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Alianza Nacional le ofreció ayer al MPP abrir una instancia de negociación para introducirle cambios al proyecto de reducción del IVA. El MPP prepara una propuesta alternativa al texto enviado por el gobierno.

Alianza Nacional, el sector del senador Jorge Larrañaga, planteó al Movimiento de Participación Popular (MPP) la necesidad de crear un espacio de diálogo con el fin de modificar el proyecto que reduce dos puntos porcentuales el IVA que el gobierno envió ayer al Parlamento.

A través de una nota firmada por los diputados Jorge Gandini y Daniel Peña, en nombre de la bancada aliancista, se trata de abrir un diálogo sobre dos temas: la "bancarización implícita" que tiene este proyecto y sus consecuencias, y la postura del sector nacionalista en cuanto a que una bancarización como la que se propone debe ir acompañado de un nuevo marco regulatorio de las tarjetas de crédito, una iniciativa del diputado Peña.

En la carta enviada al MPP, a la que accedió El País, Alianza sostiene que la bancarización implica un problema, que es que todas las personas que no tienen tarjetas porque no quieren, no pueden o el banco no se las otorga, quedarán fuera del beneficio de la rebaja del IVA. Además quedarían fuera del sistema todos los comercios que no se afilian al uso de las tarjetas porque el descuento que se les hace es importante y les lleva el margen de ganancia, algo que no sucede con las grandes superficies.

Alianza quiere incluir en el proyecto normas para regularizar el uso de las tarjetas.

El sector nacionalista hizo este planteo al MPP porque lo encontró "más abierto" a introducirle cambios al proyecto que a Asamblea Uruguay.

En el MPP no habrá una reacción formal hasta el lunes, aseguraron a El País integrantes del sector. Ese día, presentarán una propuesta alternativa al proyecto del Poder Ejecutivo.

A su vez, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, admitió que el proyecto del IVA puede incluir cambios. "Como siempre pasa se introducirán modificaciones y mejoras", dijo.

"Este proyecto cumple el programa del Frente. Estamos ante un proyecto que va a racionalizar impuestos a favor de la gente. La única preocupación es aliviar la carga tributaria a los sectores más pobres de la población", destacó Lorenzo a El País.

EL PROYECTO. El miércoles Presidencia de la República envió al Parlamento el proyecto de ley que prevé modificaciones en el IVA y el IRPF. El vicepresidente Danilo Astori lo destinó a la Cámara de Diputados, que le dará entrada en su sesión del martes y pasará a comisión.

El proyecto faculta al Poder Ejecutivo a reducir el IVA en dos puntos "para las adquisiciones de bienes y servicios realizados a través de la utilización de tarjetas de crédito, débito u otros instrumentos similares".

También faculta al Ejecutivo a "eliminar totalmente la incidencia del IVA" en las compras a través de tarjetas de débito financiadas por el Estado, como la tarjeta alimentaria de Uruguay Social y la tarjeta para el pago de asignaciones familiares.

Además, incrementa los mínimos no imponibles del IRPF, lo que se hará en forma gradual (entre dos y tres años) para pasar de $15.582 a $ 17.808. El texto crea una nueva categoría que grava con una tasa del 30% a las personas que cobran 115 BPC mensuales (un salario nominal de $ 255.991 por mes).

El proyecto de ley introduce otro cambio al IRPF: permite una deducción por las cuotas abonadas por créditos hipotecarios "destinados a la adquisición de vivienda única y permanente del contribuyente" y siempre que el costo de la vivienda no supere los US$ 93.371.

El monto efectivo que se podrá descontar del IRPF por este concepto al mes -y que incluye las cuotas de cooperativas de vivienda- será de unos $ 600.

El proyecto incluye la derogación del impuesto a la venta de semovientes, que grava con 1% el precio del animal. También prevé una compensación anual a los gobiernos departamentales por las pérdidas de la recaudación de dicho tributo, para lo que se propone una transferencia de Rentas Generales por un monto equivalente a la recaudación en 2011. Eso representará unos US$ 18 millones anuales que irán de Rentas Generales a las intendencias, estimó en setiembre el vicepresidente Danilo Astori.

Este proyecto fue presentado en el Consejo de Ministros del 12 de setiembre por el ministro Lorenzo, y contiene la baja del IVA y del IRPF, prometidas en la campaña electoral por Mujica y Astori.

El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, reconoció ayer en su comparecencia a la Comisión de Hacienda del Senado que no puede asegurar que el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) evite la concentración de tierras.

Lorenzo dijo a los legisladores que "no se puede hablar de los efectos de un impuesto, antes de que se empiece a instrumentar", según dijeron a El País participantes de la reunión.

El ministro insistió que el objetivo del impuesto es "la penalización de la concentración de la tierra" y justificó su existencia para el mejoramiento de la infraestructura vial. Además, no descartó que pueda haber otras medidas impositivas si se requieren más mejoras de infraestructura, dijo a El País el senador José Amorín.

Lorenzo dijo en conferencia de prensa que la empresa Montes del Plata no pidió ningún beneficio de parte del Estado para no pagar el impuesto a la tierra. Según los cálculos de Economía, la forestal debe aportar por año casi US$ 4 millones por las 250.000 hectáreas que posee. "El impuesto no contempla excepciones y la empresa dice que no tiene nada para reclamar", argumentó Lorenzo.

La comisión también recibió al subsecretario de Economía, Luis Porto, y al embajador Álvaro Ons de Cancillería para informar sobre las trabas comerciales. Lorenzo admitió las dificultades para el funcionamiento del Mercosur. El senador Sergio Abreu (Alianza Nacional) dijo que se informó que se estarán negociando aranceles especiales.