De los 16 ginecólogos que hay en el departamento de Paysandú, 14 son objetores de conciencia y por tanto se niegan a llevar a cabo abortos. En Río Negro pasa lo mismo con 6 de los 10 médicos en ginecología que hay allí.

En Soriano las instituciones de los centro de salud públicos se negaron a brindar información aludiendo que una orden de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) se los impedía.

Los datos se desprenden del estudio "Estado de situación y desafíos en aborto y salud sexual y reproductiva en los departamentos de Paysandú, Río Negro y Soriano", realizado por la ONG Mujer y Salud en Uruguay (MySU) y que será presentado hoy.

El informe, según explicó a El País la directora de la organización, Lilián Abracinskas, da cuenta de la existencia de un "secretismo" por parte de las autoridades a la hora de brindar información sobre salud sexual y reproductiva.

"Hay un secretismo, porque nosotros nos dimos cuenta que no se puede entrar a una institución, preguntás y te dan los datos que te tienen que dar. Tenés que preguntar y preguntar, una y otra y otra vez. No hay información en la cartelera, o a veces directamente no hay cartelera; no hay una lista en la que se diga si un médico es objetor de conciencia o no", se quejó Abracinskas.

La directora de MySU adelantó también que los datos del informe permiten deducir que las cifras del Ministerio de Salud Pública (MSP) que señalan que en promedio el 30% de los médicos son objetores de conciencia, no se ajusta a la realidad. "Lo que estamos encontrando nos da un porcentaje mucho más alto", precisó.

"Esta es una situación preocupante, porque es difícil saber si el sistema va a dar abasto. El año pasado las cifras mostraron que creció la cantidad de abortos, pero según los datos que tenemos son cada vez más los médicos que declaran objeción de conciencia", añadió Abracinskas.

Ante esta realidad, la directora de MySU señaló que muchas veces sucede que una mujer debe hacer varias consultas antes de encontrar un médico que acepte finalmente recetarle la pastilla para abortar. También advirtió que hay ginecólogos no objetores de conciencia que ya se ven sobrepasados por la cantidad de pacientes que tienen que atender y que se está notando en el interior del país una movilización de mujeres de un departamento a otro para poder hacerse un aborto. A veces no tienen más remedio que viajar a Montevideo.

El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, dijo, consultado ayer en rueda de prensa sobre la realidad del interior del país en cuanto a la gran cantidad de médicos objetores de conciencia, que la cartera "sigue trabajando" en el tema, pero no dio detalles.

A la situación de Paysandú, Río Negro y Soriano, se le suma la de Salto. Un informe similar hecho por MySU en este último departamento en septiembre 2013, advertía que el 100% de los médicos eran objetores de conciencia. Desde mediados de 2014 una ginecóloga está yendo una vez por semana para hacer los abortos que las mujeres requieran.

Según Abracinskas, recientemente dos ginecólogos jóvenes se instalaron en Salto, pero la información que manejan advierte que uno de ellos ya se habría declarado objetor de conciencia. "No lo tenemos chequeado, porque no nos lo quieren confirmar", explicó la directora de MySU.

Abracinskas, por otra parte, adelantó que ya se prepara un segundo estudio para los departamentos de Rivera, Maldonado y Durazno (o Florida). También, la ONG trabaja junto a la Facultad de Psicología en un informe sobre la situación en Montevideo.

El estudio de MySU discrimina entre centros públicos y privados de los departamentos de Paysandú y Río Negro, y de esos datos se desprende que los médicos que trabajan para las instituciones privadas son quienes tienen más reparos de realizar abortos.

En Paysandú, de los 14 médicos que trabajan para ASSE, solo tres son objetores de conciencia. En tanto, en la privada Comepa, de 12 ginecólogos solo dos son no objetores y de estos solo uno hace abortos.

En Río Negro de los siete médicos de ASSE, tres son objetores de conciencia, y todos ellos son de Young. Esto lleva a que cuando no hay capacidad en Fray Bentos para recibir a las mujeres derivadas desde allí, estas se ven obligadas a viajar a Montevideo. En una de las privadas, Amedrin, los tres médicos que hay no son objetores; pero en la otra, CAMY, los tres que hay sí lo son.

No es la primera vez que una ONG denuncia secretismo en cuanto a la información que se brinda sobre la práctica del aborto. MySU es una organización que está a favor de la legalización de esta práctica. Pero también quienes están en contra han disparado contra el gobierno por la escasez da datos. Movidos por la Vida, Organización Pro-Vida, una ONG antiaborto, se mostró molesta por lo tarde en que se difundieron los datos correspondientes al año 2014.

"El MSP está aún en debe con la ciudadanía, que espera un verdadero reporte con mayor información y rigurosidad, inexistente actualmente, referido a la evolución mensual del número de abortos, departamento por departamento y por edad de las usuarias, a posibles complicaciones sanitarias de mujeres derivadas de prácticas abortivas, entre otros aspectos", declaró la ONG.

MySU, luego de recibir la respuesta de las instituciones de Soriano que advertían que ASSE no les permitía dar información se dirigió a la Administración, que si bien le brindó algunos datos, se negó a decir cuántos ginecólogos hay en el departamento y cuántos de ellos eran objetores de conciencia. Tras esto, Abracinskas llevó a cabo un pedido de informe que aún está en curso.

Las mujeres que llevan a cabo abortos luego son mal vistas en sus comunidades, según se desprende del informe realizado por la ONG MySU, que abarca los departamentos de Paysandú, Río Negro y Soriano.

"A través del estudio se detectó que el estigma vinculado a la práctica del aborto está fuertemente presente en el relato de las mujeres entrevistadas en los tres departamentos abordados", señala un adelanto del estudio, que será presentado hoy a las 18 horas en la sede de la Unión Postal de las Américas España y Portugal (Upaep), ubicada en Cebollatí 1470.

El trabajo de MySU se realizó en dos fases. En la primera, que culminó en diciembre del año pasado, se relevó información sobre el estado de situación de todos los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo aborto. En la segunda fase, desarrollada entre enero y marzo de 2015, se indagó sobre significados, prácticas, valores y percepciones de la salud y los derechos sexuales y reproductivos a través de entrevistas a mujeres entre 15 y 49 años, de los tres departamentos.

Son la mayoría en Paysandú y Río Negro; ASSE bloqueó datos de Soriano