¿Un país sin futuro?: nuestro bajo crecimiento económico y los datos del Censo

El IVA Personalizado es una buena idea, que combina dos principios ortodoxos en materia fiscal: el IVA para ser neutral debe ser general y el gasto debe focalizarse en quienes lo necesitan.

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El director del INE, Diego Aboal, en la presentación del Censo 2023.
El director del INE, Diego Aboal, en la presentación del Censo 2023.
Foto: Francisco Flores.

Les contaba hace dos lunes que me resulta difícil entender que nuestra tasa de crecimiento a largo plazo, esa a la que nuestro Producto Interno Bruto (PIB) crece en tendencia, más allá de ciclos económicos, se parezca más al 2,5% que estiman los expertos que al 1% al que hemos crecido en los últimos 10 años, la misma tasa que Ignacio Munyo identificó como la de nuestro crecimiento en contextos externos neutrales.

He sostenido que ese magro crecimiento ya se cargó a dos gobiernos, los dos últimos, que no fueron reelectos, mientras que un crecimiento de cinco veces el del último decenio, en el inmediatamente anterior, contribuyó a reelegir a los gobiernos de turno.

Un crecimiento tan escuálido genera varias consecuencias. Por un lado, genera recursos fiscales escasos. Si como todos creemos la relación entre PIB y recaudación tributaria es casi de uno a uno, crecer al 1% genera un ritmo de crecimiento muy modesto de la recaudación. Esto da lugar, o a un permanente aumento de impuestos para atender las demandas de la sociedad por políticas públicas, o a dejarlas insatisfechas, o, como también nos ha pasado, a tener que restructurar la deuda pública cada tanto tiempo por la acumulación de déficits fiscales.

Por otro lado, un crecimiento económico bajo impacta en el mercado de trabajo, porque sabemos que a la larga, masa salarial y PIB van acollarados. Siendo la masa salarial el producto de la cantidad de empleos por el salario medio, una masa que tiene poco margen para crecer (porque se lo da el magro crecimiento de la economía, al que está ligada) tiene poco para repartir entre precio y cantidad, entre salario y empleo.

Y esa pobre perspectiva para los ingresos también tiene consecuencias. Se afectan las legítimas aspiraciones de la sociedad por la movilidad ascendente de sus integrantes. Por superarse, por acceder a una mejor calidad de vida material. Y ahí es cuando algunos, especialmente los jóvenes con cierto capital humano incorporado, empiezan a ver como salida, al aeropuerto. Prefieren usar el pasaporte antes que la credencial y empiezan a “votar con los pies”, buscando nuevos horizontes.

Los datos del Censo de 2023, de reciente difusión, parecen sumar evidencia a este enfoque. Veamos algunos de sus principales números.

Primero, se confirma lo que ya sabíamos de censos anteriores: la tasa de crecimiento de la población es más europea que latinoamericana. El crecimiento poblacional intercensal (entre 2011 y 2023) fue de 0,2%, por debajo del anterior, de 0,3% entre 1996 y 2011.

Segundo, hubo 500 mil nacimientos y 405 mil defunciones, con tendencias opuestas en los años más recientes, bajando los primeros y subiendo las segundas. Estas cifras dieron lugar a un “crecimiento natural” de 95 mil personas.

Tercero, el “crecimiento total” de la población fue algo inferior a esa cifra, alcanzando a 87 mil personas. La diferencia se debe al “saldo migratorio” que por lo tanto fue negativo en 8 mil personas.

Cuarto, se conoce la cifra de inmigrantes, estimada en 57 mil personas, por lo que, residualmente, se puede calcular en 65 mil personas la cantidad de emigrantes, cifra que no se puede estimar directamente. A pesar de lo anterior, el INE señala en su informe que “las estimaciones del INE están acordes a una hipótesis de saldo migratorio nulo para el periodo 2011-2023”.

Acá hay un resultado contundente: los jóvenes uruguayos se reparten entre los que emigran y los que se quedan, pero tienen menos hijos.

No es necesario ser experto (que no lo soy) para entender que tanto la emigración de nuestros jóvenes como la menor natalidad son fenómenos multicausales. Pero es difícil descartar entre esas causas a la mala performance de nuestra economía, que no genera mayores expectativas de progreso material para sus jóvenes. En definitiva, no vamos a descubrir aquí y ahora al factor económico como motor de la emigración.

Dicho sea de paso, nuestro país tampoco es un gran receptor de inmigrantes. Sin ir más lejos, en Chile hay hoy entre 700 y 800 mil venezolanos, mientras que acá hay 16 mil. Chile tiene una población de 20 millones de habitantes, por lo que las proporciones respectivas son muy diferentes.

Ante este panorama, ¿qué se puede hacer en materia de políticas públicas? Claramente, si el problema es que crecemos poco, debemos avanzar con políticas pro crecimiento, como hicimos antes en nuestra historia y con buenos resultados.

A esas políticas me he referido in extenso desde esta tribuna.

Por otro lado, hay que perseverar en las políticas pro inmigración, facilitando y acelerando los trámites para quienes quieran afincarse en nuestro país y en los casos que corresponda, el reconocimiento de sus títulos profesionales.

Y, last but not least, deberían considerarse medidas tendentes a procurar una mayor natalidad. Imagino que con otros puntos de vista ha de haber otras ideas, pero desde mi visión desde la economía, los incentivos han de tener un rol relevante. Por ejemplo, en materia tributaria, dado que existe el IRPF, bien se lo podría usar con ese propósito, que no es el caso hoy día.

El nuevo gobierno está planeando introducir el IVA-P o IVA Personalizado. Es una buena idea, que combina dos principios ortodoxos en materia fiscal: el IVA para ser neutral debe ser general y el gasto debe focalizarse en quienes lo necesitan. Pero si va a ser así, entonces la enseñanza privada tendría IVA, lo que la encarecería considerablemente. Dando lugar a una menor demanda por colegios y liceos privados, al cierre de muchos de ellos, y a un aumento de la demanda por servicios públicos de enseñanza, con el consiguiente mayor costo fiscal.

Si la idea del IVA-P llega a prosperar, no imagino un caso más relevante para ser considerado como una excepción, que el de la enseñanza privada, por las razones señaladas.

Y, de paso, mejorar el IRPF de modo que los gastos de enseñanza en los que una familia incurre, constituyan una carga menor que en la actualidad.

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