ENTREVISTA

Luego de más de dos décadas en la presidencia de la Cámara de la Construcción, Ignacio Otegui oficiará de articulador entre los diversos actores que participan en la construcción de la planta UPM2, representando a las distintas empresas privadas que participan del proceso, junto con la empresa finlandesa, el gobierno y los dos sindicatos intervinientes, Untmra y Sunca. Esa labor ya la había desplegado en ocasión de la construcción de Botnia (luego UPM) y Montes del Plata, pero considera que este proceso “será aún más complejo” que las dos plantas anteriores. Otegui advierte que “hasta el momento” no se firmó ningún acuerdo laboral que reúna compromisos más allá de la normativa general; asimismo, no ocultó su desagrado por la inclusión de una cláusula en el acuerdo complementario firmado el pasado 15 de julio entre la empresa y el Estado, que establece que “UPM podrá emitir una notificación por escrito de finalización del contrato de inversión (… ) por razones de conveniencia y a su entera discreción”. A continuación, un resumen de la entrevista.

—¿Cuánto le preocupa la firma de esa reciente cláusula de salida de UPM?

—No me gusta tener un revólver en la cabeza del país, preferiría que no se hubiera firmado una cláusula así. Una explicación que encuentro, además de un entorno de incertidumbre debido a la guerra comercial entre EE.UU. y China —país al que UPM vende el 35% de su producción— es que sea una respuesta a todo lo que se ha dicho desde el sistema político.

—¿A qué se refiere?

—Los candidatos a presidente, además de su entorno y otros actores públicos han hecho declaraciones sobre UPM, y no todos de acuerdo con la instalación de la planta y sus condiciones. Por tanto, no sería disparatado pensar que en ese escenario, y con elecciones a escasos meses, la señal sea: si quieren cambiar algo, acá está la cláusula. Es el revólver en la cabeza del gobierno actual, del que viene, del Sunca, de la Untmra y de las empresas constructoras, todos tienen que estar atentos.
Por otro lado, UPM tiene una inversión ya hecha en Uruguay de por lo menos 4 mil millones de dólares; tiene 280 mil hectáreas plantadas, los viveros y una planta de celulosa funcionando. Difícilmente piensen en retirarse, están acá fuertemente instalados y seguirán en el país. Quiero pensar que va a ser así.

—En cuanto a las relaciones laborales, ¿encuentra cambios tan profundos respecto a las condiciones en que se desarrollaron las obras en las dos plantas anteriores?

—No los hay. Cabe dejar en claro la preocupación de UPM; y sobre los aspectos que hubo muchas negociaciones es por la obra dentro de la zona franca, dejando de lado el ferrocarril, las rutas, el puerto y el resto de la actividad. Así se hizo en Botnia y Montes del Plata. Hecha esa salvedad, vale decir que hemos avanzado en materia de capacitación, seguridad y otros aspectos importantes para los miles de trabajadores que entrarán diariamente a la zona franca. Esas cosas necesitan tener un régimen particular.
Pero lo que no hay aún es un acuerdo laboral; no se firmó nada entre las cámaras, los sindicatos, la empresa y el gobierno; hicimos reuniones, llegamos a acuerdo en un montón de temas, en otros no. Quedó el Poder Ejecutivo con “los deberes” y finalmente sacó una resolución, vía Ministerio de Trabajo, en la que establece qué cosas se acordaron y qué otras no. Es lo que hay hasta el momento.
Digamos que tenemos normas generales de aplicación en todo el país, y que al día de hoy no hay ningún acuerdo que implique cambiar condiciones vigentes en todo el Uruguay.

—¿No las habrá?

—No las hay hasta el momento. Llegará el momento en que se firmen los acuerdos que faltan; y cuando hablemos de ese tema, recuerden la cláusula de salida de la que hablamos antes.

—¿Quiere decir que un acuerdo “especial” puede estar condicionado por esa cláusula?

—No le sabría decir. Sí que me preocupa que se haya firmado dicha cláusula.
Pero por otro lado, es razonable que no haya un acuerdo sobre condiciones “especiales”; si las hubiera, ¿qué pasaba con el resto de las empresas del país? Nos prenden fuego a todos los que participemos de un proceso así.

—Hecha esa salvedad, ¿qué expectativas tiene con respecto a la nueva planta?

