ALFABETIZACIÓN

Al menos 26 reclusos pidieron que se les enseñe a leer y escribir. El caso llegó a la Justicia a través de la intervención del Comisionado Parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit.

Este grupo de afectados es una muestra del centenar de analfabetos que albergan las cárceles uruguayas, según los cálculos más conservadores y que reconoce el informe oficial de ANEP (realizado por Estela Alem).

No obstante el presidente de la ANEP, Wilson Netto, dijo que hubo unos 1.200 reclusos que sí pudieron acceder a la escuela estando en prisión y que la enseñanza en las cárceles mejoró desde que el Frente Amplio llegó al poder: "Si uno compara 2017 con 2005, la presencia de la educación en cárceles en la actualidad es muy importante. Barremos el país en su conjunto".

Año a año viene creciendo el número de interesados en cursar Primaria tras las rejas. La Dirección Sectorial de Educación de Adultos, que es la división encargada de estos programas, atendió en 2017 a casi 200 alumnos más que en 2016, y 300 más que en 2015. Para el año que viene, la demanda preliminar es de 1.590 reclusos.

En el recurso que Petit presentó ante la Justicia en diciembre, para que este Poder obligue a la ANEP a hacerse cargo de quienes no acceden a la enseñanza, el comisionado reconoce las mejoras en el sistema pero entiende que "las condiciones de reclusión son indebidas", porque la educación es un derecho impostergable.

La Justicia entendió que no está en juego la integridad física de los presos y, por tanto, no puede obligar a la ANEP a que garantice el acceso a la educación a todos los reclusos. Sin embargo, Petit entiende que es ella, la Justicia, la que "tiene un rol fundamental en garantizar los derechos humanos".

Una semana después de estos dicho, Netto señaló en el sitio web de Presidencia que "las cosas se manejan en mesas de trabajo, no a través de debates mediáticos que no nos llevarán a ningún lado". Pero en el escrito que el comisionado parlamentario había presentado ante la Justicia se aclaraba que el caso había sido informado a la ANEP y su salida a la prensa fue posterior a que la Justicia no diera lugar a la demanda.

Netto invitó al comisionado a participar en las mesas de trabajo, al menos lo dijo en la página de Presidencia. Además, el jerarca sostuvo que la ANEP ha invertido cerca de US$ 5 millones en estos programas. Y concluyó: "Estamos hablando de prácticamente cuatro centros educativos de tamaño medio presentes en los distintos contextos carcelarios".