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POR Sebastián Panzl

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La legislación laboral y su aplicación en Uruguay como mínimo "inquieta" a empresarios locales y extranjeros con inversiones de distinto tipo en el país, oficia como "freno" o "traba" a la captación de nuevos proyectos y llega al extremo de hacer evaluar a varias firmas internacionales su retirada del mercado, según dijeron a El Empresario los titulares de las principales cámaras bilaterales de comercio y asesores jurídicos de inversores.

Aunque destacan sin parar valores como la baja corrupción, la transparencia, el sostenido crecimiento económico y la estabilidad política de Uruguay, los cambios introducidos desde 2005 al derecho laboral y los "permisos" que el gobierno ha dado a los sindicatos han cambiado el humor de los empresarios de los principales países que invierten en Uruguay y, mientras la escalada de conflictos no para y cada día aparece un frente nuevo, reclaman al gobierno "señales" claras y certeras.

Además, mientras Latinoamérica se afianza como una región cada vez más atractiva para inversores extranjeros, crece la competencia entre los países a la hora de disputarse los nuevos emprendimientos y, en ese sentido, muchos alertan que acciones de los sindicatos permitidas por el gobierno, como las ocupaciones, están influyendo negativamente sobre los intereses de Uruguay.

"Si hay un largo período de conflictos sindicales, eso puede influir en la toma de decisiones de un inversor cuando mira dónde poner su dinero", afirmó el embajador de la Unión Europea en Uruguay, Geoffrey Barret. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-Argentina, Ángel Piazza, informó que las empresas que consultaron a la cámara sobre el punto "al final terminaron no instalándose" y graficó que a los ejecutivos "les rondan en la cabeza" las imágenes que han visto en la televisión de fábricas ocupadas, un aspecto difícil de explicar a los extranjeros. "Creo que tiene que gravitar el sentido común para saber si eso (la legislación) juega en contra o a favor. Yo creo que juega en contra", afirmó el titular de la gremial.

Los consultados coincidieron en que las ocupaciones son lo peor visto desde afuera del país, sobre todo desde que esa medida de lucha sindical dejó de ser el último cartucho de los trabajadores y aparece en cambio como una simple opción más a la hora de reclamar por mejores salarios.

Al respecto, la socia de Ferrere Abogados y directora del departamento laboral de dicho estudio, Verónica Raffo, dijo que "la vedette" de las normas que se dictaron en los temas laborales a partir de la llegada del Frente Amplio al gobierno fue la derogación del decreto que habilitaba a desocupar los lugares de trabajo en caso que éstos fueran tomados por los obreros. "Eso fue lo más controvertido. Para un americano, un japonés, un europeo es impensable pensar que pueden ser ocupados los lugares de trabajo y que no hay ninguna medida legal que les permita utilizar los bienes de la empresa", subrayó.

La especialista relató que hablarle hoy a un interesado en invertir en Uruguay acerca de la realidad de las relaciones laborales y especificar las medidas que pueden sufrir "asusta mucho" y alertó que más allá de meras preocupaciones, la "conflictividad llevada al extremo" puede tener consecuencias directas en negocios ya instalados en Uruguay.

"Conocemos varios casos de inversiones que han sido muy afectadas por medidas drásticas, sobre todo en algunos sectores como puede ser el metalúrgico, y hay decisiones de `no vamos a poder seguir más en estas condiciones (porque) Uruguay no me está dando la seguridad jurídica que yo necesito`", aseguró.

Paren la mano, muchachos

Los empresarios no salen de su asombro por la conflictividad laboral "muy por encima" a la de la pasada administración, pese a que también era de izquierda.

"Desde que está el presidente actual llevamos cinco paros generales. No tiene sentido. Antes de hacer un paro general los sindicatos en España lo evalúan mucho porque eso es una pérdida de tantísimas horas de trabajo que no se recuperan más", reclamó el titular de la Cámara de Comercio Uruguay-España, Manuel Barros.

La preocupación no sólo está instalada en el sector privado al punto que provocó hasta manifestaciones públicas del presidente José Mujica, quién dedicó su audición radial del martes pasado a alertar justamente sobre el efecto que las medidas adoptadas puede tener en la economía del país. "Los conflictos afectan la imagen de país serio y viable que tenemos en el exterior y corremos el riesgo de contribuir a perjudicar un proceso de crecimiento que puede ser una de las antesalas del desarrollo", aseguró.

Sin embargo, desde el mundo privado no se entiende cómo la izquierda no logra entablar la relación con los sindicatos que, en su mayoría, fueron aliados en la campaña electoral y ahora aparecen fuertemente enfrentados al gobierno en varios frentes.

En este sentido, el titular de la Cámara de Comercio Uruguay-Brasil, Óscar Montaldo, aseguró que tendría que haber un: "Muchachos paren la mano, vamos a dar un afloje y entrar a ser serios".

A su turno, el titular de la Cámara Uruguay- Estados Unidos, Daniel Varese, dijo que en la lógica comparación que un inversor antes de tomar la decisión de dónde desembarcar con su capital hay países que no tienen el capital humano con el que cuenta Uruguay pero pueden ofrecer menores niveles de conflicitividad u otra forma de resolver los diferendos. "Capaz que nos ganan en esa lección", aseguró.

Otro de los emblemas en materia laboral de la llegada de la izquierda al poder fue la vuelta a la convocatoria a los Consejos de Salario, que fueron consolidados luego a través de la polémica ley de negociación colectiva. Sobre este punto, Varese transmitió también los reparos de inversores que representa ya que "muchas empresas no pueden enfrentar los ajustes salariales que se pautan" y eso genera "desigualdades" entre las empresas.

En definitiva, los inversores reclaman que el país "cuide" la buena imagen que ha construido y advierten que cada planta ocupada permitida por la reglamentación local es una mancha más a esa reputación.