OPINIÓN

El documento elaborado por el Banco Central del Uruguay (BCU) “Focos e iniciativas estratégicas 2021-2025” plantea una serie de lineamientos de cara al futuro, muchos de ellos compartibles. Tal es el caso, por ejemplo, de “promover acciones que tiendan al desarrollo de un sistema financiero y sistema de pagos con visión y perspectiva regional, más eficiente y competitivo, con mejores opciones de productos y servicios disponibles y mejor información y atención a los usuarios, cumpliendo los estándares y convenios internacionales, considerando la regulación y las condiciones del entorno; en un adecuado equilibrio con la estabilidad financiera”.

Creo que el sistema financiero nacional debe concebirse como un engranaje para el funcionamiento de nuestra sociedad. Debe ser parte, no centro. Esta concepción se basa en la idea de que dicho sistema debe ser concebido como un servicio que asista, facilite, promueva, e incentive el desarrollo económico. Que fortalezca el clima de inversiones. Asegurar este correcto funcionamiento debe ser rol prioritario del BCU, además —por supuesto— de su rol supervisor, para dotarlo de garantías necesarias que eviten fraudes u operaciones de lavado de activos.

Los tiempos del mundo financiero internacional avanzan a una velocidad vertiginosa al compás de los avances tecnológicos. Tecnología aplicada a mayores eficiencias que tienden a reducir costos de transacciones, papeles, tiempos de respuesta y transferencia y seguridad de la información, entre otras mejoras esperadas. Esta realidad impone estar actualizados, en cambio constante y con visión de futuro.

Además, el sistema financiero debe ser funcional, consistente con los intereses nacionales. ¿Cómo es posible que se definan oficialmente sectores de promoción de inversiones como la producción de cannabis, sector fintech o biotecnología, y luego esa inversión encuentre dificultades superlativas para abrir u operar una cuenta bancaria básica o recibir inversiones del exterior? La democratización del crédito a nivel de individuos para reactivar la economía, encuentra no pocas veces una lista infinita de requerimientos, documentos y costos de intereses alejados del funcionamiento internacional. El desarrollo de un mercado de capitales amplio y accesible que permita que pequeños ahorristas se conviertan en pequeños inversores, y que esto implique un dinamizador per sé de emprendimientos nacionales. Aquí la normativa banco centralista ha dado un paso relevante al reglamentar los últimos días de diciembre de 2020 los sistemas de crowfounding. No tengo dudas que el funcionamiento del sistema financiero es parte de la competitividad de las diferentes economías, y no somos la excepción, por ello además de normativa actualizada, el sector público debe ser activo promotor de la innovación.

Existen ya una serie de iniciativas que no solo se están implementando en economías centrales, que van ampliando la brecha con el funcionamiento local. Días pasados, el banco central de Brasil reglamentó sus normas de opening banking. Un sistema financiero abierto, es tener la posibilidad que entre instituciones (bancos) puedan intercambiar datos y servicios de forma estandarizada mediante la apertura e integración de sus sistemas, con previo consentimiento de los clientes. Esto permite que los particulares puedan operar transversalmente vía cualquier institución, tener movilidad en el sistema sin la necesidad de repetir procesos y burocracias. También en Brasil, aplicaciones que naturalmente no son del mundo de las financias comienzan a incursionar, ampliando funcionalidades. La colombiana Rappi, anunció la apertura de su banco 100% digital y whatsapp incorporó la opción de pagos por su app. En Suiza, uno de los bancos que tambien opera en nuestro medio viene implementando el servicio para custodiar y operar bitcoins y otros activos digitales. Ejemplos de iniciativas que no se agotan aquí. El concepto de tokenización de cualquier tipo de activo, como pueden ser participaciones accionarias y comercializarlas a través de una app como si fuera vía una bolsa de valores tradicional, es parte de lo que se viene.

Por ello, el rol de la autoridad monetaria debe incluir no solo los clásicos cometidos de regulador y supervisor, debe ser promotor y de algún modo contralor, que fije metas de funcionamiento y calidad de servicio a las instituciones licenciadas para operar. Aún corremos el riesgo de depender demasiado de la discrecionalidad de los niveles de servicio y procesos de cada institución, aún si éstas terminan no siendo consistentes con los intereses nacionales.

Los lineamientos estratégicos definidos, son compartibles en la medida que se ejecuten y a tiempo, e incorporen estas tendencias, identificando además las necesidades de mejora de servicio y eficiencia para implementar correctivos que permitan soluciones acordes. En fin, por delante tenemos la necesidad de una reforma consistente y que nos coloque a la vanguardia.

(*) Director de UCU Business.