Mientras las segadoras terminan de recolectar la soja en una parcela, Adriano Cruvinel supervisa otro sector de su finca en el centro de Brasil, donde pronto la siembra estará lista para la cosecha.

«Nuestra soja está en excelentes condiciones», se jacta este ingeniero agrónomo de 36 años. «Gracias a los microorganismos que aplicamos en todo el cultivo, es mucho más resistente a plagas y enfermedades».

Al frente de un campo familiar de 1.400 hectáreas en Montividiu, localidad del estado de Goiás (centro-oeste), Cruvinel es uno de los productores agrícolas que se convirtió a los biopesticidas.

Se trata de una práctica que gana terreno en Brasil, un gigante agrícola que ha apostado principalmente por los cultivos transgénicos y los pesticidas químicos, de los que es el mayor consumidor global: 719.507 toneladas en 2021, 20% del total comercializado en el mundo, según la FAO, la agencia de agricultura de la ONU.

Deseoso de mejorar su rentabilidad, Cruvinel inició en 2016 una transición hacia la llamada agricultura regenerativa. Se basa en la restauración de la biodiversidad del suelo y la reducción del uso de fertilizantes y pesticidas químicos, privilegiando productos naturales.

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A un costado de sus parcelas de soja transgénica, construyó una biofábrica ultramoderna equipada con un laboratorio.

Conserva en refrigeradores los productos biológicos, setas y bacterias, parte de ellas extraídas de su reserva forestal. Luego los reproduce en unos «hornos bacteriológicos», antes de aplicarlos a la tierra.

Aunque menciona el cuidado de la salud y del medio ambiente, Cruvinel, que sustituyó el 76% de sus pesticidas químicos por productos biológicos, destaca sobre todo que sus costos de producción han disminuido un 61,4%, mientras que su rendimiento de soja ha aumentado un 13%.

Marcos Rodrigues de Faria, investigador de la agencia pública de investigación agrícola (Embrapa), se muestra entusiasmado: el uso de biopesticidas «podría ser revolucionario para la agricultura brasileña y mundial».

Admite, sin embargo, que «queda un largo camino» por delante, ya que el predominio de los químicos en Brasil todavía está lejos de verse amenazado.

De hecho, los biopesticidas representaron el 9% del mercado total de pesticidas en Brasil en 2022 (4% en 2020).

Impulsado por los monocultivos, el sector brasileño de biopesticidas «está experimentando un crecimiento exponencial, cuatro veces mayor que el observado internacionalmente», asegura Amalia Borsari, gerente de CropLife Brasil, organización que representa a la industria agroquímica.

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Para la geógrafa Larissa Bombardi, los productos biológicos, aunque «interesantes», no cambian el modelo agrícola brasileño, que se basa en una altísima concentración de tierras, destinadas principalmente a monocultivos, en detrimento de los pequeños productores con prácticas consideradas más éticas.

Además, «la superficie de tierras cultivadas en Brasil aumentó un 29% entre 2010 y 2019, mientras que el consumo de pesticidas aumentó 78%», observa.

Si bien el agronegocio representa el 24% de la economía brasileña, los pesticidas son sobre todo un tema político.

Tras una larga pulseada con un Parlamento donde los defensores del agronegocio tienen gran influencia, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva finalmente promulgó a finales de diciembre una ley que flexibiliza las normas sobre los «agrotóxicos».

Y aunque Lula vetó ciertas medidas, la norma, muy criticada por los ecologistas, facilita la autorización de nuevos pesticidas.

Ya no están prohibidos por defecto los que tengan carácter cancerígeno o mutagénico demostrado o sean nocivos para el medio ambiente. La prohibición sólo afecta a los productos que presentan un «riesgo inaceptable».

Esta ley es una «tragedia», lanza Bombardi, que denuncia «un regalo a las empresas agrocomerciantes y agroquímicas».

Para los legisladores a favor del agronegocio, el texto es «extremadamente importante para la transición agrícola a largo plazo» porque los productos químicos y biológicos «son complementarios».

El uso indiscriminado de pesticidas en Brasil es además uno de los principales argumentos de la Unión Europea contra un acuerdo de libre comercio con Mercosur.