Esta semana entró en vigencia en Nueva York, EE.UU., una ordenanza que obliga a los propietarios de departamentos o habitaciones disponibles en la aplicación Airbnb a inscribirse en un registro público. La medida, replicada en varias ciudades del país, fue muy resistida por la empresa, que la calificó de «prohibición de facto» e intentó frenarla, sin éxito, en la justicia.

El problema para los usuarios de la app es que la municipalidad limita la cantidad de permisos para registrarse. Y aplica multas a quienes ofrezcan sus servicios sin estar incluidos en el registro.

Varias ciudades aplican estas regulaciones porque consideran que los alquileres temporales reducen la disponibilidad de viviendas, aumentan el precio de los alquileres y hasta generan riesgos innecesarios para los vecinos. Por su parte, propietarios y usuarios de Airbnb y de otras aplicaciones similares realizaron denuncias en tribunales de Texas, Kansas City, Santa Fe y Nuevo México, entre otras, según Bloomberg.

«Asumen que solo la gente adinerada tiene Airbnb, pero hay muchas personas como yo, que dependemos del alquiler de un estudio o una habitación para subsistir», dijo a Bloomberg Lisa Cameron, una propietaria de Santa Rosa, California, que fue multada con US$ 500.

El mes pasado, la justicia desestimó la demanda que Airbnb presentó contra Nueva York. La decisión fue tomada por la jueza Arlene Bluth, en un tribunal estatal en Manhattan. En su resolución sostuvo que era «intrínsecamente racional» que la ciudad exigiera que los anfitriones se registraran en una agencia local, como un medio para reducir los miles de listados ilegales de alquileres a corto plazo.

El director de política global de Airbnb, Theo Yedinsky, criticó la decisión en los medios y dijo que las restricciones afectarán al turismo y, por ende, a los residentes de «los barrios no céntricos, que dependen de compartir sus casas» para llegar a fin de mes, así como a las empresas cercanas.

Además de exigir el registro, Nueva York no permite que se alquilen departamentos enteros por menos de 30 días. Pero sí lo admite por plazos de tiempo menor, solo si el anfitrión está presente en el alojamiento y no tiene más de dos visitantes, norma que aplica no solo a Airbnb, sino también a otras plataformas.

De acuerdo con el fallo de Bluth, el requisito de que Airbnb se inscriba en un registro de anfitriones era una «manera muy simple» de asegurarse de que ya no facilitaba ni ganaba dinero con actividades ilegales y citó datos de que la ciudad había recibido casi 12.000 quejas sobre alquileres a corto plazo entre 2017 y 2021. «Claramente, los encuestados identificaron un problema importante», escribió la jueza y agregó que «estas reglas intentaban abordar esta problemática».

Durante los últimos 16 años, los principales mercados, incluyendo Tokio, Miami y París, controlaron los alquileres a corto plazo, lo que llevó a una compleja red de leyes y regulaciones. En Florencia, uno de los principales destinos turísticos de Italia, el municipio anunció la prohibición del uso de propiedades residenciales con esa finalidad, incluyendo Airbnb, en su centro histórico.

Otras ciudades de Italia, como Milán, y de Europa, también tomaron medidas en contra de la compañía, lo que impactó el mercado de alquileres residenciales en diferentes partes del mundo. Portugal también busca controlar este servicio como respuesta a la crisis inmobiliaria. A principios de año, anunció medidas por € 900 millones que ponen fin al programa «Golden Visa» y prohibe nuevas licencias para Airbnb y otros alquileres vacacionales a corto plazo.