Armada: gobierno reveló una red delictiva de oficiales y empresarios

27/07/2010, 00:49

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DANIEL ISGLEAS

Quedó en evidencia la connivencia entre militares de la Armada y empresarios proveedores de las Fuerzas Armadas, quienes formaban una organización defraudadora. Los delató un "colaborador" de la Justicia.

Empresas "fantasmas" que hacían compras "fantasmas", para lo cual emitían documentos falsificados y configuraban evasión impositiva, son parte de la arquitectura con que se movía dentro de la Armada, entre 2006 y 2009, una organización ilícita formada por marinos en actividad y civiles, y que dio beneficios por millones de dólares.

Para evolucionar en sus acciones, las maniobras de esta organización que operaba dentro del Estado Mayor naval eran "perfectas" a un grado tal que pasaron todos los controles legales, incluso los del delegado del Tribunal de Cuentas en el Comando naval.

La información forma parte del resultado de una investigación administrativa ordenada por el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, y que ayer brindó a los miembros de las comisiones de Defensa del Senado y Diputados.

El ministro Rosadilla tiene el apoyo político de todos los partidos, que comparten su idea de sanear a la Armada.

La actividad de esta organización comenzó a quedar expuesta cuando al juzgado de crimen organizado a cargo de la jueza Graciela Gatti llegó una denuncia relatando parte de la operación.

Algunos senadores admitieron a El País que saben que la persona que presentó esta denuncia, en realidad, podría estar considerada bajo la figura del "colaborador", que actualmente existe en la ley vigente para definir a quien presta colaboración voluntaria a la Justicia a cambio de una posible reducción de su pena.

EMPRESARIOS. El aporte hecho por el ministro a los legisladores dejó en evidencia la connivencia con fines delictivos entre varios marinos y, al menos, tres empresarios privados proveedores habituales de las Fuerzas Armadas.

Según se explicó en la comisión, uno de esos empresarios es Eduardo Coronel, oficial retirado del Ejército, y que estuvo involucrado en la más reciente venta de fusiles al Ejército, operación concretada en 2007.

Ese año llegó al Ministerio de Defensa una denuncia anónima donde se menciona a este mismo empresario como adjudicatario -en forma irregular- de obras de reforma y construcción de varias unidades militares, entre ellas la construcción de la cárcel de Paso de la Arena donde están alojados los militares procesados por delitos contra los derechos humanos; y también en reformas a la ex Escuela de Inteligencia del Ejército, edificio ubicado en Eduardo Víctor Haedo (ex Dante) y República.

TRES CARPETAS. Según explicó el ministro Rosadilla en la comisión, la actividad de esta organización surgió -hasta donde se tiene información- en el año 2006.

Como Naciones Unidas remitía los fondos a nombre de cada fuerza, los que eran administrados por sus comandantes en jefe, en los años subsiguientes siguieron transcurriendo las maniobras sin control ninguno.

De ahí que a nivel judicial se haya puesto el acento en los almirantes retirados Tabaré Daners y Juan Fernández Maggio, que fueron comandantes de la Armada entre 2006 y 2009, el período en que se cometieron las irregularidades.

LAS CUENTAS. En 2009, el entonces ministro José Bayardi decidió investigar administrativamente el manejo de los fondos de ONU. Como resultado, del manejo en la Armada surgieron tres líneas de acción a profundizar en la Justicia: la existencia de una cuenta en el Dresdner Bank de Alemania; las supuestas compras por unos US$ 600.000 de un banco de prueba de motores y una grúa; y el uso de US$ 1,5 millones en supuestas compras por parte de empresas inexistentes.

En el Ejército, esta investigación arrojó que el manejo, si bien no era del todo ajustado a las disposiciones administrativas, no ameritaba el pase a la Justicia; y en la Fuerza Aérea la investigación no terminó.

Jurídica del Ministerio de Defensa entendía que lo de la Armada no constituía delito pero el ex ministro Bayardi envió todo a la Justicia.

El caso de la investigación en el Ejército sobre los fondos de ONU fue cerrado por Gonzalo Fernández en 2009, cuando era ministro de Defensa.

En el Ministerio, además del manejo de la cuenta controlada por el Tribunal de Cuentas y por la Auditoría Interna de la Nación, se detectó una operación por la que se habría trasladado dinero a otra cuenta en el Dresdner Bank, donde la Armada recibía fondos de ONU y que no está controlada.

Rosadilla dijo que tiene la carpeta con esa investigación sobre su escritorio, y que como es un tema delicado y complejo, y que podría involucrar a ex jerarcas ministeriales, llamó a abogados especializados en lavado de dinero y crimen organizado para no "fallar" cuando tome decisiones.

DGI investiga evasión impositiva

En relación con el manejo de las carpetas con investigación sobre los fondos de Naciones Unidas por parte de la Armada, el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, dio otra noticia a los legisladores: envió parte de las actuaciones a la Dirección General Impositiva (DGI), dado que hay "varias empresas" que se presentaron a licitaciones en las Fuerzas Armadas que emitieron boletas sin pagar tributos legales. Se trata de empresas formales que vendían a las Fuerzas Armadas no facturando con boleta.

"Esas empresas están claramente en situación de evasión impositiva", precisó ayer el ministro en la comisión.

La DGI ahora deberá definir si esas actuaciones deben ser enviadas a la Justicia.

Lo que la Justicia investiga

Una de las irregularidades que investiga la Justicia radica en la utilización de dinero procedente de Naciones Unidas por la participación de Uruguay en misiones de paz, en la compra directa de distintos insumos relativos a la actividad de la Armada, sobre los cuales no se ha podido constatar su existencia en los inventarios oficiales.

Dos capitanes ahora separados del cargo retiraron US$ 600.000 del Banco República para la supuesta compra de un banco de prueba de motores y una grúa para el Servicio de Aprovisionamiento (Serap) de la Armada. Por disposición judicial, la Policía inspeccionó el lugar y no halló ese material.

Ya ha declarado por este tema el almirante retirado Juan Fernández Maggio y ahora lo hará otro ex comandante, el almirante retirado Tabaré Daners. Ambos fueron jefes de la Armada en el período 2006-2009, que es cuando se constataron las irregularidades.

Otro elemento que aún no se decidió si se envía a la Justicia, dada la complejidad del mismo, es el manejo de una cuenta bancaria del Ministerio de Defensa cuyos montos eran destinados a pagar los alquileres de las viviendas de los agregados militares en el exterior. Hay un dinero que no se sabe qué ocurrió con él, como tampoco por qué se traspasó de una cuenta controlada por la Auditoría General de la Nación (AGN) a otra cuenta bancaria sin control.