—Muchas. Es que el impacto de esta obra es enorme. Genera en el centro del país un desarrollo que nunca tuvimos. Han pasado décadas y décadas y los cambios en el interior prácticamente no se ven, y esta es una oportunidad de dar un salto cuantitativo y cualitativo. Estamos hablando de zonas del centro del país despobladas, con escaso desarrollo y sin infraestructuras, que van desde el este de Río Negro, el norte de Florida, Durazno, el sur de Tacuarembó, el oeste de Cerro Largo y Treinta y Tres, es una zona muy grande que recibirá el impacto positivo.
Porque además de lo más conocido, que es la terminal portuaria, la conexión puerto-ferrocarril, la línea férrea y luego la conexión con la planta, no debemos olvidarnos de otras obras que ya están en marcha. Me refiero a la interconexión con diferentes rutas del país, donde entre otras cosas hay que hacer entre 80 y 120 puentes nuevos, o sea lo que el país hizo en diez años, ahora solo en dos. Hablamos de rutas en las que circularán tritrenes (camiones con tres zorras). Ya hay rutas que se están recuperando, en una enorme región que comprende seis o siete departamentos. Y que abre el camino para un desarrollo que no se acaba con la planta de UPM.

—¿Cuáles son sus proyecciones respecto de la mano de obra?

—En las obras que se comenzarán a hacer en la terminal portuaria, la interconexión del puerto, el Ferrocarril Central y las rutas entorno a la zona de la planta, se involucrará entre 2.300 y 2.500 trabajadores. Se necesitarán entre 5.000 y 5.500 en la planta cuando se lleve a cabo la construcción. Y en actividades accesorias y de servicios alrededor de la planta, donde también participa la industria de la construcción —como ser viviendas para trabajadores— habrá otros 800 trabajadores. Esto nos ubica en unos 8.000-8.500 trabajadores jornaleros en la construcción, a los que tenemos que añadirle los técnicos nacionales y extranjeros y otros equipos de empresas extranjeras que tienen que ver, por ejemplo, con la instalación de determinados equipos. La empresa que suministra la caldera admite una determinada garantía, siempre y cuando la instalen sus propios técnicos. En ese tipo de trabajos técnicos, podemos tener cerca de un millar más de trabajadores.

—¿Qué nivel de incidencia tiene la participación de mano de obra extranjera?

—La mano de obra uruguaya está en condiciones de hacer mucha cosa, pero hay otras que necesariamente se necesita contar con trabajadores del exterior. Se trata de áreas en las cuales no tenemos el conocimiento, no tenemos la tecnología o directamente porque no suministramos el bien.
Estamos en mejores condiciones, sin dudas, que cuando se construyeron las dos plantas anteriores; tenemos mano de obra mucho mejor preparada. Pero teniendo en cuenta que esta planta es casi el 80% de las otras dos juntas, seguramente se demande una cantidad de obreros especializados del exterior similar a los procesos anteriores.
La industria también está mucho más fuerte, bien equipada y con mayores conocimientos que cuando se hicieron las plantas anteriores; es un gran punto a favor para las empresas uruguayas. Recientemente inauguramos el quinto centro de capacitación para obreros y empresarios de la construcción en Durazno, precisamente apuntando a la obra que se viene.

—Imagino que en todas aquellas empresas que pueden resultar contratadas hay gran expectativa…

—Indudablemente, aunque puede haber subsectores reacios. Un ejemplo claro: quienes construyen en Punta del Este. Es que si se hace UPM, las empresas constructoras comienzan a mirar hacia allí y si pueden participar, se llevan la gente y la construcción de edificios en Punta del Este pierde mano de obra especializada; compiten por los mismos trabajadores.

—Pero hoy tenemos 30 mil empleos menos que en el pico histórico de trabajo en la construcción en 2014…

—Exacto, pero también es cierto que estamos en un proceso de incorporación de tecnología en el sector; que hoy tiene US$ 1.450 millones en maquinaria e infraestructura y eso es menos mano de obra, indudablemente. La necesidad de mejorar la productividad del sector para convertirlo en competitivo, ha ido sustituyendo puestos de trabajo por tecnologías.
En nuestra actividad, el 25% son obras de viviendas, un 35% es obra pública y el resto son obras privadas no vinculadas a la vivienda, o sea alrededor del 40% cuando este sector antes era 60%. Esta ecuación se va a modificar a partir del inicio de UPM2.