INTERNA AGITADA

Luis Lacalle Pou habló con él y, según el intendente, le transmitió su apoyo.

La decisión del intendente de Artigas Pablo Caram de tener trabajando con él en la comuna a varios familiares provocó un nuevo revuelo en el Partido Nacional y matices a la hora de analizar la situación.

Mientras en el sector Todos, al que pertenece el intendente y que lidera Luis Lacalle Pou, se relativizó la situación y se afirmó que "no hay una intención de acomodo familiar", desde Alianza Nacional se pidió convocar "de urgencia" a Caram al Directorio partidario para hacer sus "descargos", y si fuera así resuelto pasar el caso a la Comisión de Ética partidaria.

Caram se defendió ayer diciendo que Lacalle Pou lo llamó por teléfono y no lo cuestionó. "Luis me llamó para ver cómo estaba. (...) Me llamó para apoyarme, no entramos en detalle pero creo que también piensa lo mismo que yo", señaló en radio Carve. Caram acaba de abandonar filas de Alianza Nacional, de Jorge Larrañaga, para pasarse al movimiento Todos con Lacalle Pou, lo cual provocó un roce entre los líderes blancos hace algunas semanas.

En la cúpula nacionalista se piensa que hay una "operación política" contra los intendentes por la sucesión de episodios como los ocurridos con las intendencias de Lavalleja (Adriana Peña), Soriano (Agustín Bascou) y ahora Artigas.

Ayer se informó en un medio digital de Lavalleja que precisamente Peña acaba de nombrar a su hermano Gerardo Peña, en forma interina, al frente de la dirección de Comunicaciones de la comuna. Lo confirmó la propia intendenta en conferencia de prensa.  Según Peña, la designación de su hermano es provisoria, es encargado de prensa y no director y se debe a la renuncia de un periodista que ocupaba ese cargo.

Entre los familiares que trabajan en la comuna artiguense figuran Karolina Gómez, pareja de Caram y directora de Cultura de la comuna, Rodolfo y Manuel Caram, director y asesor de Desarrollo respectivamente, ambos primos del intendente, Augusto Rodríguez y Gustavo Dos Santos, secretario general y director de tránsito de la comuna, señalados como primos del cuñado del jefe departamental.

Por último están Valentina Dos Santos Caram, sobrina del intendente y directora general de la Intendencia, y quien es señalado como su pareja, Omar Bicera, que se desempeña como encargado de proyectos.

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El diputado de Alianza Nacional (sector Por la Patria) Omar Lafluf, que fue intendente de Río Negro en dos oportunidades, afirmó a El País que no está bien la conducta de Caram, y anunció que ayer mismo pediría al presidente del Directorio Luis A. Heber la citación "urgente" del intendente para "que haga sus descargos". Y eventualmente pasar su caso a la Comisión de Ética.

Lafluf, incluso, recordó una situación similar que involucra al ministro de Economía Danilo Astori, quien tiene a su pareja contratada en la secretaría del ministerio. "Si no está bien lo de Astori con su pareja, esto es lo mismo", apuntó.

Pese a no querer hacer declaraciones públicas sobre el caso, el senador Lacalle Pou hizo saber a El País a través de allegados su postura respecto al caso.

En el caso puntual de Caram hizo saber que Valentina dos Santos milita en política hace más de 25 años, desempeñándose como jefa de campaña de Caram para la Intendencia. Que Rodolfo Caram era el diputado por el departamento y que hizo un acuerdo político con el intendente antes de la elección. Que en el caso de Manuel Caram se desempeñó durante 20 años como edil siendo parte del equipo que llevó a su primo a la Intendencia. Y que Karolina Gómez, la pareja del intendente, es funcionaria municipal desde hace 19 años.

Mientras, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) no necesariamente considerará la situación de Artigas, admitió ayer su presidente Ricardo Gil Iribarne. Hablando con radio Sarandí explicó que la normativa vigente impide que un jerarca trabaje en forma directa con su cónyuge, situación que no se cumple ni en el caso de Caram ni en el de Astori. Apenas, reconoció que puede tratarse de un problema "ético".

"Mi opinión personal es que hay algunos elementos preocupantes en materia de relaciones o soluciones laborales que los jerarcas les dan a sus familiares. Una posibilidad no definida es que la Junta analice ese tema, pero no como un caso individual sino general, porque nos preocupa y pensamos que le preocupa a la ciudadanía. Es que hoy ese tipo de mensajes son muy negativos: la gente está preocupada porque los cargos públicos sirvan para acomodar familiares", expresó a su vez en El Espectador.

El senador Heber dijo ayer que "si sacáramos una ley como la de Macri, la tercera parte del gobierno de nuestro país se tendría que ir", ya que "hay mucha gente que son parientes entre ellos". Recordó el caso del subsecretario del Interior Jorge Vázquez que es hermano del presidente Tabaré Vázquez. "¿Ahí está bien y Caram está mal? ¿Por qué?", señaló.

En Uruguay desde hace casi 15 años está vigente el decreto 30 del 2003, que establece las normas de conducta de la función pública.

Por ejemplo, el artículo 35 del decreto prohíbe "la actuación dentro de la misma repartición u oficina del funcionario que se halle vinculado con su jerarca por lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad (se trata de hermanos, abuelos y nietos, padres políticos y cónyuge de la hija o hijo) o por ser su cónyuge".

El senador Heber precisó que en el caso de Caram "no hubo una intención de acomodo familiar".

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Consultado por El País sobre cómo eligió a sus familiares para los cargos, el intendente de Artigas Pablo Caram manifestó que "son cargos de confianza" y que "cualquier gobierno los pone". Al ser preguntado sobre los cuestionamientos recibidos por la decisión de poner a familiares suyos en cargos jerárquicos de la Intendencia, el nacionalista respondió: "A mí lo que me importa es la gestión, y la estamos haciendo". Hace poco Caram cambió dentro de la interna nacionalista, pasando de Alianza a Todos.

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El último informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) sobre los cargos de particular confianza en la administración central y los 19 gobiernos departamentales fija el número en 850. De ese total nacional, las intendencias departamentales se llevan la amplia mayoría, con 531 casos.

El Poder Legislativo tiene doce cargos de confianza política, que son los secretarios y prosecretarios del Senado, la Cámara de Representantes y la Comisión Administrativa. Estas personas son designadas por acuerdo político entre los partidos cada cinco años.

El Poder Ejecutivo tiene un total de 169 personas de confianza política, según el informe de ONSC llegado al Parlamento. Los cargos se reparten entre los trece ministerios y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

El Poder Judicial aparece en el informe con solamente cuatro cargos de confianza.

En los organismos de los artículos 220 y 221 de la Constitución (Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados) hay 60 cargos de confianza política.

Pero la mayor cantidad de cargos la concentra las intendencias y las juntas departamentales (531 y 74 respectivamente). El caso más elocuente es la comuna de Cerro Largo donde según el informe figuran 163 cargos de confianza política, casi la misma cantidad que en todo el Poder Ejecutivo (13 ministerios más OPP).

Le sigue en cantidad la Intendencia de Maldonado, con 105 cargos de confianza. Cerro Largo y Maldonado son gobiernos blancos.

La primera intendencia frenteamplista con mayor cantidad de cargos de confianza política es la de Canelones con 89 personas en esa situación. Luego viene la Intendencia de Montevideo con 35 cargos de confianza.

En el caso de los ministerios, quien va a la cabeza es Interior con 34 cargos políticos.