OPINIÓN

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La política fiscal consiste en el manejo del gasto público, de la tributación e impuestos para financiarlo y en la disposición o financiamiento del resultado que tenga esa gestión. Los objetivos de las decisiones fiscales son, al menos, dos: uno macroeconómico y, otro, la redistribución del ingreso entre la población, el que resulta naturalmente de la actividad productiva del país. Son conocidos ambos objetivos; al primero es al que me referiré en esta columna.

Evolución

Teóricamente al menos, cuando la economía se encuentra en receso la política fiscal se emplea expansivamente, con aumento del gasto y reducción de la tributación. Por el contrario, cuando la economía crece a un ritmo mayor al deseado, el empleo de la política fiscal debería ser contractivo para evitar que se produzcan presiones desestabilizadoras de otros equilibrios macroeconómicos, como sobre el comportamiento de los precios o en el sector externo de la economía. Pero como indicara antes, ese empleo de la política fiscal es tan solo teórico, pues como lo hemos observado en nuestro país en numerosas oportunidades, la política fiscal ha sido expansiva con la economía en expansión y ha sido contractiva en otros momentos de declinación económica.

Como ocurre habitualmente, al final de cada mes —en este caso setiembre—, el Ministerio de Economía comunica el resultado del comportamiento del sector público del mes anterior. En los doce meses hasta agosto, el sector público ha tenido un déficit del orden de 2,6% de la producción de bienes y de servicios del país (PIB), un resultado que es interesante compararlo, en términos nominales, con lo que ocurriera desde el primer semestre de 2014, período en el que se diera, por última vez, un registro similar al actual.

No obstante el crecimiento de la economía de algunos años anteriores y siguientes a 2014 y de sucesivos ajustes fiscales a partir de alzas tributarias que se llevaron adelante en varias ocasiones posteriores —que por supuesto han afectado a la actividad económica y que desde entonces solo cuando se exonera de impuesto a las inversiones ellas se llevan adelante—, el déficit fiscal ha ido en aumento. Es que el gasto público operó, durante los años de crecimiento de tal manera, que acompañó a la etapa del ciclo económico que se vivía: cuando la economía crecía, más se gastaba y cuando la economía se enlentecía y se estancaba, la contracción venía por el lado de compensar parte de la pérdida de recaudación que operaba, con una presión tributaria mayor. Es así que entre 2014 y el final de 2019 el déficit fiscal pasó de 2,6% del PIB o 1.770 millones de dólares, a 2.723 millones de dólares, 4,76% del PIB.

Debido a la contracción de la economía durante la pandemia y a los gastos no esperados y compensatorios de las derivaciones de esa contracción, el desequilibrio financiero del sector público continuó agravándose y llegó a su máximo de este siglo al finalizar 2020, cuando alcanzó 3.150 millones de dólares, 5,81% del PIB. Desde entonces, a medida que se fueron reduciendo —aunque lentamente—, las erogaciones extraordinarias por la pandemia, el desequilibrio financiero del sector público ha ido declinando sin interrupción, hasta el ya citado déficit de 2,6% del PIB, aproximadamente 1.800 millones de dólares.

Causas 

De acuerdo con lo conocido, la gestión fiscal no ha ido mejorando por causas como reformas tributarias o ajustes de gravámenes o por modificaciones en su liquidación que significaran una mayor presión impositiva ni, particularmente, a partir de impuestos directos cuya recaudación pasara del 25% del total en 2005 a 42% del total de la recaudación en 2019 y a 41% actualmente. La causa de la disminución del déficit ha sido la corrección con ajuste, de numerosas ineficiencias que se presentaban y que castigaban claramente a los contribuyentes.

El manejo de los gastos e ingresos del sector público tiende a continuar mostrando mejoras en su resultado, fuertemente influido hasta hoy, por las transferencias que necesita el pago de las pasividades del BPS por el desequilibrio negativo del orden del 25% entre lo que recauda y los pagos que realiza por pasividades. Un desequilibrio que se procura ir limitando paulatinamente, a partir de la reforma que está en elaboración desde hace ya muchos meses.

El hecho de llevar adelante una conducción fiscal que mantiene una tendencia declinante de los resultados negativos de la diferencia entre ingresos y gastos del sector público, no solo asegura un costo relativamente bajo del financiamiento que recibe. Se traduce, también, en una demanda decreciente por crédito para el financiamiento y ello se reflejará en menores esfuerzos de las generaciones que hoy no se benefician del gasto que provoca el déficit y debe, por otro lado, en el futuro, cargar con el servicio de la deuda —la amortización del crédito y el pago de los intereses hasta que ello ocurra—.

Es claro, además, que si la conducción económica sigue apostando a una política de reducción del gasto improductivo y del déficit fiscal, no será necesario apuntar como hasta hace algunos años, a los aumentos impositivos, sea por la imposición de nuevos gravámenes, por aumento de tasas de los que ya existen o por inconvenientes reglas de liquidar tributos.

No será necesario esa política tributaria que se estimula del exterior y desde ámbitos locales que, irresponsablemente, siguen sosteniendo que hay “espacio” fiscal para aumentar los tributos directos; esos que claramente culminan en una asignación de recursos inconveniente en cualquier economía. Esos que disminuyen el ahorro para invertir y que así son castigos irremediables de la producción y del empleo.