Dr. Juan Manuel Mercant | Socio de Guyer & Regules y miembro del Observatorio de Energía (Universidad católica)
Una combinación de consenso político, acceso a financiamiento, demanda creciente de energía y flexibilidad a la hora de establecer las condiciones para estructurar los procesos de negocio, dieron lugar a un importante pico de inversión en Uruguay con el desarrollo de las energías renovables.
Para el Dr. Juan Manuel Mercant, socio de Guyer & Regules, ese "caso de éxito" deja suficiente aprendizaje como para ser tomado como "modelo" en Uruguay, con el objetivo de seguir afrontando las necesidades de desarrollo aún existentes, tanto en materia energética como en infraestructura en general. A continuación, un resumen de la entrevista.
—¿Ya superado un período de inversiones en energía renovable considerado muy exitoso, qué enseñanzas dejó?
—No está de más recordar que Uruguay tiene una fuerte tradición de honrar sus obligaciones, incluso en momentos de gran dificultad. El resultado de ese comportamiento es un clima favorable a la inversión, que debe cuidarse mucho. Por tanto, conocida la seriedad del país a la hora de cumplir sus compromisos financieros, sumado a un importante abanico de beneficios fiscales y una buena coyuntura internacional, facilitaron la concreción de una etapa de muy fuertes inversiones en el país.
Además, en especial en materia de energías renovables existe un amplio consenso político y social acerca de la necesidad y conveniencia de implementar inversiones y tenerlas listas para cuando se necesiten. No debemos olvidar que el energético es uno de los pocos temas en los cuales, a través del trabajo de una comisión multipartidaria, se logró avanzar en acuerdos básicos acerca de hacia dónde necesita ir el país.
Todo eso confluye en que el país adquirió el estatus ideal para captar inversiones. Eso se aprovechó, y el resultado fue muy bueno.
Pero el principio de esta historia podemos ubicarlo unos años antes.
—¿A qué se refiere?
—A principios de la década pasada Uruguay tenía una situación energética muy complicada. En el período 2003-2004 se produce la peor combinación de todos esos factores: fueron años de poca lluvia y subió el precio del petróleo, pero también, en 2003, Uruguay implementó el canje de su deuda y retomó la senda del crecimiento.
Entiendo que a partir de esa realidad, empieza otra etapa. Existía el problema, estaba identificado y se iba en la búsqueda de un sustento político a la solución, orientada hacia otras fuentes de energía. Eso ocurría en un período donde las bajas tasas de interés iban a volver más atractiva la radicación de inversiones en esta zona. Ya en esta década, a través de un formato serio y atractivo para la concreción de los proyectos, se consolida todo el desarrollo del sector eólico en el país.
—Las metas establecidas se cumplieron...
—Fundamentalmente se cumplió con lo relacionado a las energías renovables, indudablemente; también con los programas de eficiencia en el uso de la energía y se cumplió con un primer impulso de infraestructura energética, a partir de líneas de alta tensión y distribución, el cual debería seguir.
Lo que quedó pendiente fue la introducción de gas natural, que sigue siendo un tema relevante para el país. En el Observatorio de Energía de la Universidad Católica llegamos a la conclusión de que no se requiere hoy la construcción de una planta regasificadora, pero claramente hay que pensar cómo aprovechamos la infraestructura existente del gasoducto que nos conecta con Argentina. Por ejemplo, pensar en algún mecanismo de almacenamiento de gas.
El país cambió, la región también. Y lo mismo a nivel global. Por tanto, debemos plantearnos cuáles son los desafíos, pero adaptados a la nueva realidad.
—¿Cuáles son, a su juicio?
—El desarrollo de energía de fuente solar, que se comenzó pero debe continuarse. Es un excelente complemento de la energía eólica y hay espacio para seguir avanzando. Y mucho aprendizaje hecho, a partir del diseño de proyectos en el área energética.
Por otro lado, hay que pensar cómo podemos almacenar esa energía que se produce, que por momentos nos genera excedentes: baterías, agua revertida para el caso de las hidroeléctricas, etc. Es un área donde obligatoriamente debemos avanzar y en la cual se pueden encontrar también oportunidades de inversión.
