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Más salas de lactancia y control a proveedores son el siguiente paso a tomar, según surge de un estudio que relevó las prácticas de 100 compañías en el país

Las empresas uruguayas «tienen grandes desafíos en relación con la infancia y sus derechos». Los principales aspectos a trabajar son a nivel interno (como incorporar salas de lactancia) y en relación a la cadena de valor (por ejemplo, controlar que proveedores no vulneren derechos de niños y adolescentes).

Esa hoja de ruta se desprende del informe «¿Qué están haciendo las empresas por los niños en Uruguay 2017?», elaborado por Deloitte para Unicef. Es la tercera edición de esta encuesta que se hace cada dos años. La última fue entre noviembre de 2016 y abril de 2017, pero el informe acaba de ver la luz. Cuenta con datos de 100 empresas que realizan acciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Por ese sesgo, no necesariamente son representativas del total de empresas en el país.

El organismo considera que los datos son «muy importantes» porque permiten visualizar «temas en los que es necesario trabajar», dijo a El Empresario la gerenta de generación de recursos de Unicef, Sandra Rapetti. «En cierta forma es como un autodiagnóstico, una herramienta útil para las empresas, porque les permite ver qué prácticas pueden incorporar», explicó.

Deloitte ya replicó este estudio en otros países de la región: Colombia, Perú y Paraguay. «La próxima edición probablemente se incorporen Ecuador y Chile», adelantó Mariella de Aurrecoechea, socia de RSE en esa consultora. «Uruguay tiene algunas diferencias cualitativas a favor, pero en todos los países los aspectos de mejora son mayormente los mismos», agregó.

Las empresas consideradas en Uruguay colaboran con la comunidad: el 86% apoya iniciativas y organizaciones sociales que benefician a niños y adolescentes. En cambio, hay retos a nivel interno. Solo seis de cada 10 tiene relevada la composición familiar de sus colaboradores. «Es fundamental tener esa información actualizada para definir qué programas equilibran mejor la vida familiar y laboral», dijo Rapetti.

A su vez, solo 35% dijo contar con salas de lactancia (guarismo similar al observado en 2014), pese a que se aprobó la ley 19.530 en agosto pasado, que establece su obligatoriedad en instituciones donde trabajen 20 o más mujeres. A raíz de esto, Unicef está elaborando una guía que explique cómo deben ser y resaltar el impacto positivo que tienen, informó Rapetti.

En tanto, el beneficio que prevalece es el «horario flexible» (79% de las menciones), seguido por la «licencia maternal más extensa de lo establecido por ley», en ocasiones con goce de sueldo y en otras no. Son minoría las empresas que brindan esa extensión al padre. También aparecen los «programas de apoyo escolar» y la opción de «teletrabajo» (32%, ambos). Esta última dos años atrás era «sensiblemente inferior» (15%).

También se encontró trabajo por hacer en el vínculo con proveedores (en contratos) y los clientes (en publicidad). Siete de cada 10 empresas no tienen cláusulas que vigilen el trabajo infantil y los derechos de la infancia en los contratos con proveedores. Quienes sí lo hacen (18% del total, frente a un 12% que evalúa hacerlo), dijeron en 81% de los casos que incluyen mecanismos de control, como auditorías y revisiones. «Hay clientes que nos empiezan a preguntar por estos temas en los contratos que hacemos. Al incentivarse en empresas internacionales, esto va a derramar en el corto o mediano plazo», auguró De Aurrecoechea.