Oportuna y acertadamente, el nuevo ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone, ha planteado la necesidad de revisar y actualizar algunos mecanismos de indexación imperantes en la economía uruguaya. La intención es avanzar en “la desindexación de salarios y contratos del Estado”, entre otras cuestiones, para “apuntar a niveles de inflacón más bajos”. ¿Es razonable? ¿Es posible? ¿Ayuda a ese objetivo? Abordemos verdades y falacias sobre el tema respondiendo esas y otras preguntas.

¿Qué se entiende por indexación?

Es el reajuste de valores (pagos) en función de un índice de precios de referencia. El más usado es el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para mantener el poder adquisitivo frente a la inflación minorista de bienes y servicios, pero también hay otros “indexadores”, como el tipo de cambio, los propios salarios, indicadores internacionales de precios u otros referentes.

Mayoritariamente la indexación suele ser por variación pasada del índice respectivo, pero también podría serlo por su variación esperada. A esto último se apunta con la desindexación. A incorporar más el futuro y menos el pasado en el proceso de formación de expectativas.

Por último, si bien el foco predominante está en la indexación de los salarios, hay otras variables que suelen estar indexadas (impuestos, pensiones y jubilaciones, instrumentos financieros, desembolsos específicos de bienes y servicios) o sobre las cuales se debate indexación (tipo de cambio, por ejemplo).

¿Cuál es la interacción entre indexación e inflación?

En general, suelen retroalimentarse. La indexación a cualquier índice es un fenómeno endógeno a un ambiente largamente inflacionario. Se trata de un mecanismo de protección de los agentes económicos a décadas de inflación alta y superación sistemática de las metas establecidas. Es una respuesta racional a la baja credibilidad que durante décadas han tenido esas metas en Uruguay.

Por lo tanto, primero que nada, la indexación es consecuencia de la inflación.

¿También es causa?

En ambientes de inflación alta suele serlo. Pero cuando ésta es de un dígito, más que causa, la indexación (pasada) solo introduce cierto costo en el proceso desinflacionario. No imposibilita bajar la inflación, sino que acarrea algún impacto de la desinflación en PIB o empleo.

Al final, ese es el motivo último para desalentar la indexación por inflación pasada e incorporar metas inflacionarias creíbles en las negociaciones salariales y otros contratos. Porque a mayor desindexación, menor razón de sacrificio entre desinflación y actividad. A mayor desindexación, menor el costo de corto plazo a pagar por reducir más la inflación.

¿Cómo lograrlo?

Los agentes económicos no van a dejar de indexar por inflación pasada mientras las metas inflacionarias no sean creíbles. Así como la indexación es endógena, la desindexación también lo será.

Pasar del círculo vicioso al virtuoso exige compromiso y credibilidad en las metas inflacionarias. En eso la mayor responsabilidad recae sobre el Banco Central y su adecuada gestión de la política monetaria, tanto en el largo como en el corto plazo. Cuanto más comprometido, exitoso y perdurable sea el instituto emisor con la inflación baja y estable, mayor la predisposición de los agentes económicos a desindexar.

Para eso hay que reforzar la autonomía de hecho del Banco Central y también de derecho, con directores que transciendan los períodos de gobierno y exhiban reconocidas credenciales en los temas de su responsabilidad, entre otros avances.

Para eso también se requiere una mejor gestión monetaria unívocamente focalizada en metas inflacionarias más exigentes, insubordinadas a otros objetivos que no puede afectar en el largo plazo, como el Tipo de Cambio Real o la actividad. La máxima es “un objetivo, un instrumento” y el objetivo de la conducción monetaria es la inflación baja y estable.

¿Debe extenderse la desindexación a los instrumentos de ahorro y crédito? ¿Debe eliminarse la Unidad Indexada?

Doblemente no.

Por un lado, hay buena teoría y evidencia respecto a la despreciable incidencia de la indexación financiera en los costos o procesos de reducción de inflaciones moderadas.

Por otro lado, hay buena teoría y evidencia sobre los beneficios de la indexación financiera en base al IPC para la promoción del ahorro y el crédito en moneda nacional, o sea para impulsar la desdolarización. También fomenta el desarrollo del mercado de capitales de largo plazo. Por eso, Canadá, Estados Unidos, Dinamarca y otros países se movieron a promover instrumentos financieros indexados cuando ya tenían inflación baja y estable. Porque además, tener una parte importante de la deuda pública indexada al IPC es justamente un incentivo adicional para tener inflación baja y estable.

En conclusión, hay excesiva confianza puesta en la predisposición de los agentes económicos a desindexar antes de tener un período prolongado de inflación baja, estable y creíble.

Hay también cierta confusión sobre la importancia y el rol de la desindexación. No es una condición suficiente, ni siquiera necesaria, para que Uruguay llegue estructuralmente a la estabilidad de precios aceptada en países desarrollados y muchos emergentes (2-3%). Es una condición que minimiza los costos de dicho proceso. Y por eso es deseable y necesaria. También es posible, como lo demuestran muchísimos países