El banco podría ahorrarse US$ 100 millones al año en licencias médicas.
El Banco de Previsión Social (BPS) podría ahorrarse US$ 100 millones en pago de subsidios por enfermedad si se incrementaran los controles, según surge de un trabajo técnico elaborado por el experto en seguridad social Alberto Sayagués Laso.
El informe, que fue manejado por la representante de los empresarios en el organismo, Elvira Domínguez, al comparecer esta semana en la comisión de Seguridad Social de Diputados, que fueron convocados por el diputado nacionalista Pablo Abdala, sostiene que en Montevideo "habría 148.233 ausencias por motivos de salud en exceso no explicadas".
El estudio, que manejó datos de 2014, sostiene que la tasa de subsidios paga en Montevideo dista ampliamente de la del interior, y "como no hay razones para sostener que haya tantos más enfermos en Montevideo que en el interior, es posible considerar que el diferencial de tasas analizado" que da 51,2% para Montevideo y 29,1% para el interior "nos presenta un número de 148.233 subsidios" al año, "que exceden la tendencia del interior y que no tienen una explicación por el lado del salario real, de los topes de BPC o del número de afiliados".
Así, el estudio plantea que si esas 148.000 ausencias tuviesen una duración promedio de 15 días, con un valor de subsidio de $ 4.233 —tomando en cuenta el panorama de 2014 sobre el que se basaron las certificaciones— "estaríamos hablando de US$ 27 millones en exceso", pero "si ese número de subsidios en exceso no explicados fuesen de 30 días estaríamos hablando de US$ 54 millones".
Según Domínguez "estas son hipótesis de mínima, sin tomar el aumento del valor de la BPC ni ningún aumento, lo que está explicado por nuevas disposiciones", por lo que "si agregásemos todo esto, estaríamos llegando a los US$ 100 millones".
Para dimensionar la cifra, en 2015 el BPS pagó más de $ 4.200 millones, o sea más de US$ 150 millones en certificaciones. Durante el 2014 el BPS pagó US$ 149 millones por subsidios por enfermedad y complemento de accidentes de trabajo a 441.736 empleados, mientras que en 2013 fueron US$ 123,5 millones a 429.572 personas.
Domínguez considera que la diferencia en la cantidad de certificaciones en Montevideo respecto del interior se da porque fuera de la capital existe una especie de "control social" porque "todo el mundo se conoce" y, entonces, "si uno no va a trabajar es fácilmente detectable por el resto de los ciudadanos, lo que no ocurre en Montevideo".
El exceso de certificaciones médicas es de preocupación del gobierno que ya instaló una comisión entre los ministerios de Economía y de Trabajo, y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para buscar una solución. El BPS paga subsidio a partir del cuarto día de certificación. Pero un dato no menor es que apenas un 18,3% de las certificaciones son menores a tres días, según planteó en la comisión el representante de los trabajadores en el BPS, Ramón Ruiz.
El punto clave es que en 2010 se dispuso un incremento gradual del tope de ingresos cubiertos por el BPS y cambios en los procedimientos de certificación de enfermedades, con lo cual el gasto en subsidios por enfermedad se duplicó entre 2010 y 2015. Pero a esto, según se ha inferido, se ha sumado cantidad de certificaciones que no corresponderían.
Entre 2010 y 2015 el BPS hizo 19 denuncias vinculadas a situaciones médicas. El presidente del organismo, Heber Galli, dijo que se trata de tres casos de falsificación de informes médicos, 13 casos de certificaciones médicas falsas a los efectos de presentarse a una junta para determinar una incapacidad, y tres casos más vinculados con servicios médicos falsos. Estas denuncias ya derivaron en tres procesamientos.
En uno de los casos El País detectó un médico que otorgaba certificados "truchos" por tres días a cambio de $ 300. Ese médico generó un perjuicio al BPS por US$ 550.000.
Domínguez relató que recientemente le llegó un expediente en el que una empresa denunció el caso de una trabajadora que entró y al día siguiente se certificó. "Todas las certificaciones fueron emitidas por un mismo médico que certificaba por ASSE, pero ese organismo informó que no es médico de esa administración. Del expediente surge que ese médico está jubilado y certificando al día de hoy", relató.
Según un estudio del BPS, el 42,3% de las certificaciones son por lapsos entre 11 y 30 días y entre los motivos más recurrentes están problemas óseos, intervenciones quirúrgicas, enfermedades relaciones con el trabajo y la gripe.
Escepticismo por las medidas de control.
El Banco de Previsión Social (BPS) implementó una serie de medidas para abatir el incremento de las certificaciones médicas. Sin embargo, la representante de los empresarios en el BPS, Elvira Domínguez, es pesimista en que esto represente un impacto en las finanzas del organismo como así lo pretende el Ministerio de Economía y Finanzas. "Prueba de ello es que para el presupuesto del año 2017 seguiremos manteniendo un incremento en las certificaciones médicas", dice. Es que el directorio del BPS anticipa que el próximo año registrará un déficit de US$ 568 millones, 46% mayor al verificado el año pasado, debido a la disminución en los ingresos en un contexto de desaceleración económica.
Entre las medidas implementadas figuran fiscalizaciones de historias clínicas en el interior, reuniones con las direcciones técnicas. A esto se suman controles domiciliarios de pacientes certificados para verificar que efectivamente estén padeciendo una dolencia. Según dejó constancia en la comisión la directora María del Rosario Oiz, se trata de 28 médicos de servicio en Montevideo y otros contratados para el interior. Oiz dejó en claro, no obstante, que ha habido algunas dificultades para "ubicar los domicilios de los pacientes, ya que no siempre están actualizados".
Por otra parte, otra medida tomada por el organismo fue dividir la gerencia de certificaciones médicas: una para llevar adelante la gestión del servicio y otra para investigar. También se hizo un acuerdo con el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) para analizar los tiempos de descanso necesarios para recuperarse de diferentes enfermedades y para generar talleres de formación a médicos sobre certificaciones.
Por último también se estableció un proceso de denuncia de las empresas respecto de trabajadores que no estarían enfermos o que no estarían cumpliendo con el reposo necesario para su recuperación.
EL AJUSTE QUE FALTA