel nacional como en cada región del país”. En materia laboral, se acordó “crear fondos de apoyo para la reconversión y capacitación de trabajadores, con especial énfasis en los sectores más afectados por la crisis. Reforzar la red de intermediación laboral y los programas de capacitación digital a través de SENCE y SERCOTEC”. Finalmente, tratándose de una iniciativa inédita que otorgaba extrema discrecionalidad al gobierno para la asignación de los US4 12 mil millones, Hacienda se comprometió a que “se creará un portal web que contenga información sobre la ejecución del fondo, y además la DIPRES evacuará especialmente un reporte mensual especial relativo a estos recursos el que deberá ser enviado al Congreso Nacional con la misma periodicidad que complementará la rendición de cuentas en Comisión Mixta de Presupuestos”. Demás está decir que, transcurridos seis meses desde aquel compromiso, nada de esto se ha cumplido.

La política fiscal puede más en gasto público, endeudamiento y uso de fondos soberanos. Según el FMI, Chile en 2020 y 2021 continuará siendo el país con la menor deuda bruta sobre el PIB en la OECD, salvo Luxemburgo y Estonia, y con la menor deuda neta en países con similar calificación de riesgo, incluso más baja que Arabia Saudita. La tasa de interés seguirá en niveles históricamente bajos por muchos años. Los fondos soberanos, según última información a fines de octubre, siguen en US$ 21 mil millones. Es posible y necesario gastar más en protección de la salud, apoyo al ingreso de las familias y a las pymes, sin caer en irresponsabilidad fiscal. Así lo está haciendo el grueso de las economías OECD y Chile tiene el espacio para hacerlo, sin afectar la disciplina fiscal. Pareciera que Teatinos 120 sigue más pendiente de satisfacer a las calificadoras de riesgo que a las demandas ciudadanas.

Propuestas económicas para 2021-2022

Costará dinamizar la demanda por el elevado nivel de desempleo, el incremento en la tasa de pobreza y la pesada carga de la deuda que aflige a millones de familias. Están desapareciendo miles de pequeñas empresas. La economía post-pandemia será aún más concentrada. La reactivación económica será lenta e incierta pues dependerá mucho de la evolución sanitaria. El gobierno insiste en que será la inversión privada la que reactivará la economía y para ello premia a las grandes empresas con rebaja de impuestos y depreciación acelerada. En el contexto recesivo actual y de expectativas inciertas, la inversión privada no reacciona. Lo que impulsará la reactivación es el apoyo al ingreso de las familias, en primer lugar, y la inversión pública en segundo. Por ello, es fundamental un sesgo expansivo en la política monetaria y fiscal durante 2021.
En este escenario, el Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible propone para el bienio 2021-2022 una política de reactivación concentrada en las pymes y en las regiones. Propone para ello, un Fondo para la Reactivación y el Empleo Decente, con los siguientes objetivos:
a) Sostener los ingresos familiares, al nivel de la línea de pobreza, y mientras dure la emergencia sanitaria, a través de un IFE más ágil y expedito y un seguro de cesantía que amplíe los recursos del seguro solidario.
b) Apoyar con más recursos humanos, tecnológicos y financieros a los centros de salud primaria para las tareas de prevención y contención de la pandemia; fortalecer CENABAST, asegurando la logística y oportuna distribución de las vacunas.
c) Apoyo efectivo a las pymes con un Fogape (Fondo de Garantía para pequeños empresarios) fortalecido, con créditos de largo plazo, con bajo interés y renegociación de deudas. Subsidio a micro y pequeñas empresas que requieran reconversión y adaptación a las condiciones de pandemia y post-pandemia. Sistemas descentralizados de asesorías y apoyo técnico para ellas. Se requiere un programa especial de apoyo a las actividades más golpeadas (turismo, gastronomía, hostelería, pequeño comercio) de modo de defender el empleo y el elevado número de empresas involucradas.
d) Impulsar inversiones públicas intensivas en empleo, identificando con transparencia las inversiones concretas a realizar y los plazos de licitación y concesión. Prioridad a la vivienda social. Iniciar un programa de infraestructura digital Internet para Todos que no deje a nadie a la vera de esta autopista del siglo XXI. e) Empleo decente. Apoyo financiero, tecnológico, capacitación y asistencia técnica para que las pymes eleven su productividad y sostenibilidad y los trabajadores mejoren sus capacidades para la economía del futuro. Salarios y trato digno; fin a jornadas extenuantes; mejoría en las condiciones del transporte público y participación en las decisiones que los afectan en sus lugares de trabajo, incluidos mecanismos de incentivos a la productividad.
f) Fortalecer gobiernos regionales y locales. Descentralización en las políticas para combatir pobreza y vulnerabilidad. Descentralización en fomento a pymes y capacitación. Restitución de fondos municipales perdidos durante la pandemia. Traspaso efectivo de recursos y atribuciones a los gobernadores regionales.

(*) Columnista invitado. Economista, Integrante del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible, Chile. Este artículo recoge propuestas discutidas en dicho Foro. Consultar sus publicaciones en www.foroeconomico.cl