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Las investigaciones en torno a las "compras fantasmas" en la Armada volverá a ser analizada por el Parlamento el martes, cuando el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, concurra a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.

Rosadilla está citado para analizar con los diputados el presupuesto de las Fuerzas Armadas, la situación salarial de los soldados y los acuerdos de cooperación militar con otros países.

El diputado blanco Javier García (Alianza Nacional) dijo a El País que se aprovechará la presencia del ministro para preguntarle sobre los últimos informes sobre la investigación por las irregularidades en la Armada.

La semana pasada, en la Comisión de Defensa del Senado, Rosadilla dijo que una de las investigaciones administrativas estaba terminada, pero no informó de ella porque todavía no la había analizado.

"Mientras se habla de una operación de millones de dólares, en el mismo organismo hay soldados que deben vivir en la extrema pobreza", dijo García.

A nivel judicial, la jueza Graciela Gatti y la fiscal Mónica Ferrero interrogaron ayer al ex comandante en jefe de la Armada, Juan Fernández Maggio, y otros oficiales de menor rango.

Fernández Maggio concurrió acompañado de su abogado Amadeo Ottati.

Entre miércoles y viernes habían declarado varios oficiales, en su mayoría capitanes de navío.

Gatti y Ferrero indagan una presunta red de compras irregulares en la Armada. Por ahora, la investigación se centra en la adquisición de una grúa hidráulica y un banco de pruebas para motores por un total de US$ 600 mil. Ambos implementos figuran como adquiridos, pero no pudieron ser ubicados en ninguna dependencia de la Armada.

El ministro Rosadilla separó del cargo a cuatro capitanes de navío. Al menos dos de ellos -uno estuvo vinculado al área contable en la comandancia de Fernández Maggio y el otro, hasta la decisión de Rosadilla, ejercía funciones en el exterior- aparecen sumamente comprometidos en la maniobra.

Según supo El País, la jueza y la fiscal cuentan con elementos que permiten deducir que las dos empresas extranjeras a las cuales se realizaron las compras de la grúa hidráulica por US$ 200 mil y el banco de prueba para motores por US$ 400 mil no existen.

En un caso, la compra fue registrada a nombre de una firma argentina que si bien es real, los datos aportados para el negocio "están cambiados". En tanto, la otra firma, de supuesto origen alemán, "no existe en ninguna parte del mundo", dijo una fuente del caso.

En los últimos días también declaró un civil vinculado a una empresa proveedora de la Armada que cobró un cheque a la fuerza de mar, pero luego entregó el dinero a dos oficiales.

El lunes 26, Rosadilla adelantó en el Parlamento parte del informe oficial que la Armada elaboró sobre este incidente. Rosadilla dijo que en base a la investigación interna de la fuerza hay "muchísimos" oficiales navales, varios servicios y organismos de la Armada y "numerosos" civiles que estarían involucrados en las maniobras.

"Estamos ante una maniobra absolutamente artificial para apropiarse de fondos frescos inventando una operación de compra que nunca existió", declaró ese día el ministro, lo cual surge ahora respaldado por las actuaciones a cargo de la jueza Gatti.

Rosadilla envió parte de las actuaciones a la Dirección General Impositiva, dado que la investigación constató que "varias empresas" que se presentaron a licitaciones en las Fuerzas Armadas emitieron boletas sin pagar tributos legales.

La semana pasada, el actual jefe de la Armada, Óscar Debali, informó a decenas de oficiales que en caso de probarse el ilícito hará caer sobre los responsables "todo el peso" de las normas internas porque su intención es "sanear" a la institución.

Incluso, Debali adelantó que puso su cargo a disposición del presidente José Mujica, quien lo ratificó en el comando naval.