Mundo

La entrada en vigor en Islandia de una vanguardista ley sobre igualdad salarial entre hombres y mujeres acerca al país nórdico a la paridad, aunque su implementación esté llevando más tiempo de lo previsto.

La legislación, que se aplica desde el 1 de enero de 2018 a las empresas con más de 25 empleados en plantilla, invierte la carga de la prueba: ya no les corresponde a los empleados, y en particular a las empleadas, probar una discriminación salarial por razones de género, sino a los empleadores demostrar que, si hay diferencias salariales, no es por razones de sexo.

"No me beneficié de ello hasta que no pasaron unos meses desde que empecé a trabajar aquí", explicó a la AFP Thórunn Hilda Jónasdóttir, una organizadora de eventos de 43 años.

Desde hace cinco años, trabaja en la Universidad de Reikiavik. Ahora, la institución está siendo examinada por el proceso de certificación creado por la ley, considerada como la más progresista del mundo.

"Al hacer este trabajo, vieron que mi sueldo no era el correcto, por eso me aumentaron [...] 25.000 coronas [unos 165 euros, USD 195] por mes", comentó.

Aunque el nuevo texto no lo ha resuelto todo en esta isla de 370.000 habitantes, el primer balance es globalmente positivo.

"Eso prueba que poniendo la carga de la prueba en los empleadores, y obligándolos a examinar los datos, empezamos a progresar", aseguró Margrét Vilborg Bjarnadóttir, profesora de Estadística de la Universidad de Maryland y creadora del programa de equidad salarial.

Las empresas están obligadas a elaborar un plan de igualdad para una auditoría realizada por un organismo independiente certificado. Éste determina la forma en que se calcula el valor del trabajo, en función de criterios objetivos como la antigüedad, la formación, la experiencia, el valor añadido, dificultad...

Si su plan es correcto, la empresa obtiene un certificado válido tres por años. Si no lo es, puede ser multada con hasta 50.000 coronas diarias (330 euros, 388 dólares), aunque hasta ahora ninguna lo ha sido.

Islandia, líder ya de la clasificación de paridad del Foro Económico Mundial (WEF) desde hace 12 años, vio cómo la diferencia salarial bruta hombre-mujer cayó a su nivel histórico más bajo (12,6%) en 2020, contra el 15% de 2017.

Pero, aunque las diferencias se estuvieran reduciendo ya en los últimos años, "claramente, [la ley] tuvo su efecto", afirmó a la AFP la primera ministra Katrín Jakobsdóttir, que ha hecho de los derechos de las mujeres uno de los ejes principales de su política.

Jakobsdóttir aplicó la ley, pero el texto fue adoptado bajo el precedente gobierno dirigido por un hombre, el ex primer ministro de derechas Bjarni Benediktsson, que vuelve a presentarse a las legislativas del próximo sábado, a las que también se postulará la actual primera ministra, decidida a obtener un segundo mandato.

Para del 31 de diciembre de 2021, al menos 1.180 empresas islandesas, que suman 147.000 empleados, deberían haber aplicado la reforma. Sin embargo, se les ha otorgado un plazo suplementario de 12 meses.
Hasta ahora, solo 320 han obtenido el certificado de conformidad válido por tres años.

"El problema es que los mecanismos de certificación no estaban listos cuando la ley fue adoptada", señaló a la AFP Brynhildur Heidar Omarsdóttir, secretaria general de la Asociación para los derechos de las mujeres.

Pero el texto "ha cambiado enormemente la cultura en los lugares de trabajo", añadió.

Islandia ocupa un lugar singular en la historia del feminismo. Fue el primer país en elegir a una mujer jefa de Estado en 1980, y también fue escenario, cinco años antes, de una inédita huelga de mujeres, lanzada el 24 de octubre de 1975 para mejorar sus salarios y condiciones de trabajo.

Tras esta manifestación, el principio de igualdad salarial fue inscrito en la ley al año siguiente.