Hace algunas semanas, un colega, militante del gobierno anterior, se jactaba de la continuidad que estaba dando a entender el entrante, respecto de las políticas del saliente. Pero omitió que eso es tan cierto como que el que cesó, continuó las del que lo precedió y así sucesivamente, entre cada par de administraciones sucesivas en lo que va del siglo.

Porque los partidos y los gobiernos en nuestro país son más parecidos que diferentes entre sí, y los tonos de sus gestiones denotan un espectro estrecho en el ámbito del social estatismo batllista que domina la escena, consistentemente con el ADN de la sociedad, a la que bien representan, dando lugar al “país del lucro cesante” y, según Ignacio de Posadas, al “pacto de la penillanura”.

Y ese panorama, tiene, como ocurre en tantas cuestiones de la vida, una visión que destaca la mitad llena del vaso y otra que pone el ojo sobre la mitad vacía.

El vaso se llena hasta la mitad gracias a la institucionalidad y el mantenimiento de las reglas de juego en general, lo que da lugar a que no se den acá procesos refundacionales con los relevos de gobierno. Al contrario, domina una sensación de continuidad más allá de que cuando un gobierno introduce una reforma la oposición de turno la crítica, a veces se opone a ella acérrimamente y en ocasiones llega a buscar derribarla mediante referendos. Esa dinámica da lugar a cierta lentitud en el proceso de aprobación de las reformas, pero lo más habitual es que el grueso de ellas termina quedando vigente.

Así, por ejemplo, fue tradicional la oposición del FA a diversas políticas aplicadas por los partidos fundacionales, pero una vez en el gobierno esas políticas se mantuvieron y profundizaron. El ejemplo más notorio es el de la gestión de la deuda pública, pero se podrían mencionar numerosos, como el relacionamiento con organismos internacionales tan denostado en el pasado, o el régimen de beneficios a las inversiones de nacionales y extranjeros. Lo mismo ocurrió cuando se dio el retorno de los partidos fundacionales (y sus aliados, en la CR) con las tan criticadas reformas tributaria y de la salud y con el MIDES. Ahora habrá una nueva prueba de esta “regla” con el retorno del FA en materias tales como la seguridad social, la enseñanza y otras normas, por ejemplo, de la LUC.

Pero el problema es que la tan mentada continuidad de las políticas vale también para la inacción, que lleva a que se mantenga casi la misma agenda de reformas pendientes a pesar del transcurso de los gobiernos. Lo que lleva al “país del lucro cesante”, que no es otra cosa que la pérdida de tiempo y de oportunidades que resulta de dicha inacción.

La parte vacía del vaso, entonces, también se puede observar en numerosas políticas que a pesar de sus malos resultados permanecen vigentes. Por citar algunas y sin que el orden de aparición represente mayor destaque, las siguientes.

Uno, un Estado que casi no ha cambiado en sus atribuciones ni tamaño. Las atribuciones han crecido (se viene otro nuevo ministerio, dicen) y el tamaño no se ha reducido: crece el presupuesto en relación al PIB y no baja la cantidad de “vínculos funcionales” (empleados públicos). También crece la flota de vehículos oficiales (ahora son más de 18 mil).

Dos, la gobernanza de las empresas estatales no ha sido modernizada ni profesionalizada. Claro, eso iría en contra de su uso como fuente de “premios consuelo” a dirigentes políticos que no resultaron electos.

Tres, más allá de diversos partidos y gobiernos, el Mercosur (que alguien sutil denominó “Cercosur” en Twitter hace unos días) sigue siendo el mismo de siempre. Un mercado del cual somos rehenes y del cual nos perjudicamos especialmente, por ser los de menor porte del bloque.

Cuatro, un sistema tributario que tiene la gran virtud de seguir teniendo al IVA como su centro pero que en materia de imposición a las rentas empresariales termina siendo un “queso Gruyere” por sus perforaciones y excepciones, en parte por un régimen de beneficios a las inversiones que busca compensar lo caros que somos.

Cinco, la permanencia casi incambiada de reglas de juego para múltiples sectores “generadores de rentas”, donde la regulación o la intervención estatal las hace posibles. Sectores, por lo general, de “no transables”, de servicios, pero también algunos sectores importadores en los que casi no existe competencia. Las famosas “vacas atadas”.

Seis, el caso especial de la salud, sector en el que recurrentemente se producen crisis que derivan en intervenciones estatales que, en vez de buscar nuevos caminos, vuelven a transitar por el que ha conducido a tantos problemas. Un sector donde el presidente afirmó que “no puede ser nunca un negocio”. Es notorio que hay numerosos negocios en la salud y sería bueno que el gobierno lo reconozca y adecue las normas para encauzarlos. De nuevo, la gobernanza.

Séptimo, las políticas económicas. Vivimos en un permanente déficit fiscal, con o sin reglas fiscales, que casi siempre es mayor a la magnitud “aceptable”, del orden de 2% del PIB. Eso da lugar a un aumento de la deuda pública que, no en vano, cada tanto tiempo, se debe reestructurar.

Vivimos casi siempre con una combinación de políticas inconsistentes entre sí, con la fiscal y la salarial siendo expansivas y la monetaria cambiaria siendo contractiva, dando lugar a un peso uruguayo apreciado, fuerte, sin fundamentos reales para ello. Así, somos muy caros en dólares por razones macro además de por el tamaño del Estado, la poca escala y las vacas atadas.

Y vivimos con un régimen laboral antiguo, impropio de las nuevas realidades y que mantiene negociaciones colectivas que emparejan situaciones dispares y por lo tanto genera inequidades y que contribuye a transferir costos desde los sectores no transables a los exportadores.

A fin de cuentas, el vaso luce más vacío que lleno…