¿Cuáles serían las implicancias dela instancia electoral en Uruguay del pasado 27 de octubre? ¿Cómo quedaron las fortalezas y los riesgos políticos del país para el desempeño económico de los próximos años? Exploremos algunas implicancias preliminares, aquellas incondicionales al resultado de la segunda vuelta presidencial.

Algunas fortalezas parecen consolidadas y ayudan al escenario de bajo “riesgo país”.

Primero, el centro político parece fortalecido. Fue una competencia por “la mitad de la cancha” y el resultado en las urnas lo ratificó. No hubo gran polarización y eso se reflejó a nivel presidencial e intrapartidario.

Segundo, a pesar de la irrupción de algunos outsiders y del sistema electoral casi perfectamente proporcional, los grandes partidos históricos salieron consolidados. Siguen siendo los grandes canalizadores de las demandas sociales.

Tercero, el país sigue electoralmente empatado en dos grandes bloques políticos, como ocurre en otras muchas democracias plenas, con alternancia poco traumáticas en el poder, sin terreno fértil para propuestas refundacionales, con necesidades de acuerdos interpartidarios. Ni el líder actual de la gobernante Coalición Republicana, el presidente Luis Lacalle Pou, sufrió un voto castigo como es la tónica general para los incumbentes de estos tiempos. Ni el esperable crecimiento de la oposición del Frente Amplio fue tan significativo para darle la mayoría parlamentaria que tuvo en sus gobiernos anteriores.

Por último, quizás lo más destacable de esta instancia electoral fue el amplio rechazo ciudadano a la catastrófica reforma constitucional impulsada por el Partido Comunista, el Partido Socialista y la central sindical (PIT-CNT), que terminaba con el sistema mixto de seguridad social, una “política de Estado” de los últimos 30 años en Uruguay.

Aunque era esperable la desaprobación de esta gran amenaza a la estabilidad económica, el tema quedó previsiblemente instalado. Sigue perfilado como uno de los principales riesgos internos para la agenda del próximo gobierno. No es novedad, pero es peor que lo anticipado, en función de los resultados de esta instancia electoral y sus reacciones políticas posteriores.

Siempre estuvo claro que, independiente del dictamen ciudadano, los movimientos sindicales y los partidos políticos patrocinantes pretendían reflejar con este plebiscito una representación mayor a la asociada en las elecciones legislativas.

También era evidente que buscaban atribuirse con ello mayor poder para enfrentar y negociar reformas del próximo gobierno que fueran en contra de sus intereses e ideologías.

Claramente, pese a la derrota, toda esa estrategia emergió intacta por varios hechos. Por un lado, 4 de cada 10 uruguayos y 7 de cada 10 frenteamplistas votaron la iniciativa. Por otro, está la falta de liderazgo dentro del Frente Amplio para criticar los costos e ineficacia combinada con su propuesta de prohibir el lucro en la gestión del ahorro previsional.

Foto: Nicolás Pereyra/El País

¿Acaso se piensa que eso aumentará significativamente las pensiones y jubilaciones? ¿O lo que busca es concentrar las decisiones de inversión de decenas de miles de millones de dólares en un grupo estatal políticamente permeable? ¿O alternativamente se cree que una licitación de la gestión de las inversiones atraerá buenos gestores sin fines de lucro? ¿Acaso no será ésta la punta del iceberg para extender la prohibición del lucro a otras actividades económicas?

Lejos está el tema de haberse cerrado, ni de ser inocuo para las perspectivas del crecimiento económico, la inversión y el clima de negocios.

Menos aún en presencia del mayor riesgo de gobernabilidad por la necesidad de ambos bloques de pactar con la oposición o con Identidad Soberana de Gustavo Salle para tener mayoría en la Cámara de Diputados. Esto podría reforzar cierto status quo o peor, inclinar la balanza hacia iniciativas populistas anticrecimiento y contrarias a sostenibilidad fiscal.

Y en parte asociado a problemas de gobernabilidad, otro riesgo podría ser la expansión de posiciones extremas en ambos lados del arco político si los resultados económicos y en seguridad ciudadana decepcionan durante los próximos años.

Apelando al respaldo de 38% en el plebiscito de la seguridad social y su capacidad de movilización, los sectores radicales del Frente Amplio presionarían para aumentos salariales, mayores prestaciones sociales y alzas de la carga tributaria.

En cambio, en el polo opuesto, podrían irrumpir liderazgos radicales decepcionados por los resultados de la Coalición Republicana e inspirados en ciertas tendencias observadas en el continente durante los últimos años.

Con todo, los espacios de crecimiento electoral de los extremos parecen acotados por la alta adhesión uruguaya al centro político y la presencia en la escena política de Lacalle Pou para captarlo de cara a una eventual candidatura presidencial en 2029.

Finalmente, está de nuevo el riesgo de la escasez de liderazgos políticos y técnicos para persuadir a la ciudadanía sobre los altos costos de iniciativas populistas y convencerla sobre los beneficios de largo plazo de reformas bien orientadas. Líderes que las conduzcan al destino correcto y no sean arrastrados al incorrecto. Líderes que actúen con neutralidad en procesos de negociación en pro del interés general y en contra del interés particular de corporativismos sindicales o empresariales.

En fin, ya habrá oportunidades para especular sobre las perspectivas económicas de Uruguay, una vez dilucidadas las elecciones de Estados Unidos, otros desarrollos externos y el balotaje local. En cualquier caso, la reciente instancia electoral refleja fortalezas y riesgos políticos hacia la economía, cuyo predominio en la segunda mitad de la década dependerá de la madurez política y de la calidad de los liderazgos, en todos los ámbitos.