Pensemos también en los cambios muy disruptivos que se vienen. Muy posiblemente todo el transporte mudará rápidamente a ser eléctrico, al consumo tipo car sharing, al uso de coches autónomos, etc. Eso supone cambios radicales; el uso de combustibles decae pero los que se usan deben ser mejor refinados. Por tanto, hay que pensar en la refinería que tenemos y qué ajustes requiere.
Por otra parte la autogeneración, incluso la posibilidad de almacenaje con las propias baterías en los hogares generará un mercado minorista entre pares. Esto provoca una desintermediación a nivel energético, además de enormes desafíos regulatorios, donde la red pase a ser más que una infraestructura para trasmitir la energía en la forma de asegurar el suministro de generación ajena. Quien tenga esa infraestructura, es el caso de UTE en nuestro país, tendrá que repensar su rol a esta nueva realidad. Quizás será un monopolista, a través de su red, pero que deberá permitir acceso a cualquiera que quiera usarla a precios de mercado.
Por tanto, el plan de energía que se concibió en un momento, y que recogió adhesiones desde distintos ámbitos, hay que apoyarlo y actualizarlo a la luz de las nuevas realidades. Sería importante plantear un nuevo debate entre actores políticos, sociales, empresariales y todos aquellos que tengan que ver con la temática, para encarar los próximos diez o quince años.
—¿Será necesario revisar el actual marco regulatorio?
—Seguramente se requieran modificaciones al marco regulatorio energético.
Pero donde hay un punto para comenzar a trabajar es en la necesidad de repensar el rol de las empresas públicas y su gobernanza. Muy particularmente su separación clara de roles. No pueden ser players de mercado y pretender ser el regulador al mismo tiempo. No pueden afectar la competencia en uso de poderes monopólicos. En esto hay enormes desafíos.
Hay que plantearse los nuevos horizontes. ¿Qué pasaría si en Uruguay hubiera petróleo?
¿Cómo lo manejamos a nivel institucional? Es un marco conceptual que debemos comenzar a definir ahora. Lo mismo en cuanto a todo lo que se necesita en materia de infraestructura.
—¿La experiencia con el desarrollo eólico debe ser vista como un caso modélico?
—Este modelo debería ser visto como caso de éxito y hacer el ejercicio de preguntarnos qué salió bien y cuán aplicable es en la búsqueda de más desarrollo y nuevos objetivos. Cómo procuramos los consensos, cuánto nos comprometemos, qué marco legal generamos y de qué forma nos paramos ante las necesidades de inversión. No son temas menores.
—¿Y cuáles son las enseñanzas clave que dejó aquel proceso?
—Unidad de decisión. En todos los proyectos de energía renovable está UTE en coordinación con el Ministerio de Industria. El proyecto en su totalidad tenía un responsable de asegurarse que los plazos se cumplieran y de ir solucionando los problemas a medida en que se iban presentando. Eso, en el caso de los proyectos de infraestructura por PPP, no pasa. Y puede ser un buen punto a corregir.
Otro aspecto fue la rapidez en la concreción de los proyectos y la flexibilidad para introducir ajustes y mejoras que hicieran más atractivos los proyectos. Aspectos de los que adolecen las PPP. Se manejan plazos muy extensos, durante los cuales cambian las condiciones tomadas en cuenta (tipo de cambio, condiciones de mercado, acceso a financiamiento) y el inversor se desalienta. Pensar en cómo mantenerlos atractivos para jugadores de primera línea a nivel nacional e internacional.
Desde el punto de vista crítico, padecemos el complejo de que un país chico debe proponer proyectos chicos. A mayor dimensión de los proyectos, mayor será el interés que despertarán en los operadores internacionales de primera línea. Nos ha pasado que en el mundo nos preguntan el tamaño de los proyectos y cuando explicamos las condiciones advertimos un desinterés de los grandes jugadores. Una excepción es el caso del Ferrocarril Central, pero los corredores viales o las PPP educativas son de pequeña escala y no resultan atractivos fuera del país.