DERECHOS HUMANOS

Uruguay se sometió los pasados 30 de junio y 1 de julio a su sexto examen periódico ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que reconoció avances en materia de políticas de género, aunque elaboró una lista de sugerencias para seguir avanzando en este aspecto. 

Ayer, el comité recomendó que Uruguay implemente medidas para proteger a la comunidad LGTBI+ de la estigmatización y de actitudes discriminatorias, e investigue "sin demora" los delitos motivados por la orientación sexual o la identidad de género de la víctima.

La presidenta del Comité, Photini Pazartis, declaró que el país tiene que "redoblar sus esfuerzos" para combatir los estereotipos contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, así como frenar las conductas violentas en las escuelas.

En este sentido, también se mencionó el tema de la discriminación racial. Según el informe elaborado por el Comité, en Uruguay persiste la discriminación estructural contra las personas afrodescendientes, siendo las mujeres y niñas las que más la sufren en el ámbito educativo, el de la salud y la vida pública.

La presidenta del comité propuso incrementar las campañas de educación y sensibilización de la población en este punto y la capacitación del sector público, privado y docente para "promover la tolerancia y el respeto a la diversidad".

En cuanto a la violencia doméstica desde el comité se expresó preocupación por el incremento de los ataques contra las mujeres, después de que en 2021 se registraran 30 femicidios y 38.925 denuncias por violencia doméstica.

Entre las recomendaciones se incluyó un plan para combatir la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, incluidas las afrodescendientes e indígenas, en puestos directivos tanto de la esfera pública como de la privada.

Asimismo, Pazartis expuso las dificultades que encuentran las mujeres a la hora de poder abortar, e instó a garantizar un plan que garantice la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de seguridad y privacidad.

Por otra parte, el comité notificó un aumento de los juicios penales, amenazas y restricciones a la libertad de expresión de periodistas en Uruguay, y pidió que se investiguen de forma independiente y parcial todas las denuncias relativas a dichos actos de intimidación.