A 10 años de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo: dejar atrás el estigma del aborto

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SALUD DE LA MUJER

El 22 de octubre de 2012 fue promulgada la Ley 18.987 que despenalizó la práctica del aborto hasta las 12 semanas de gestación, convirtiendo a Uruguay en una excepción en la región.

El 22 de octubre de 2012 fue promulgada la Ley 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En ese momento Uruguay se convirtió en el único país de América del Sur en despenalizar la práctica y una excepción en América Latina junto con Cuba, Guyana, Guyana Francesa, Puerto Rico y partes de México. Desde entonces hubo un descenso en mortalidad materna, llegando ser el país con la tasa más baja en las Américas, sólo detrás de Canadá.

“La mortalidad materna por aborto se ha mantenido muy baja dentro del marco de la ley y las cifras de abortos se han mantenido estables en los últimos años con una tendencia al descenso. Esto es un indicador sanitario muy importante, una evidencia que lo sostiene como una estrategia efectiva y segura para la vida de las mujeres”, afirmó Cecilia Stapff, coordinadora del Área Advocacy de la organización Iniciativas Sanitarias, que trabaja en la promoción y defensa de la salud sexual y reproductiva de niñas, adolescentes y mujeres, ubicada en el Hospital Pereira Rosell.

Cecilia Stapff
Foto: cortesía Cecilia Stapff

Cómo funciona la IVE

La ley, entre otros puntos, establece la despenalización del aborto inducido – siempre y cuando se realice hasta las 12 semanas de gestación o hasta las 14 semanas en casos de violación – realizado a través de los servicios legales del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).

El procedimiento implica cuatro pasos fundamentales

1) Que la mujer, o la persona con capacidad de gestar, se presente ante la institución de salud y manifieste el deseo de no seguir con el embarazo. 2) Una consulta con un equipo interdisciplinario conformado por ginecólogo/a, psicólogo/a y un profesional del área social. En este segundo paso este equipo tiene la función de acompañar e informar sobre el procedimiento, características, riesgos y alternativas, de forma que la decisión sea tomada de manera consciente y responsable. 
3) Cinco días de reflexión obligatorios y si la decisión es de seguir con la interrupción, la consulta siguiente será de orientación sobre el procedimiento y entrega del medicamento, que será administrado de forma domiciliar. 4) Los controles luego de la interrupción del embarazo: la realización de una ecografía que garantice que el procedimiento fue efectivo y la información sobre los métodos anticonceptivos.

Según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP) en 2021 se realizaron 10.111 abortos legales en el país, una tasa que se mantuvo estable en los últimos años. La organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) da cuenta de que entre 2013 y 2020 se realizaron un total de 75.117 interrupciones.

“El impacto sobre la vida de las mujeres ha sido muy beneficioso, ya que durante estos 10 años muchas accedieron a un aborto de forma segura”, remarcó Stapff.

Vacíos e irregularidades

Al servicio pueden acceder todas las mujeres uruguayas y también las extranjeras con más de un año de residencia en el país. Ese plazo, sin embargo, deja a muchas fuera del sistema.

“Que se excluyan a las mujeres migrantes en un momento en donde hay un gran flujo migratorio hacia Uruguay, es directamente una violación a los Derechos Humanos”, sostuvo Yanina Roldán, licenciada en trabajo social e integrante de la Red de Acompañamiento Feminista en Aborto Las Lilas.

El colectivo asesoró a cerca de 300 mujeres entre 2020 y 2021. En el acompañamiento que brindan han detectado desinformación e incluso irregularidades en los procedimientos.

“Han ocurrido casos de maltrato dentro del servicio. A la persona que está pasando por el proceso de interrupción del embarazo no se debería, por ejemplo, mostrar la ecografía, o hacerle escuchar los latidos en ninguna etapa, eso es parte de la ley.  Pero pasa porque hay una carencia en la formación de los profesionales, no solo con el tema aborto, sino en salud sexual y reproductiva en general”, informa Roldán.

Si bien la ley obliga a todas las instituciones del SNIS a cumplir con la normativa mediante la coordinación de equipos técnico-profesionales y administrativos, también prevé la posibilidad de que puedan declarar Objeción de Ideario y sus profesionales Objeción de Conciencia con respecto a la realización de la IVE.

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Foto: Archivo El País

Los índices más altos de objeción provienen de los departamentos de Colonia, Mercedes y Melo. Eso implica un dilema según Tamara Savio, responsable del área joven de MYSU e integrante de Las Lilas: “Dónde están las garantías de las personas que necesitan de este servicio en estos departamentos?” cuestionó.

“A veces se las deriva a Montevideo y tienen que trasladarse kilómetros. Hay un sesgo por parte de los profesionales y eso también ha sido una estrategia para imponer barreras, para desestimar la intención de abortar. No debería pasar, incluso porque en la gran mayoría de las veces la persona ya está segura de su decisión”, aseveró.

Estigmas

Por otro lado, destacan, el aborto fuera de los plazos y situaciones que prevé la Ley 18.987 sigue siendo un delito tipificado en el Código Penal, lo que, según las integrantes de Las Lilas, genera estigmas para las mujeres que recurrieron al servicio o necesitan hacerlo.

“Aunque sea legal y esté garantizado por la ley, hay un estigma todavía sobre la práctica. Es como un servicio secreto, porque no tenés campañas, no hay un paso a paso, es todo un laberinto para acceder”, sentenció Savio.

“Eso no pasaría si se hablara más abiertamente de aborto, si se hicieran campañas informativas sobre el tema, porque tenemos una ley que nos garantiza hacerlo públicamente. Nos damos cuenta, por las muchas consultas que nos llegan, de que no se dan a conocer los servicios”, indicó Roldán.

Volver a hablar del aborto

Stapff, Roldán y Savio, coincidieron que es necesario poner el tema sobre la mesa. “Una vez que se aprobó la ley quedó un silencio a nivel social, algo como ‘ya está, se consiguió y es esto’ y en realidad no se dio el seguimiento en lo que tiene que ver con la implementación. Eso también es lo que da pie a que pasen vulneraciones”, afirmó Roldán.

Los muchos pasos que marca la ley, el período de reflexión de cinco días, la consulta obligatoria con el equipo interdisciplinario, la exclusión de obstetras parteras en el proceso y la barrera para las mujeres migrantes, son algunos de los puntos de mejora que remarcó Stapff.

“Hay aspectos de la ley que en algún momento se deberían revisar. El abordaje de la sexualidad en los servicios de salud sexual y reproductiva es aún un tema pendiente. Uruguay fue pionero en su momento al despenalizar el aborto, pero hoy por hoy para continuar avanzando se requieren otros cambios que faciliten el acceso a los servicios y que permitan respetar la libertad y autonomía reproductiva de las mujeres”, afirma.

“Es sumamente necesario volver a hablar de aborto públicamente. Que se conozca la ley y los procesos; que se denuncie cuándo algo no se cumple. Si no hay denuncias se da por entendido que los servicios están funcionando bien”, dijo Savio. Y añadió: “Como red tratamos de generar otras narrativas sobre el tema que no sean las de ‘es algo pesado, horrible’, sino que también puede ser un alivio. Algo a lo que accedés como cualquier otro servicio de salud, que no tiene que ser una experiencia trágica y dolorosa”, finalizó.

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