En la primera jornada de alegatos finales ante el Tribunal de La Haya, Argentina reiteró que Uruguay violó el tratado del Río Uruguay y afirmó que habilitó el inicio de las obras en febrero de 2005 sin contar con estudios de impacto ambiental.
En este tramo final, que continúa hoy, a Argentina se le abrió un nuevo frente con los ambientalistas entrerrianos. Según informó ayer el diario Uno de Entre Ríos, la empresa Iberpapel construye un terraplén sobre un humedal que da al río sin contar con estudios de impacto ambiental y violando el Estatuto del Río Uruguay.
Argentina continuará su exposición hoy y Uruguay tendrá dos días para contestar. Se estima que el Tribunal se expedirá hacia marzo o abril de 2010.
Por la delegación argentina expuso ayer la experta en derecho, Laurence Boisson, de la Universidad de Ginebra. La experta dijo que Uruguay violó el tratado, además, por no haber suministrado informaciones completas a Argentina, ni planteado otras localizaciones para la planta ni evaluar el impacto de la obra en las actividades preexistentes en el río, en especial, las turísticas.
Por su parte, otro expositor, el especialista en Derecho de la Universidad de París, Alain Pellet, también negó la existencia de un acuerdo previo entre ambos países para la construcción de la planta. Este fue uno de los argumentos centrales de Uruguay que invocó un acuerdo suscrito en 2004 entre los cancilleres de Uruguay, Didier Opertti, y de Argentina, Rafael Bielsa, informado luego al Congreso por el entonces presidente Néstor Kirchner en su memoria al Poder Legislativo. El especialista francés dijo que ambos países sólo acordaron que se enviara información a la Comisión de Administración del Río Uruguay (CARU) pero no que se comenzaran las obras. Agregó que Argentina demandó en mayo de 2005 información sobre el proyecto lo que no fue respondido por parte de Uruguay. Dijo que el único acuerdo entre ambos países era el "desacuerdo".
IBERPAPEL.. En tanto, según diario Uno la obra de Iberpapel sobre el humedal, llamado 2 de agosto, no cumple con la Ley General de Ambiente, los Decretos provinciales 4.935 y 6.470, ni el Tratado del Río Uruguay, según señalan los grupos ambientalistas de la ciudad de Colón. La empresa asegura que cuenta con el permiso de la provincia de Entre Ríos otorgado en el marco de la Ley de Suelos, y dijo que a requerimiento de la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, se presentó un informe ambiental con un plan de manejo.
Los asambleístas de Colón "aseguran que las obras realizadas no cuentan con el estudio de impacto ambiental ni la correspondiente certificación de aptitud otorgada por medio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental según la Ley General de Ambiente", dijo el diario Uno. Afirman, además, que no cuenta con la aprobación de la obra civil. Lo que expone a Iberpapel a acciones jurídicas, tanto en el fuero Provincial como en el Federal.
Dudas por obras
La Cámara de Diputados de Entre Ríos votó el pasado 10 de diciembre una resolución para que se inspeccionen las obras de Iberpapel en el humedal, que posee 7.000 hectáreas de eucapiltus en la zona. Los vecinos no saben si la intención es plantar más árboles o se trata de un proyecto urbanístico. En ese ecosistema hay más de 40 especies de mamíferos y unas 400 especies de aves.